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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi Al iniciar el descenso en avión hacia la ciudad de Altamira (Pará, Brasil), la oscuridad de la noche se interrumpe por las fuertes luces de los canteros, ubicados a pocos kilómetros de esa ciudad, y donde se realizan las obras de construcción de la represa Belo Monte. Desde ese momento, el panorama se torna desolador. En un reciente viaje a la zona pude constatar cómo la situación de los miles de residentes —indígenas, ribereños y habitantes de la ciudad de Altamira— continúa en deterioro. Sus comunidades y modos de vida están siendo irreversiblemente afectados y sus derechos humanos, sistemáticamente violados a causa de la construcción de la hidroeléctrica. Cuando la noche se vuelve día Desde el avión, las luces provenientes de los canteros son sólo destellos momentáneos. Pero para las comunidades indígenas y ribereñas cercanas a ellos, esas luces han significado un cambio radical en su forma de vida. El señor José Alexandre vive con su familia en Arroz Cru, comunidad ribereña ubicada en la margen izquierda (ribera o lado izquierdo de un río o arroyo) de la Volta Grande del río Xingú (municipio de Vitoria do Xingu), frente al cantero de obras Pimental. Su vida entera ha transcurrido en ese lugar, con la caza y pesca como actividades principales. Sin embargo, todo cambió desde que inició la construcción de la represa. La fuerza de las luces que iluminan el cantero es tal que ya no es posible pescar ni cazar como antes. Asustados por la luz y las explosiones, los animales no se asoman más. José Alexandre se ha visto obligado a vivir del trabajo agrícola de sus hijos: un giro radical en su modo de subsistencia. La noche, que antes era verdaderamente penumbra, ahora está permanentemente iluminada…Las estrellas ya no se ven igual. Pero eso no es todo. A medida que la construcción avance, la Volta Grande del río será cerrada con diques y con ello su caudal se reducirá drásticamente. José Alexandre tendrá entonces que dejar su hogar para reubicarse muy probablemente en una zona urbana. Aunque recibirá un pago por su tierra, ¿cuánto es suficiente?, ¿es posible compensar la pérdida de su hogar, vida y cultura? Ante la inminente salida de su territorio, José Alexandre vivió otro doloroso proceso: los cuerpos enterrados en el cementerio de la comunidad, entre ellos los de sus seres queridos, fueron exhumados hace algunas semanas para ser trasladados al cementerio de Altamira. Cuando los muertos ya no son nuestros El cementerio de la comunidad de Santo Antonio es ahora propiedad del Consorcio Constructor de Belo Monte (CCBM). El camposanto era lo único que quedaba de esa comunidad. Sus habitantes tuvieron que dejarla por estar enclavada entre los canteros de las obras. En el lugar se colocó un letrero con el siguiente texto: COMUNICADO Interdicción de Cementerio Norte Energía informa a los moradores de la Villa Santo Antonio y comunidades vecinas que el cementerio de la Villa Santo Antonio será restringido por la Prefectura de Vitória de Xingu a partir del 1 de enero de 2012, estando prohibido todo y cualquier entierro en el local. El entierro que sea necesario en el periodo de la interdicción y hasta la construcción del nuevo cementerio será realizado en el cementerio municipal de Altamira. Los fallecimientos que ocurran a partir de esa fecha deberán ser comunicados a Norte Energía a los teléfonos […] para las debidas providencias. El letrero, colocado en el tiempo en el que se estaba discutiendo el reasentamiento de la comunidad, parece una prohibición a morir. Ahora es posible ver en cada tumba una estaca de madera con las siglas de la represa y un número de registro a manera de inventario. Demás está decir que el proceso de reasentamiento e indemnización fue seriamente cuestionado, siendo los antiguos moradores de Santo Antonio los más perjudicados y cuyo modo de vida fue destruido. Cuando se pierde todo vínculo con el hogar Toda su vida se dedicó a pescar. Ahora sus días transcurren con bolsas de cemento de aproximadamente 50 kilos a cuestas y fuertes dolores de espalda. A raíz del inicio de obras de la represa Belo Monte, Élio se vio forzado a dejar su hogar en la comunidad de San Antonio y a mudarse a Altamira, donde ahora trabaja en la industria de la construcción para subsistir. En Altamira, Élio vive en casa de unos amigos, en un cuarto que le cedieron por caridad. Tras salir de Santo Antonio, su familia se separó y cada quien buscó sus propios medios de sustento. Élio ha perdido contacto con sus amigos y con el resto de su comunidad. Con profunda tristeza reconoce no saber dónde ni cómo viven. Son algunas de las miles de historias Como éstas hay miles de historias en torno a la construcción de Belo Monte. Son historias de muerte, destrucción y desplazamiento forzoso. Describen familias separadas, culturas y tradiciones pérdidas, tierras abandonadas; daños a la vida, a la salud y al ambiente; y la criminalización de defensores, movimientos sociales y víctimas. Narran la impunidad. Son el fiel reflejo de las violaciones de derechos humanos perpetradas por un Estado que supuestamente persigue el desarrollo, pero que lo hace a toda costa y, en particular, a costa de miles de vidas que jamás volverán a ser las mismas.
