Los líderes del movimiento de defensa de los pueblos indígenas afectados por el proyecto en Nayarit llevan detenidos dos meses sin derecho a fianza; denuncian abuso de autoridad.
Leer másDurante su décima reunión, realizada en Songdo, Corea del Sur, y en un proceso poco transparente, la Junta Directiva del Fondo Verde Climático acreditó a 13 entidades para el manejo del financiamiento que el Fondo otorgará para actividades de adaptación y mitigación del cambio climático.
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Las condiciones para la protección de la salud, integridad y vida de la población afectada no se han cumplido. Organizaciones reiteran la vigencia de las medidas cautelares que la CIDH otorgó a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú.
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Respetuosamente nos dirigimos a Su Santidad como organizaciones que protegemos el ambiente y los derechos humanos en el continente americano, con ocasión de su próxima visita a Bolivia, que es aguardada con esperanza por el Gobierno y el pueblo bolivianos. Deseamos compartir con Su Santidad nuestra preocupación creciente sobre las severas limitaciones establecidas por el Gobierno al trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Bolivia. En especial respecto de las que defienden los derechos de la Madre Tierra y los derechos humanos. Celebramos el histórico esfuerzo de protección de nuestra Casa Común que significa la publicación de vuestra Carta Encíclica “Laudato si’”. Auguramos que su texto inspire e impulse cambios profundos en las políticas, prácticas y creencias de nuestros gobiernos, empresas, la sociedad civil y cada persona hacia un mundo más justo y realmente sostenible. Su Santidad, en la Carta Encíclica, ha ponderado el esfuerzo y aporte sustancial de las OSC de nuestro planeta para poner en la agenda pública los temas ambientales. Agradecemos profundamente este reconocimiento y deseamos que las OSC bolivianas también puedan seguir contribuyendo con su rol esencial en la promoción y cuidado de la Madre Tierra. Para ello es imprescindible que puedan ejercer plenamente su trabajo sin amenazas del Gobierno, incluso en situaciones en que puedan no estar de acuerdo. Como es de conocimiento de Su Santidad, Bolivia ha realizado aportes esenciales en el reconocimiento nacional e internacional de los derechos de la Madre Tierra. En 2009, el pueblo boliviano votó por mayoría absoluta su nueva Constitución que reconoció el derecho al ambiente sano y equilibrado de todas las personas; consolidó al ambiente como sujeto de derechos; y amparó los derechos de las futuras generaciones sobre el mismo. Asimismo, el Presidente Evo Morales ha promovido internacionalmente los derechos de la Madre Tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento internacional del derecho humano al agua. En 2010, el Presidente Morales manifestó que: “Ahora es más importante defender los derechos de la Madre Tierra que defender los derechos humanos, porque defendiendo los derechos de la Madre Tierra, defendemos los derechos humanos”[1]. Las organizaciones de la sociedad civil bolivianas, junto a las organizaciones indígenas y campesinas jugaron un rol trascendental para concretar este nuevo marco constitucional. No obstante, desde fines de 2011 la situación de éstas y su relación con el Gobierno se han deteriorado, en particular a partir de la decisión del Gobierno de construir una carretera a través de un Parque Nacional y Territorio Indígena (TIPNIS). Siendo que la mayoría de las comunidades indígenas de dicho territorio y muchas OSC de defensa ambiental y de los derechos humanos se oponen al proyecto por considerar que viola sus derechos y causaría impactos irreversibles en este hábitat natural. Desde entonces, el Gobierno implementó políticas y acciones para debilitar y limitar el trabajo de las OSC. En 2013, el Gobierno de Evo Morales aprobó dos normas (la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597) que restringen y condicionan el funcionamiento de las OSC a su apego a las políticas sectoriales del Gobierno, es decir, a la discrecionalidad de los actores gubernamentales. Por ejemplo, el Gobierno puede revocar la personalidad jurídica de las OSC, cuando considere que éstas incumplen las políticas sectoriales del gobierno[2]. El Defensor del Pueblo de Bolivia, presentó una acción de inconstitucionalidad contra tales normas en 2013, cuya sentencia no se ha resuelto hasta la fecha. Estas normas han amedrentado a las OSC del país ante el riesgo de la pérdida de su personalidad jurídica para trabajar. Muchas se han “silenciado” para mantenerse en pie, otras han cerrado sus actividades, o se han convertido a otras modalidades jurídicas, para evitar el hostigamiento de parte del Gobierno. Tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas[3] como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacíficas, han manifestado su preocupación sobre la Ley 351 y su decreto reglamentario. El Relator Especial de las NN.UU. Maina Kiai ha expresado que tales normas “injustificadamente restringen el derecho de asociación según normas, estándares y principios internacionales”[4]. Hasta el momento el Gobierno no ha incorporado las recomendaciones de dichas instancias para modificar dichas normas. El 20 de mayo pasado, el Gobierno aprobó una norma (el Decreto Supremo 2366) que autoriza la exploración de hidrocarburos en las 22 áreas protegidas nacionales del país. En junio de este mismo año, el Presidente Morales amenazó a las OSC, en especial a las que promueven la protección de los derechos de la naturaleza, señalando: “…Quiero decirles: ONG, fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia…”[5]. Su Santidad, como podrá apreciar, la situación de las OSC y de cualquier institución o persona que pretenda proteger el ambiente en Bolivia, es muy delicada. Por ello le solicitamos respetuosamente que en su próxima visita al país, pueda hacer uso de sus buenos oficios ante el Presidente Evo Morales para que su Gobierno cese las presiones sobre las OSC, y asuma un compromiso público para respetar, garantizar y estimular su trabajo y funcionamiento, en pleno reconocimiento de la libertad de asociación, la libertad de expresión y el pluralismo político e institucional, esenciales para la sostenibilidad de nuestras democracias. Muy agradecidos por su atención, le hacemos llegar nuestro saludo fraternal, con la esperanza que su visita e intervención pueda contribuir a la mejora de la protección de Nuestra Casa Común en Bolivia. Aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra mayor consideración y estima. Fundación Centro de Estudios Ecológicos de la República Argentina (Argentina) Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. (México) Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Guatemala) Medio Ambiente y Sociedad A.C. (México) Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en B.C.S. (México) COMCAUSA AC (México) Acción Ecológica (Chile) Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú) Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote (Perú) Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (Perú) Ambiente y Sociedad (Colombia) Asociación Amigos de los Parques Nacionales de Argentina (Argentina) Centro de Estudios Mineros Colombia Punto Medio (Colombia) Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género (Perú) Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Bolivia) Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina) Liga de Defensa del Medio Ambiente (Bolivia) Asociación Ecologista Río Mocoretá (Argentina) Asociación Eco Raíces (Argentina) Fundación Myrna Mack (Guatemala) Paz y Esperanza (Perú) Foro del Buen Ayre (Argentina) Asociación Ambientalista Ecolapaz (Argentina) Asociación Ambientalista del Sur (Argentina) Asociación Ambientalista Mayu Sumaj (Argentina) Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Argentina) Asociación Civil de Ecología Social (Argentina) Asociación Civil Red Ambiental (Argentina) Asociación Civil Tierra XXI (Argentina) Asociación de Protección al Ambiente Serrano - Calamuchita (Argentina) Asociación Ecologista PIUKE (Argentina) Asociación Lihue (Argentina) Asociación Vecinal Moronense (Argentina) Bios Argentina (Argentina) Centro Ambiental Argentino – Cambiar (Argentina) Centro Andino de Desarrollo e Investigación Ambiental (Argentina) Centro Argentino de Meteorólogos (Argentina) Centro de Protección a la Naturaleza (Argentina) Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente (Argentina) Comisión Ecológica Ituzaingó (Argentina) Continental Nea (Argentina) Federación Amigos de la Tierra Argentina (Argentina) Foro de los Ríos (Argentina) Fundación Ambiente Ecológico (Argentina) Fundación Arandu (Argentina) Fundación Argentina de Energías Alternativas y Renovables (Argentina) Fundación Argentina de Etoecología (Argentina) Fundación Cullunche para la Conservación del Ambiente, la Flora y la Fauna (Argentina) Fundación Inti Cuyum (Argentina) Fundación Norte Ecológico (Argentina) Fundación Orden Ecológica (Argentina) Fundación Pacha Mama para el Medio Ambiente y Desarrollo (Argentina) Fundación para el Desarrollo Sustentable de Eco Regiones (Argentina) Fundación Pasos (Argentina) Fundación Península Raulí (Argentina) Fundación Proyectos Ambientales (Argentina) Fundación Red Informática Ecologista (Argentina) Grupo Ambiental para el Desarrollo (Argentina) Grupo Ecológico Bolívar (Argentina) Greenpeace Argentina (Argentina) Iniciativa Radial (Argentina) Instituto de Estudios e Investigaciones sobre Medio Ambiente (Argentina) Fundación Jorge Esteban Roulet (Argentina) Organización Argentina de Investigaciones Espeleológicas – Karst (Argentina) Movimiento Transfronterizo de ONG Ambientalistas de la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Uruguay) Multimedios Ambiente Ecológico (Argentina) Observatorio de Políticas Sociales y Ambientales (Argentina) Red Eco-ambiental de Jujuy (Argentina) Taller ecologista Rótary Internacional (Argentina) Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (Honduras) Ágora Espacio Civil (Paraguay) Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Regional) Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (Ecuador) Fundación Étnica Integral (República Dominicana) Corporación para el Desarrollo de Aysén (Chile) Asociación pro Derechos Humanos (Perú) Alianza Mexicana contra el Fracking (México) Blue Planet Project (Internacional) Fundación Instituto Boliviano de la Montaña (Bolivia) Red MUQUI (Perú) Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (Perú) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Regional) Organización Familia Pasta de Conchos (México) Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (Bolivia) GRUFIDES (Perú) Derechos Humanos y Medio Ambiente (Perú) Hnas. de la Misericordia de las Américas, comunidad de Argentina (Argentina) CADEP “José María Arguedas” (Perú) Red Latinoamericana Iglesias y Minería (Regional) Asociación Fe y Derechos Humanos (Perú) Food & Water Watch (EE.UU.) Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (México) Grupo de Mujeres de San Cristobal Las Casas (México) Defensa de Niñas y Niños - Internacional, Costa Rica (Costa Rica) Movimiento Franciscano ̈Justicia y Paz ̈ Bolivia (Bolivia) Franciscans International – Bolivia (Bolivia) Instituto NATURA (Perú) CooperAcción (Perú) Consejo Latinoamericano de Iglesias CLAI. Programa Fe, Economía, Ecología y Sociedad (Regional) Centro de Documentación e Información Bolivia (Bolivia) Comisión Colombiana de Juristas (Colombia) Red Uniendo Manos Perú (Perú) Adhesiones personales Albert Hans Argote Adrian, Cochabamba, Bolivia Miguel Vargas Delgado, Santa Cruz, Bolivia Ariel Pérez Castellón, Cochabamba, Bolivia Severo Villarroel Zenzano, Oruro, Bolivia Donald K. Anton, Australia [1] Cfr. http://www.jornada.unam.mx/2010/04/22/mundo/024n1mun [2] Cfr. Decreto Supremo 1597, Artículo 19, inciso g [3] Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, 14 de octubre a 1 de noviembre de 2013, párrafo 24 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BOL/CCPR_C_BOL_CO_3_15635_S.doc [4] Cfr. http://www.noticiasfides.com/g/politica/la-onu-alerta-que-ley-sobre-ong-vulnera-el-derecho-a-la-libertad-de-asociacion-en-bolivia-34609/ [5] Cfr. http://www.cambio.bo/?q=oeneg%C3%A9s-que-perjudiquen-al-estado-se-ir%C3%A1n-del-pa%C3%ADs
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El seminario virtual abordó la conveniencia de optar o no por grandes represas, así como las alternativas en tiempos en los que el cambio climático impacta al planeta cada vez con más fuerza. Se analizaron los verdaderos costos de estos proyectos y su contribución al cambio climático en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Participaron destacados miembros de la sociedad civil y Philip Fearnside*, científico y experto en las emisiones contaminantes que las represas generan. Durante años, las grandes represas han sido una de las opciones preferidas para satisfacer las necesidades energéticas en América Latina. De hecho, en los últimos años hemos sido testigos de un nuevo "boom hidroeléctrico" que ha fomentado la construcción de estas enormes obras de infraestructura. Al mismo tiempo, la experiencia y la evidencia científica demuestran cada vez más que las grandes represas no son una solución eficiente y adecuada hoy en día, y que pueden generar, entre otras cosas, impactos climáticos irreversibles. Presentaciones: Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA (ver presentación). Philip Fearnside*, Investigador Titular del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía, INPA (ver presentación). Pablo Bertinat, Observatorio de Energía y Sustentabilidad, Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, Argentina, y miembro del Taller Ecologista (ver presentación). Notas Consúltelas aquí. * Philip Fearnside es Investigador Titular del Departamento de Dinámica Ambiental del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía (INPA) en Manaus, Brasil, donde ha vivido por 37 años. Es Doctor en Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Michigan y autor de más de 500 publicaciones sobre medio ambiente y desarrollo (disponibles aquí). Ha realizado diversos estudios sobre los impactos de los embalses amazónicos. Su trabajo ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ecología de Brasil, el Premio Conrad Wessel y el premio Chico Mendes, entre muchos otros reconocimientos.
