La decisión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una oportunidad importante para reestablecer los derechos de las personas afectadas. Es la primera vez que un caso de contaminación del aire causado por actividades empresariales en un contexto urbano es llevado a la Corte.
La Oroya, Perú. Las personas afectadas por contaminación ambiental en la ciudad de La Oroya, y las organizaciones que las representan legalmente, celebran que —luego de más de 15 años de iniciado el proceso— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya presentado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la afectación y violación de los derechos a la vida, la integridad, la salud y al ambiente sano de las víctimas.
“Mis hermanas y yo sufrimos la exposición a metales pesados desde niñas, teniendo que migrar junto con nuestros padres a una zona alejada de la contaminación. Estamos muy sorprendidas de haber dado un paso más en este proceso tan largo en la cual estamos todos. Estamos muy contentas y con esperanza por una lucecita más que se prende en el camino. Tenemos la seguridad de que esto va a llegar a su fin para el bienestar de nuestra salud y para decir ‘Sí se pudo’ a pesar de tantas caídas”, dijo una de las víctimas, que mantienen su identidad en reserva por el riesgo a represalias por su rol como personas defensoras ambientales.
El caso tuvo su origen en una petición presentada en 2005 por un grupo de habitantes de La Oroya que, ante la ausencia de respuestas a nivel nacional, acudió a la Comisión para solicitar medidas cautelares y posteriormente denunciar la violación de sus derechos derivada de la exposición crónica a metales pesados (plomo, cadmio y arsénico) provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú.
Estas personas recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque a pesar de que el Tribunal Constitucional peruano dispuso en 2006 medidas urgentes para la protección de sus derechos, el Estado no las acató.
En un comunicado oficial sobre su decisión, adoptada el 30 de septiembre pasado, la Comisión resaltó que “el Estado no cumplió con la debida diligencia sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas respecto de los derechos que pudieran afectar, ni con su deber de prevenir vulneraciones a los mismos”.
“Estamos felices por la noticia, tantos años de espera, de frustración y temor. Por fin estamos en lo último. Es una alegría para todos los que están presentes y para quienes se han ido. Agradecemos también al grupo de peticionarios y peticionarias que han seguido a pesar de todo”, dijo una madre de familia cuyos padres y hermanos también fueron afectados por la contaminación.
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), representantes de las personas afectadas en el caso, saludan la decisión de la Comisión pues pone fin a varios años de espera y constituye una gran oportunidad para restablecer los derechos de las personas afectadas.
“Es un hito para el Sistema Interamericano porque es el primer caso que documenta una situación de contaminación ambiental, particularmente de contaminación del aire, causada por operaciones empresariales en un contexto urbano”, afirmó Liliana Avila, Abogada Sénior del Programa de Derechos Humanos de AIDA.
Para Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de APRODEH, “este caso también permitiría a la Corte avanzar el contenido de las obligaciones estatales respecto a la especial protección de poblaciones que puedan estar en particular situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad; y abordar la responsabilidad estatal, las obligaciones derivadas del derecho al ambiente sano como derecho autónomo, y su interdependencia con otros derechos fundamentales para la existencia humana como la salud, la vida y la integridad personal, así como derechos de acceso como la información, la asociación y el acceso a la justicia”.
La contaminación que han sufrido los y las habitantes de La Oroya —muchos de ellos/as menores de edad—, particularmente quienes acudieron a la Comisión, generó graves efectos negativos en su salud con secuelas que se mantienen al día de hoy. Si bien el complejo metalúrgico ha contado con instrumentos de gestión ambiental, dados los requerimientos legales a nivel nacional destinados a la mitigación y remediación de la contaminación causada, el Estado ha concedido prórrogas para su implementación sin que Doe Run Perú cumpla a cabalidad sus obligaciones.
“A mí me afectó mucho perder a mis seres queridos por no tener una atención adecuada en salud que no permita que las enfermedades avancen hasta que llegue la muerte. Hemos perdido a muchos. Queremos que cuando vayamos al médico nos atiendan bien. He perdido a mis hermanas y a mi padre por la contaminación. Todos estamos afectados. Me acuerdo que de niña me salían manchas por el arsénico”, dijo una de las pobladoras de La Oroya, afectada desde que era menor de edad y que tuvo que migrar a Lima junto a su madre. Solicita a la Corte que, al conocer el caso y las afectaciones, se enfoque en el sistema de salud de Perú.
En todos estos años, el Estado de Perú no cumplió con fiscalizar, regular y remediar los daños causados por el complejo metalúrgico. Sus acciones y omisiones comtinúan vulnerando los derechos humanos, en perjuicio de las familias de la Oroya.
Los miembros de la comunidad de La Oroya que defendieron su derecho a un ambiente sano han sido objeto además de hostigamientos y señalamientos. Al respecto, la CIDH concluyó que el Estado no realizó “investigaciones serias y efectivas de carácter penal o administrativo que garantizaran el acceso a la justicia a las víctimas que fueron objeto de amenazas, hostigamientos o represalias por parte de trabajadores de la empresa Doe Run Perú, a raíz de las denuncias realizadas a causa de la contaminación”.
AIDA y APRODEH expresan su satisfacción por la presentación del caso ante la Corte y reiteran su compromiso con las víctimas de La Oroya y con la defensa de los derechos humanos y del derecho a un ambiente sano.
Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107
Christian Huaylinos Camacuari (Perú), APRODEH, [email protected], +51959789232