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En enero de 2009, la Corporación Muriel Mining se instaló en el departamento de Chocó, Colombia, para comenzar el proyecto Mandé Norte de exploración y explotación de cobre, oro, molibdeno y otros minerales. Lo hizo sin haber informado y consultado de manera adecuada a los grupos étnicos directamente afectados. La consulta no fue previa porque inició en 2006, un año después de que el contrato de concesión minera fuera adjudicado a la empresa. Además, varias de las comunidades afectadas no fueron invitadas al proceso y las que sí participaron del mismo no estaban representadas por las autoridades tradicionales. A pesar de la objeción manifestada por pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, la consulta se dio por concluida en agosto de 2008. Todo esto ocurrió en el difícil contexto del conflicto armado colombiano. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz interpuso una acción legal de tutela contra el proyecto minero y AIDA contribuyó a la misma con una intervención donde argumentó que sin una Evaluación de Impacto Ambiental que analizara impactos ambientales y sociales —como ocurrió con Mandé Norte—, las comunidades no tienen fundamentos para dar o negar su consentimiento a proyectos que les afecten, tal como exige el derecho internacional. Al pronunciarse sobre el caso, la Corte Constitucional de Colombia ordenó en la Sentencia T-769 de 2009 suspender las actividades de exploración y extracción, así como el otorgamiento de licencias en el marco del proyecto; rehacer la consulta previa para cumplir con los estándares internacionales y colombianos; y realizar estudios de impacto ambiental adecuados. AIDA elaboró una ficha resumen que facilita la comprensión de la sentencia. El fallo sentó un precedente clave al incorporar y reconocer, por primera vez y de forma específica, el derecho de los grupos étnicos al consentimiento libre, previo e informado. Fue un avance en el reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos en Colombia. El Ministerio del Interior y la compañía minera solicitaron la nulidad de la sentencia constitucional. AIDA intervino para defender el dictamen ante las solicitudes de nulidad. Así también lo hicieron la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, y las universidades Harvard y Diego Portales. Estas intervenciones rindieron fruto y, el 12 de marzo de 2012, la Corte Constitucional confirmó su decisión sobre Mandé Norte. De haberse concretado, el proyecto minero habría generado impactos ambientales y sociales en la biodiversa región del Chocó, entre ellos afectaciones a cultivos, animales, ríos y un lugar sagrado indígena: el cerro “Careperro”. Ello habría significado un impacto físico y cultural en los pueblos indígenas y la pérdida de las economías tradicionales, base del sustento de las comunidades del lugar. En AIDA trabajamos por el respeto al derecho al ambiente sano y a los derechos humanos de comunidades y grupos étnicos frente a poderosos intereses como los de la minería a gran escala.
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El artículo es una actualización y reedición de dos capítulos del informe Grandes Represas en América: ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?, elaborado por Jacob Kopas y Astrid Puentes Riaño. En el artículo se identifican "las principales obligaciones, estándares, decisiones y jurisprudencia internacional aplicable a las grandes hidroeléctricas, que nuestros Gobiernos deberían utilizar en la planeación, implementación, operación y cierre de estos proyectos". El artículo está dividido en dos partes. En el capítulo I presenta un panorama general de los principales estándares, el marco jurídico del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional ambiental, así como decisiones y jurisprudencia internacional aplicable a los casos de grandes represas. En el capítulo II se aplica dicho marco a los casos de violaciones de derechos humanos a causa de la degradación del ambiente a partir del desarrollo de una gran represa.
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