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Por Astrid Puentes Riaño Si vives en este planeta deberías leer Laudato Si, la Encíclica publicada recientemente por el Papa Francisco I, y Enamorarse de la Tierra, artículo del Maestro Zen Thich Nhat Hanh. Deberías hacerlo por la dicha de reconectarte con la Tierra y porque ésta no se protege solo con normas y ciencia, sino con el corazón y el espíritu. Al final, esta Casa, nos guste o no, la compartimos todas y todos. Citando al Maestro Zen, “nosotros y la Tierra somos una”, los dos textos nos conciernen a todos por encima de nuestras creencias, religión, perspectiva política, o nivel de conocimiento de la realidad ambiental del planeta. No pretendo resumir estas publicaciones o evitarte la dicha de leerlas y experimentar de primera mano lo que consideres más importante de ellas. Mi intención es animarte a que las conozcas, pues ambas permiten entender la realidad de nuestro planeta y dan luces sobre qué hacer para que nuestro paso por la Tierra sea positivo. Lo que está en juego es, como diría el Papa, “nuestra dignidad” respecto de qué planeta le dejamos a los demás. La Encíclica Papal Es un documento extenso que, con ayuda de la ciencia, analiza las razones de fondo para la actual y grave situación ambiental del planeta, así como las posibles soluciones. Esperaba con curiosidad la Encíclica. Me sorprendió gratamente su nivel de detalle, base científica y el amplio reconocimiento que hace del cambio climático como responsabilidad de los seres humanos. Al recordarnos la urgente necesidad de pasar de los combustibles fósiles a fuentes de energía sostenibles, y de controlar la contaminación atmosférica, el texto ilumina el camino hacia París, sede a fin de año de la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la cual se espera alcanzar un nuevo acuerdo climático global y vinculante. También fue grato ver el énfasis del Papa en la inequidad social del planeta y la relación entre los impactos de la degradación ambiental y la población más afectada por los mismos: los pobres y algunas comunidades, incluidas las indígenas. No todo es perfecto. La Encíclica no se refiere a cómo las mujeres sufren más esos impactos, con lo que la deuda histórica de la Iglesia Católica con nosotras sigue pendiente. El Papa señala a los más poderosos —entre ellos países, élites y empresas— como los principales, aunque no los únicos, responsables y, por tanto, aquellos que están obligados a encontrar soluciones. Es esperanzador leer esto dado que el Vaticano no se ha caracterizado precisamente por sus votos de pobreza, y especialmente porque soy latinoamericana y trabajo en esa región, la más desigual del planeta. La Encíclica concluye que se necesita una “conversión ecológica” porque “vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de la existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana”. Ello se aplica a toda persona, pues proteger la obra de la naturaleza es la esencia del ser humano virtuoso. Tiempo de reaccionar Al leer la Encíclica y el artículo, seguramente notarás como yo que las conclusiones allí escritas no son nuevas. De hecho, el Papa Francisco recuerda a San Francisco de Asís, quien ya hablaba de la necesidad de proteger “Nuestra Hermana Tierra” en el siglo XIII. Así, el Papa y el Maestro Zen hacen un llamado urgente a que analicemos nuestra manera de vivir, consumir y tratar a la Tierra. Entonces ¿por qué aún no cuidamos nuestro planeta como es debido?, ¿por qué necesitamos estos recordatorios? y ¿por qué parece que vamos de mal en peor? No tengo la respuesta. Tampoco la tienen el Maestro Zen, ni el Papa. “Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental han resultado ineficaces, no sólo por la poderosa oposición, sino también por una falta de interés general”, dice el Papa Francisco. Las tendencias en redes sociales son una dura constatación de esta falta de interés. Ciudades, países y el mundo entero se paralizan en los mundiales de fútbol, los Juegos Olímpicos o los concursos de belleza. Prestar atención a todo eso no está mal, pero sí la poca o ninguna atención que le damos a los problemas ambientales, a la desigualdad y a las soluciones. La apatía debe terminar HOY. Allí radica la relevancia de estos documentos. Necesitamos involucrarnos, esforzarnos por entender su contenido, ponerlo en práctica y mostrar resultados, sin excusas. El Papa reconoce que “la política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura de los desafíos mundiales”. A juzgar por la situación actual, diría que todos reaccionamos con lentitud. Cambiemos eso. Estoy segura que todos tenemos algo que mejorar y aportar. Sin importar nuestras particularidades y solo por el hecho de vivir en la Tierra, tenemos una tarea pendiente que más nos vale asumir ya. Como dice el Maestro Zen Thich Nhat Hanh, cuidar y honrar la Tierra “no es una obligación. Es un asunto de felicidad y sobrevivencia personal y colectiva”.
