Ante el brutal crimen cometido el 22 de marzo contra una coordinadora del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente, abajo firmantes, hacen un llamado a las autoridades brasileñas y a los organismos multilaterales para garantizar que las obligaciones del Estado relativas a la protección de defensores y defensoras sean implementadas.

Con profunda tristeza e indignación, recibimos la noticia de que Dilma Ferreira Silva, coordinadora regional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), juntamente con su esposo Claudionor Costa da Silva y Hilton Lopes, un amigo de la familia, fueron asesinados el viernes 22 de marzo en el estado amazónico de Pará (Brasil). Las tres personas fueron encontradas en su casa con signos de tortura.

Dilma Ferreira Silva era una destacada activista y reconocida líder que, durante más de tres décadas, luchó por los derechos de las personas afectadas por Tucuruí, una gran hidroeléctrica construida en el río Tocantins de la Amazonía brasileña durante la dictadura militar, que provocó el desplazamiento de 32 mil personas y graves daños ambientales. Este no es el primer caso de un brutal asesinato perpetrado contra una persona defensora de los derechos humanos en la región de la represa de Tucuruí. En abril de 2009, Raimundo Nonato do Carmo, un dirigente sindical que luchó en nombre de aquellos cuyas vidas fueron arruinadas por la represa de Tucuruí, fue asesinado cuando salía de un supermercado en la calle donde vivía, en el pueblo de Tucuruí, por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que le profirieron siete disparos.

Dilma dedicó su vida a promover una política nacional que tuviera en cuenta los derechos de las y los afectados por represas, incluyendo un enfoque de género para las mujeres afectadas.

Dilma vivía en el asentamiento Salvador Allende, área regularizada en 2012 por el gobierno federal para agricultores familiares como fruto de la movilización del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierras (MST) con apoyo del MAB. Sin embargo, la zona era objeto de interés económico para ganaderos y especuladores que invaden las tierras comunales. Es el caso de Fernando Ferreira Rosa Filho “Fernandinho”, arrestado por la Policía Civil de Pará y encarcelado como el principal sospecho de encomendar el asesinato de Dilma Ferreira, Claudionor Costa da Silva y Hilton Lopes.

El asesinato de Dilma Ferreira Silva evidencia la grave situación en que se encuentran las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Brasil, que en 2017 fue el país con mayor número de muertes de personas defensoras, registrándose un asesinato cada seis días. 

La nueva administración del presidente Jair Bolsonaro ha intensificado los intentos de minar la legislación progresiva brasileña sobre la protección ambiental y las garantías de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, quilombolas (descendientes de esclavos africanos), campesinos y otras poblaciones tradicionales. Estos intentos han entrado en conflicto con la propia Constitución Federal de Brasil, aprobada en 1988 durante un periodo de redemocratización después de la dictadura militar. Retroceder en las políticas públicas, junto con declaraciones públicas que incitan a la violencia en áreas conflictivas, está incrementando seriamente los riesgos que enfrentan los defensores y defensoras del ambiente y de los derechos humanos como Dilma Ferreira Silva.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con la familia de Dilma y con el Movimiento de Afectados por Represas. Sin duda, su asesinato es una pérdida enorme para la defensa del ambiente y los derechos humanos en la Amazonía.

Apoyamos al Concejo de Derechos Humanos de la ONU en su exigencia de investigaciones completas, independientes e imparciales del asesinato de Dilma Ferreira Silva, así como del castigo ejemplar de los autores materiales e intelectuales de este crimen.

Además, hacemos un llamado a las autoridades brasileñas para garantizar que se cumplan las obligaciones nacionales e internacionales del país respecto de la protección de los derechos humanos y de las personas defensoras del ambiente, incluyendo mecanismos preventivos para evitar más actos de violencia.

Firmantes: