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Crisis de Salud Pública en La Oroya, Perú

Por poco menos de un siglo, una fundición ha arrojado nubes tóxicas llenas de metales pesados sobre la densamente poblada ciudad de La Oroya, en los Andes peruanos. Casi todos los habitantes de la ciudad tienen plomo y otros metales pesados envenenando sus cuerpos, y muchos otros sufren enfermedades respiratorias crónicas.

De cumplirse las normas de salud internacionalmente aceptadas, las personas de La Oroya recibiría atención médica inmediata e intensiva. Pero la mayoría no la recibe y los que sí, no tienen el cuidado adecuado. Debido a que el plomo inhibe el desarrollo del cerebro, los niños y niñas de La Oroya están en la situación más vulnerable y es probable que estén afectados de por vida.

AIDA se involucró con La Oroya en 1998 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes. Nuestra publicación de 2012, La Oroya No Puede Esperar, ayudó a poner en marcha la campaña internacional de largo alcance para salvar a La Oroya. Mediante difusión mediática y al brindar información legal y técnica, hemos instruido a entidades de gobierno y la comunidad afectada sobre la contaminación y los problemas de salud en la ciudad.

A pesar de los llamados a la acción de tribunales nacionales y autoridades internacionales, las partes responsables —incluyendo el Gobierno peruano, Doe Run Perú y su empresa matriz, Grupo Renco de Estados Unidos— no han estado dispuestas a responder enérgicamente ni con la urgencia apropiada.

Aunque se han logrado ciertas mejoras ambientales y un centro de salud brinda algo de asistencia a las personas afectadas a quienes representamos, todavía queda mucho por hacer.

¿Qué hace AIDA?: 

  • AIDA está usando el derecho internacional en su esfuerzo para obligar al gobierno a: controlar adecuadamente las operaciones de la fundición para limitar la exposición pública a los contaminantes llevados por el aire; asumir responsabilidad por las violaciones de derechos humanas causadas a las personas de La Oroya; y educar a sus habitantes sobre los riesgos sanitarios.
  • Desde 2005, AIDA ha representado a los habitantes de La Oroya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2007, en respuesta a nuestra solicitud, la Comisión otorgó medidas cautelares para evitar daños a la salud, integridad y vidas de las personas de La Oroya. En 2016, la Comisión amplió el alcance de las medidas cautelares a otros 14 moradores.
  • Junto con nuestros socios, actualizamos continuamente a la Comisión con evidencia de que el Gobierno peruano ha incumplido las medidas cautelares. Aún está pendiente una decisión de fondo en el caso. 
Foto: Giuliano Koren

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