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Por Eugenia D’Angelo, expasante de AIDA, @DangeloEugenia El fracking o fractura hidráulica —el proceso de perforar bajo tierra e inyectar a muy alta presión una mezcla de agua, químicos y arena para fracturar rocas y liberar de ellas gas y petróleo— se abre paso en todo el mundo, provocando daños en el ambiente y la salud humana. Pese a ello, movimientos sociales han mostrado ser efectivos para ponerle freno a los empresarios y gobiernos interesados en promover operaciones de fracking. Francia es el mejor ejemplo de lo que digo. Fue el primer país en prohibir la fractura hidráulica y lo hizo gracias a la presión que ejerció la ciudadanía. Viví cuatro años en Francia y pude sentir la fuerza e importancia de los movimientos sociales organizados en este proceso. El proceso legal La “Ley Jacob”[1] (nombrada así por el diputado Christian Jacob, quien presentó el proyecto de ley), aprobada a mediados del 2011, durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, prohíbe el uso del fracking para la exploración y explotación del gas de esquisto (un tipo de roca que contiene el hidrocarburo) en Francia. Posteriormente y aprovechando que el Partido Socialista estaba dividido, las empresas petroleras consiguieron el apoyo necesario para presentar un Recurso de Inconstitucionalidad contra la prohibición del fracking. Sin embargo, el 11 de octubre de 2011, el Consejo Constitucional, instancia ante la cual se presentó el recurso, reafirmó la validez de la “Ley Jacob” manifestando que la misma respeta todos los principios constitucionales. Así llegó a su fin el debate político entre los partidarios y opositores de la fractura hidráulica y Francia se convirtió en el primer país del mundo en darle la espalda al fracking. Haciendo la diferencia Al pensar en la diferencia entre Francia y otros países donde el fracking es permitido, podemos asegurar que el papel jugado por la sociedad civil y los partidos políticos “verdes” fue primordial. Antes de la promulgación de la “Ley Jacob”, la sociedad y las organizaciones ambientales se manifestaron abiertamente para exigir un cambio en las políticas energéticas francesas: más del 80%[2] de la sociedad le dijo ¡No! al fracking[3] (ese porcentaje es mayor al 47% registrado en Estados Unidos según la encuesta más reciente del Pew Research Center)[4]. En Francia, los movimientos ciudadanos están agrupados en colectivos sociales que reúnen a la población de los diferentes departamentos franceses. Estos grupos se organizaron para estar presentes en cada zona del país donde empresas energéticas contaban con permisos para la exploración o explotación del gas o aceite de esquisto. Permanecieron allí durante toda la contienda jurídico-política, hasta que finalmente la prohibición del fracking fue una realidad. Por ejemplo y como parte de la protesta, la Asociación “No Fracking France”: Durante el conocido y mediatizado evento deportivo “Vuelta a Francia” (Tour de France), llevó siempre una pancarta anti gas y aceite de esquisto firmada en el reverso por miles de personas. Como punto final del recorrido del Tour de France, hizo que un alpinista izara la pancarta en la cima del Mont Blanc. Realizó una conferencia de prensa sobre el tema en la Asamblea Nacional. Organizó numerosos coloquios informativos y científicos dirigidos a los intendentes de las Comunas afectadas. Produjo un video explicativo sobre el fracking dirigido a personas sordo-mudas. Llevó sus reclamos a los miembros del Parlamento. Resistencia en América Latina A diferencia de Francia, varios países de América Latina están abriendo sus puertas al fracking. Como respuesta a esta tendencia, AIDA está ayudando a facilitar y coordinar el trabajo de un grupo regional formado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, y creado para generar información, promover el debate y unir fuerzas para prevenir y detener los impactos negativos del fracking en la región. Desde AIDA consideramos necesario que gobiernos y sociedad civil apliquen el principio de precaución. En el marco de ese principio y sus obligaciones constitucionales, los Estados de la región deben adoptar medidas efectivas para prevenir los daños graves al ambiente y la salud de las personas que el fracking puede ocasionar. Mientras no se garantice que los impactos del fracking pueden prevenirse y ser mitigados adecuadamente, este tipo de actividad no debe ser permitida. Generar conciencia en la ciudadanía y en los