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21 de noviembre de 2005
Solicitan Medidas Cautelares ante CIDH para Enfrentar Crisis de Salud Publica en La Oroya, Peru
Estudio de Marzo, 2005 encontró que el 99 por ciento de los niños en la ciudad están contaminados con plomo.
SAN JOSÉ, COSTA RICA – La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y el Ambiente (CEDHA), en representación de un grupo de ciudadanos de La Oroya solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar acciones inmediatas para proteger el derecho a la vida y la salud de los residentes de La Oroya, Perú.
Los habitantes de La Oroya están siendo seriamente afectados debido a la grave contaminación generada por la operación de un complejo metalúrgico. En concreto, las organizaciones solicitaron a la Comisión que ordenara al Estado Peruano:
- Proveer diagnóstico y atención médica adecuados a los habitantes de La Oroya
- Implementar programas de educación y salud
- Asegurar una apropiada evaluación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Manejo Ambiental” propuesto por la empresa
- Controlar efectivamente las emisiones atmosféricas del complejo
- Evaluar los niveles de contaminación en las casas
- Tomar medidas adicionales para asegurar que los niveles de plomo en sangre de los residentes de La Oroya cumplen con los estándares internacionales de salud.
La urgencia de las medidas solicitadas en la ciudad andina de La Oroya, 175 kms. al este de Lima, se fundamenta en los elevados índices de contaminación que el complejo metalúrgico genera, particularmente por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre.
Desde 1999 el Estado Peruano ha comprobado que casi la totalidad de los niños que habitan en los alrededores del complejo sufren de intoxicación con plomo, sin que se hayan implementado las medidas necesarias para remediar esta situación. El estudio más reciente, marzo del 2005, evidencia nuevamente que el 99 por ciento de los niños y niñas evaluados tienen niveles de plomo en sangre por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial para la Salud, OMS, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y las normas peruanas.
“Buscamos disminuir los altos niveles de plomo y otros contaminantes como cadmio, arsénico y dióxido de azufre en la ciudad, debido a que esto genera graves problemas de salud pública, incluyendo altos índices de enfermedades respiratorias como asma y bronquitis,” afirmó Martin Wagner, abogado de Earthjustice.
De acuerdo con Romina Picolotti de CEDHA, “en lugar de proteger la salud de los habitantes, el Estado Peruano ha dilatado las medidas a implementar para el control de la contaminación y no ha exigido el cumplimiento de las normas ambientales y de protección de la salud pública”. “Esta omisión ha aumentado el riesgo para la salud, la vida y la integridad de los habitantes de La Oroya”, agregó Fernanda Doz Costas, abogada de CEDHA.
En abril del 2005 el poder judicial ordenó también la implementación de medidas de protección, que fueron apeladas por el Estado Peruano, razón por la cual hasta el momento no se han cumplido.
“No hay duda que los daños severos causados por la contaminación en La Oroya violan los derechos humanos fundamentales de sus residentes”, dijo Martin Wagner, abogado de Earthjustice. “La intervención de la Comisión Interamericana podría proteger a miles de niños y niñas y otras víctimas de daños futuros”.
CONTACTOS:
Carlos Chirinos, +511-4222720 ([email protected])
Romina Picolotti, CEDHA +54 (351) 425-6278 ([email protected])
Astrid Puentes, AIDA +52 (55) 5212-0141 ([email protected])
Martin Wagner, Earthjustice +1 (510) 550-6700 ([email protected])