Hacemos un llamado al Presidente electo para que cualquier evaluación y decisión sobre La Oroya tome en cuenta los derechos de la población afectada por la contaminación.

La Oroya, Perú. Ante las declaraciones públicas del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, quien el 6 de julio pasado visitó el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y anunció a sus trabajadores que era necesario lograr que el próximo Congreso de la República apruebe una ley que prorrogue por un año más la liquidación en marcha del Complejo. Con ello, dijo, se daría la oportunidad para que con inversionistas se termine el circuito de cobre. Pidió además a los trabajadores y a la población de La Oroya respaldar la propuesta marchando hacia Congreso.

Al respecto, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) expresamos lo siguiente:

1. La ciudad de La Oroya merece la atención plena de todos los niveles y sectores de gobierno para resolver de manera integral, especializada y sostenible las demandas de la población que en diferentes momentos de su historia ha sufrido y continúa sufriendo vulneraciones a sus derechos humanos como la vida, la integridad, la salud, el trabajo y el ambiente sano.
2. En cuanto al derecho al trabajo, La Oroya requiere una evaluación de fondo que permita al Estado proponer e implementar acciones no solo paliativas, sino que garanticen trabajo digno y duradero para sostener condiciones de vida adecuadas para la población.
3. Ninguna medida resuelve el problema de fondo si no contempla garantizar la salud pública en La Oroya. En ese sentido, nos permitimos recordarle al Presidente electo que desde 2007 un grupo de pobladores de La Oroya es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar su vida e integridad personal ante las afectaciones a su salud derivadas de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua. En mayo de 2016, la CIDH amplió las medidas cautelares a nuevos beneficiarios. En su resolución de ampliación, resaltó que las daños a la salud de los beneficiarios se ven exacerbadas debido a la falta de atención médica integral por parte del Estado. Asimismo, le recordamos que la CIDH tiene bajo su conocimiento un caso en el que se alega la responsabilidad del Estado peruano por la violación, entre otros, de los derechos a la salud, la integridad y la vida de dichos pobladores, entre ellos los derechos de niños y niñas, por la falta de control de la contaminación en La Oroya y las omisiones en la prestación de atención médica a los afectados.

En este contexto, hacemos un llamado al Presidente electo para que cualquier evaluación y decisión sobre La Oroya tome en cuenta los derechos de la población afectada por la contaminación. Ello debe hacerse con responsabilidad y con una visión integral que implique garantizar la vida, la integridad, la salud, el trabajo y el ambiente sano. Es inconcebible anteponer el desarrollo de cualquier actividad económica a la salud de las personas. El gobierno entrante tiene el reto de brindar una solución integral y sostenible a La Oroya, con pleno respeto sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y ambiente.