movimientos sociales es clave. Y los gobiernos de la región están obligados a generar información pública, veraz, e imparcial sobre las características, procesos, y componentes del fracking; y sobre sus impactos a largo plazo. Nuestras autoridades deben generar espacios plurales y adecuados para la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el futuro del fracking en nuestros territorios. Si no lo hacen, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de comprometernos y movilizarnos para que nos oigan, aún quienes se resisten a hacerlo. [1] Fue una ceñida votación en la Cámara de Senadores de 176 votos a favor y 151 en contra. “Gaz de schiste: le Parlement interdit l’utilisation de la fracturation hydraulique”, Le Monde, 30/06/2011. Disponible en: http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/06/30/gaz-de-schiste-le-parlement-interdit-l-utilisation-de-la-fracturation-hydraulique_1543252_3244.html [2] Este porcentaje representa un número aún mayor al porcentaje representativo de la sociedad contra la energía nuclear (principal fuente energética en Francia) conforme: Chu, Henry. “Pressure builds against France’s ban on fracking », LA Times, 22/06/2014. Disponible en: http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-france-fracking-20140622-story.html#page=1 [3] GG En este sentido, el Colectivo 07 “Stop au Gaz de schiste” decía: « …debemos enorgullecernos de la eficacia de la movilización ciudadana que, si bien no ha ganado la guerra, ha claramente ganado una batalla. El compromiso de millones de ciudadanos, en nuestro departamento y en toda Francia, que cada día se manifestaron, resistieron, informaron, se organizaron, se movilizaron… a veces con la participación de los intendentes… ha dado sus frutos. Es una prueba que da esperanzas en relación a las luchas por venir…” . Ver: “Gaz de schiste: la mobilisation citoyenne a gagné une victoire, mais pas la guerre ». Bourg Socialisme avenir. Disponible en: http://www.bsavenir.fr/2011/10/01/gaz-de-schiste-la-mobilisation-citoyenne-a-gagne-une-victoire-mais-pas-la-guerre/ [4] http://thinkprogress.org/climate/2014/11/13/3591891/pew-poll-voters-oppo...#sthash.fywoFIAa.dpuf
Leer másPor Flavia Amaral, abogada de AIDA Mientras la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, la tercera más grande del mundo, avanza en la Amazonía brasileña, los impactos sociales y disturbios asociados al proyecto continúan. Se tiene previsto que en los próximos meses cerca de 2.000 familias serán reubicadas de sus casas en Altamira, cerca del río Xingú, a viviendas de reciente construcción. Otras 2.000 familias fueron reasentadas el año pasado. La reconfiguración de la zona sigue creando problemas sociales. Los nuevos asentamientos están lejos del centro de Altamira, donde no existe transporte público. Muchas de las casas nuevas ya muestran problemas estructurales, y en los alrededores existe poca o ninguna infraestructura básica como centros de salud, escuelas e instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Además, para ser reubicadas, las familias deben manifestar que no tienen quejas o preocupaciones respecto de la represa Belo Monte o de la empresa responsable de su construcción, un requisito difícil de cumplir para quienes están perdiendo tanto. Muchas comunidades indígenas afirman que hay una explosión de tala ilegal en sus tierras. Norte Energía, el consorcio que construye Belo Monte, no ha implementado los sistemas de monitoreo requeridos ni ha construido estaciones de vigilancia que podrían evitar la tala. Como resultado, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), entidad gubernamental que vela por los derechos indígenas en Brasil, informa que la situación es crítica y especialmente grave para las tierras del pueblo indígena Arara. Las protestas de quienes buscan justicia, reconocimiento y compensación continúan en toda la zona. El mes pasado, cientos de agricultores realizaron protestas exigiendo tenencia de tierra, crédito y mejoras para la agricultura familiar. Dos personas murieron después de ser golpeadas por un auto que irrumpió en el bloqueo de manifestantes. Esta situación representa la agitación y violencia que se respira en el lugar. Evidentemente, la construcción de Belo Monte ha causado un impacto enorme en la cuenca del río Xingú mucho antes de comenzar a operar. Hace cuatro años, tras la solicitud de AIDA y organizaciones colegas en Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un importante paso a favor de las personas afectadas por la represa. Solicitó al Gobierno brasileño adoptar medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos de las comunidades indígenas cuya integridad cultural y forma de vida estaban en riesgo debido a la construcción de Belo Monte. Claramente, después de todos estos años, las amenazas se mantienen: Brasil no ha cumplido con las medidas cautelares. AIDA continuará trabajando para asegurar que el ambiente y los derechos de las comunidades de la cuenca del río Xingú de Brasil sean respetados plenamente. Creemos que la Comisión aún está a tiempo de actuar, y que el Gobierno de Brasil todavía puede replantear sus políticas y prácticas para convertirse en un modelo global de equidad y justicia. ¡Muchas gracias por el apoyo constante a nuestro trabajo a favor del ambiente y las personas en la Amazonía!
Leer másEs un hecho innegable y preocupante: 76% de los humedales del mundo se han deteriorado en los últimos 40 años. En América Latina, los impactos de industrias extractivas como la minería y de proyectos inmobiliarios y turísticos son una de las principales causas para la pérdida y degradación de estos frágiles ecosistemas. AIDA ayudó a que dichas amenazas fueran reconocidas como preocupación prioritaria por el Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Lo hicimos durante nuestra participación en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención, realizada del 2 al 9 de junio en Punta del Este, Uruguay. AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil incluyeron esos factores de riesgo en una declaración pública presentada ante los representantes de los gobiernos. El Secretariado de Ramsar incorporó esas amenazas en el Plan Estratégico 2016-2024 de la Convención. “Este reconocimiento abre paso para que se hagan investigaciones y se establezcan lineamientos para combatir el problema; al aportar a la identificación de las causas para el deterioro de los humedales, sentamos las bases para que se adopten regulaciones y otras medidas efectivas de conservación de estos ecosistemas”, dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA y quien asistió a la Conferencia. En esa misma línea y junto con organizaciones locales, presentamos una petición al Secretariado de Ramsar para alertar que el Gobierno de Colombia ha incumplido su obligación de proteger los páramos o humedales altoandinos del país conforme al tratado. En la petición llamamos la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, fuente de más del 70% del agua en Colombia, y le pedimos al Secretariado monitorear la situación y tomar acciones según sus competencias. El Plan Estratégico de la Convención Ramsar para los próximos años también reconoce la necesidad de tener una mayor sinergia con otros tratados internacionales en materia ambiental como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para que el uso sostenible y la conservación de los humedales adquieran mayor relevancia y se lleven a cabo de forma más efectiva. Esa correlación es clave. “Uno de los grandes desafíos de la Convención es vincular de forma apropiada e integral la implementación del tratado con la lucha contra el cambio climático”, señaló Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, quien también participó en la Conferencia. Lozano Acosta destacó que en el evento se aprobaran una resolución que establece que los países deben reservar la cantidad de agua necesaria para la preservación de sus humedales, y otra que vincula la protección de esos ecosistemas con la mitigación de desastres naturales, pues los humedales son barrera natural frente a huracanes y tormentas. Pero lamentó que en la Conferencia aún no existan los espacios suficientes y adecuados para la participación de la sociedad civil. Para Moguel, fue un acierto que, gracias a las gestiones hechas por los representantes de países latinoamericanos, todas las resoluciones emitidas en la Conferencia incluyeran y reconocieran en su texto el manejo que los pueblos indígenas hacen de los humedales con base en sus conocimientos tradicionales. Finalmente, en un evento paralelo a la Conferencia organizado por la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral, AIDA expuso su trabajo en defensa de esos ecosistemas. Presentamos nuestra guía de buenas prácticas de regulación para proteger corales y enfatizamos los casos del Sistema Arrecifal Veracruzano y Cabo Pulmo, en México, sitios en riesgo por infraestructura portuaria y turística respectivamente.
