Pronunciamiento de AIDA sobre la situación en Ecuador

15 October 2019

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente ve como positivo el diálogo iniciado entre el gobierno nacional de Ecuador y el movimiento indígena de ese país, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del conflicto desencadenado por la emisión del decreto 883 que eliminó los subsidios al diésel y la gasolina.

En un contexto de emergencia climática mundial, es necesario eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y cualquier otra distorsión del mercado que promueva su continua explotación y uso. Sin embargo, ninguna medida será exitosa si no se hace en absoluta conciencia de los impactos que implica para los segmentos más vulnerables de la población, afectados directamente por el alza de los precios del transporte y de los bienes de consumo.

Por tanto, la transición energética debe ser progresiva y respetuosa de los derechos humanos. Solo así caminaremos hacia una verdadera justicia climática.

Medidas como las adoptadas en ese país deben además estar enmarcadas en una planificación adecuada, orientada a transitar hacia una economía baja en carbono, así como a reducir la dependencia del petróleo, la minería a gran escala y otros sectores que contribuyen a la crisis climática.

AIDA resalta el compromiso de gobierno y movimiento indígena para elaborar un nuevo decreto de manera conjunta y participativa. El conflicto reciente en el país evidencia la necesidad de fortalecer el Estado plurinacional y pluricultural, donde las decisiones sean discutidas y consensuadas con los pueblos indígenas y con todos los actores nacionales.

Ecuador tiene ahora la oportunidad de sentar un precedente clave a nivel mundial, diseñando políticas integrales que apoyen el cumplimiento de sus compromisos climáticos y que al mismo tiempo respeten y protejan a las personas, en especial a grupos en situación de vulnerabilidad.

Esperamos que el diálogo sea exitoso y sea ejemplo de una construcción colectiva de soluciones climáticas que asegure la participación, el respeto de los derechos humanos, la equidad de género y, en suma, el bienestar de las generaciones presentes y futuras.


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