"Informe EPU Panamá 2010" / "UPR Report Panama 2010"
Ciudad de Panamá, Panamá – Una coalición de catorce organizaciones ambientales y de derechos humanos denunció problemas graves para la protección de los derechos humanos, vinculados con afectaciones al ambiente en Panamá, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU). Las organizaciones formularon recomendaciones que deberían implementarse para atender esta situación.
“El gobierno panameño está promoviendo un aumento escalofriante en el número de grandes proyectos en el país sin respetar los derechos humanos o el ambiente, especialmente los derechos de las comunidades afectadas,” dijo Félix Wing, Director Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). CIAM y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) lideraron una coalición de 14 organizaciones de la sociedad civil en la presentación del informe.
El informe señala tendencias alarmantes que amenazan la protección del ambiente a tal punto que están agravando la situación de derechos humanos en el país. Dentro de los problemas más graves que se identificaron están la existencia de cientos de nuevas concesiones mineras, otorgadas o en trámite, que cubren el 35% del territorio panameño; el desarrollo de más de ochenta nuevos proyectos hidroeléctricos; y varios nuevos proyectos turísticos que afectarían los recursos hídricos y costeros del país.
“Nos preocupa especialmente la falta de aplicación de normas nacionales e internacionales obligatorias en la planeación y desarrollo de estos proyectos”, señala Astrid Puentes Riaño, co directora de AIDA. “De continuar esta situación, podrían violarse varios derechos humanos vinculados con el desplazamiento de poblaciones, la devastación irreversible del ambiente y el empeoramiento de la calidad de vida; con pérdidas económicas y sociales incalculables”.
Entre los mayores problemas presentados en Panamá, el informe destaca los impedimentos a la participación ciudadana y la falta de consulta a los pueblos indígenas y comunidades locales. Además, han surgido nuevas barreras legales para acceder a la información pública que impiden conocer los impactos reales de un proyecto. “La participación pública y el acceso a la información son derechos humanos esenciales para proteger a las personas y al ambiente”, aclaró Félix Wing de CIAM.
El informe también denuncia hostigamientos hacia defensores ambientales y el incumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya.
El próximo 23 de noviembre, el Estado panameño será objeto del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Durante el Examen se evaluará información sometida por organizaciones de la sociedad civil y por el gobierno y se plantearán recomendaciones para que Panamá mejore la protección de derechos humanos.
A través de estos esfuerzos, las organizaciones de la sociedad civil buscan aportar su experiencia directa respecto a las violaciones a derechos humanos, como parte del diagnóstico de la situación de Panamá frente a sus obligaciones internacionales en esta materia, con el objeto de lograr una protección más efectiva de los derechos humanos.
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR:
Félix Wing, Director Legal de CIAM, Tel. 236-0866/236-0868, [email protected]
Jacob Kopas, Asesor Legal de AIDA (Colombia), Tel. (+57-1) 338-1277, [email protected]
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Para bajar una copia del informe y más información:
http://www.aida-americas.org/sites/default/files/refDocuments/UPRjointsub_envhrgroups_Panama.pdf
El informe establece que, para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos en Panamá, particularmente los derechos a un ambiente sano, a la vida, la salud, la integridad y la participación pública, así como el acceso a la justicia y a la información, se hace necesario que el Estado:
- Reconozca efectivamente el derecho a un ambiente sano, de conformidad con los estándares internacionales;
- Adopte las recomendaciones anteriormente emitidas por órganos internacionales de derechos humanos;
- Ratifique el Convenio 169 de la OIT e incorpore la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación interna;
- Atienda las limitaciones al acceso a la justicia en casos de protección del derecho a un ambiente sano mediante modificaciones constitucionales y legales necesarias, la implementación de medidas para mejorar los tiempos y calidad de respuesta del sistema judicial, y la adopción de estándares proteccionistas de los derechos humanos, entre otros.
- Reconozca la importancia de la labor de las personas que defienden los derechos humanos e implemente medidas para garantizar la protección integral de sus derechos humanos;
- Elimine cualquier obstáculo a la participación pública y el acceso a la información en la práctica.
Las conclusiones de este informe fueron incluidas también en un documento presentado por otra decena de organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de distintos derechos humanos, que incluyó, además, el planteamiento de violaciones al derecho a la justicia, de los privados de libertad, de la mujer, a la no discriminación racial y al trabajo.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de todos los derechos humanos en todos los países del mundo. En el proceso, el Consejo de Derechos Humanos examinará información proporcionado por el Estado panameño, la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil.
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El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (http://www.ciampanama.org) es una organización no gubernamental que defiende activamente los invaluables recursos naturales de Panamá ante las graves amenazas que representan las actividades incompatibles con el desarrollo sostenible. Su misión es promover la protección del ambiente, motivando la participación ciudadana, a través de la difusión del conocimiento, la construcción de redes, y la rendición de cuentas, para incidir en las decisiones y políticas relevantes.
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) (http://www.aida-americas.org) es una organización de carácter hemisférico que trabaja con organizaciones no gubernamentales de derecho ambiental de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, cuya misión es fortalecer la capacidad de las personas para garantizar su derecho individual y colectivo a un ambiente sano por medio del desarrollo, aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional.