Para português, clique aqui

A cuatro años de presentada la petición por organizaciones de la sociedad civil, el organismo internacional decidió abrir el caso a trámite y pedir una respuesta del Estado brasileño a las denuncias por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto hidroeléctrico cuya construcción avanza en la Amazonía.

Washington D.C., Estados Unidos. Mientras el llenado de los reservorios de la represa Belo Monte en Brasil ha comenzado, ese país está en la mira de organismos internacionales. El 21 de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio al caso presentado contra Brasil por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), en representación de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico. 

Luego de una revisión inicial que duró cuatro años y varias solicitudes de trámite rápido por parte de las organizaciones peticionarias, la Comisión resolvió finalmente que la petición contenía las bases suficientes para abrir el caso a trámite, lo cual implica que Brasil debe dar una respuesta a los reclamos por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto Belo Monte.

“Esperamos y consideramos que ya es hora que Brasil responda integralmente a nuestros reclamos sobre la ausencia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas; la falta de participación y de estudios de impacto ambiental adecuados; y el desplazamiento forzado y violaciones a los derechos a la vida, integridad, salud y justicia de las comunidades indígenas, ribereñas y moradores de la ciudad de Altamira”, señaló María José Veramendi Villa, abogada de AIDA.

Con esa respuesta, la Comisión determinará si se cumplen los requisitos para admitir el caso y, de ser así, establecerá luego si se produjeron o no las violaciones de derechos humanos alegadas por los peticionarios. 

"La apertura del caso es, antes que nada, una victoria de las poblaciones afectadas y los movimientos sociales involucrados, quienes han resistido todos estos años y permanecen firmes y determinados en su búsqueda por justicia y reparación” dijo Raphaela Lopes de Justiça Global.

En noviembre del año pasado, el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual permitió que su llenado comience. Lo hizo pese a que Norte Energía, empresa cargo del proyecto, no cumplió las condiciones necesarias (agua potable, saneamiento y otras) para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada.

Con la apertura del caso a trámite, la CIDH está utilizando todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento a la situación de Belo Monte. Las comunidades indígenas afectadas por la represa están protegidas por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión y que el Estado brasileño aún no cumple.

A inicios de diciembre del año pasado, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas visitó la ciudad de Altamira, la más cercana a la construcción de la represa y una de las zonas más afectadas por el desplazamiento y los conflictos socioambientales provocados por la construcción de la hidroeléctrica. Allí se reunió con algunos de los grupos afectados, entre ellos miembros de comunidades ribereñas y pueblos indígenas, escuchando sus reclamos. Tras su visita, el Grupo emitió un pronunciamiento en el que, entre otras cosas, exhortó al Gobierno de Brasil a respetar los derechos humanos y a no sacrificarlos a expensas del desarrollo económico.

El Grupo debe presentar su informe final de la visita al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2016. Esperamos que haga un seguimiento adecuado a su visita y que el informe sea contundente y explícito respecto de la violaciones de derechos humanos en torno a Belo Monte y el accionar del Estado brasileño y las empresas involucradas.

Las organizaciones que representan a las víctimas continuaremos trabajando para que Brasil responda por las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la hidroeléctrica.