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Por Gladys Martínez La semana pasada se dio un gran paso para la protección de las tortugas marinas caguama, especie amenazada por la pesca no sostenible y por proyectos inadecuadamente planeados. Durante la Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), que tuvo lugar en la Ciudad de México, los países firmantes del tratado aprobaron una resolución orientada a la conservación de la tortuga caguama o cabezona (Caretta caretta), la cual reconoce a la minería como una de las amenazas que afecta a esa especie. Estamos orgullosos porque AIDA, presente en la Conferencia, tuvo la oportunidad de generar conciencia entre los delegados de los Estados sobre las potenciales amenazas que la minería marina de fosfato podría causar en las tortugas caguama y en el ecosistema marino en general. Lo hicimos al explicar los impactos del proyecto minero Don Diego que de ejecutarse afectaría a la población de tortuga caguama de la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, México. También concientizamos a los Estados sobre la necesidad de que se comprometan a tomar acciones inmediatas para la conservación y preservación de esa especie. Con base en nuestra experiencia y conocimientos en derecho ambiental internacional, ayudamos a fortalecer las propuestas de resolución, logrando que la minería sea incluida en la resolución aprobada como una de las actividades que los Estados deben regular para evitar daños a las tortugas. Detalles de la resolución que favorece a la tortuga caguama En la resolución, los Estados reconocen que las poblaciones de tortuga caguama son amenazadas por del desarrollo y la pesca costera, la pesca en alta mar, los desechos marinos, la minería, la contaminación y el cambio climático. En ella los países se comprometen a trabajar juntos para implementar los planes de recuperación existentes para esa población y a desarrollar nuevos planes en aquellos países donde actualmente no existe ninguno. En ese sentido, se hicieron compromisos específicos: México y Estados Unidos trabajarán con Japón para desarrollar un Plan de Recuperación Trinacional para la tortuga caguama del Pacífico Norte. Chile, Ecuador, Perú y Estados Unidos trabajarán con la Secretaría Pro Tempore de la CIT y la Secretaría de la Convención de Especies Migratorias (CMS) para implementar un Plan de Acción de Especies Individuales para la tortuga caguama del Pacífico Sur. México y Estados Unidos continuarán trabajando con los países colaboradores del Atlántico Norte para compartir información sobre la situación y tendencias de la tortuga caguama del Atlántico Noroeste, e identificarán acciones conjuntas de conservación. Un balance de la Conferencia “Nos sentimos muy satisfechos por los avances alcanzados en esta Conferencia. Es un privilegio participar, y contribuir efectivamente con nuestra experiencia de trabajo en eventos como éste donde se toman decisiones a nivel internacional, las cuales son implementadas luego en cada país”, dijo Gladys Martínez, abogada de AIDA y representante de la organización en la Conferencia. “Hemos sido observadores y actores durante esta Conferencia, representando a otras organizaciones e individuos que son parte de la sociedad civil; seguiremos trabajando por la conservación marina y cumpliendo nuestra misión de usar la ley para defender el derecho de todos a un ambiente sano”. Tras la Conferencia, también la tortuga baula (Dermochelys coriacea) del Pacífico Oriental estará mejor protegida. Los Estados aprobaron una resolución en la que se comprometen a: Entregar información anual a la Secretaría de la Convención sobre las capturas incidentales de tortuga baula hechas por sus flotas. Informar anualmente de las medidas que están adoptando para reducir las capturas incidentales de la especie. Identificar, con ayuda del Comité Científico, áreas y pesquerías criticas que requieren un manejo espacial y temporal para reducir las capturas incidentales de la especie. Fortalecer acciones para la protección de los huevos de tortuga baula. Establecer y evaluar los programas nacionales de manipulación y liberación de tortugas baula capturadas incidentalmente en las pesquerías. Confiamos que los Estados transformarán estos compromisos internacionales en acciones efectivas para la conservación de las tortugas marinas. Desde AIDA permaneceremos vigilantes para garantizar que así sea.
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