Durante su décima reunión, realizada en Songdo, Corea del Sur, y en un proceso poco transparente, la Junta Directiva del Fondo Verde Climático acreditó a 13 entidades para el manejo del financiamiento que el Fondo otorgará para actividades de adaptación y mitigación del cambio climático.
La Junta acreditó a las entidades en paquete, sin hacer un análisis debido caso por caso. Y lo hizo sin tener en cuenta que algunas de ellas habían sido penalizadas por financiar terrorismo y lavado de dinero, y que su cartera principal de financiamiento son los combustibles fósiles. Tampoco consideró que algunas de ellas no demostraron capacidad suficiente para manejar proyectos de cambio climático de alto riesgo que pueden conllevar impactos sociales y ambientales irreversibles, y que no cumplen con estándares fiduciarios internacionales para manejar ese tipo de actividades.
“Estamos decepcionados al ver que el Fondo Verde Climático muestra un comportamiento orientado a los negocios, nada diferente a otros organismos financieros; ello no ayuda a que el Fondo contribuya a un cambio paradigmático y brinde mayor acceso a recursos a los actores locales”, dice Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA y observadora de la sociedad civil durante las reuniones de la Junta Directiva del Fondo.
El proceso de toma de decisiones para la acreditación de las 13 entidades no fue transparente ya que no se conocieron los nombres de los candidatos sino hasta que la decisión fue tomada. Pese a ello, las organizaciones de la sociedad civil lograron obtener información para identificar los antecedentes inadecuados de algunas de las entidades que buscaban ser acreditadas y solicitaron a la Junta decidir caso por caso. Pidieron además que la Junta evalúe la existencia de evidencia suficiente sobre la capacidad de estas instituciones para el manejo de proyectos de alto riesgo, y asegure que sólo las mejores entidades sean acreditadas.
Sin embargo, la Junta optó por tomar una decisión apresurada. Revisó las propuestas en una Sesión Ejecutiva, es decir secreta, y acreditó a las 13 entidades en conjunto sin considerar sus antecedentes problemáticos. “Al actuar de ese modo, la Junta pone en riesgo la reputación, credibilidad y legitimidad del Fondo Verde”, señala Rodríguez.
La Junta Directiva debe asegurar que las entidades que buscan acreditación cumplan con todos los estándares requeridos para acceder a los recursos del Fondo. De ello depende también que países en desarrollo accedan al financiamiento necesario para implementar acciones frente a los daños cada vez más severos del cambio climático. Y es vital también que la Junta garantice procesos transparentes de toma de decisión.