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Las organizaciones internacionales abajo firmantes —dedicadas a la defensa del ambiente, el clima y los derechos humanos— expresamos nuestra profunda preocupación ante la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en Colombia en el marco de las protestas sociales que han tenido lugar desde el pasado 28 de abril. Asimismo, rechazamos toda forma de violencia y reiteramos la importancia de respetar los derechos humanos, la Constitución y El Estado de Derecho.

Según información recabada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el inicio de las protestas, más de 50 personas habrían perdido la vida, 132 personas fueron reportadas como desaparecidas y se denunciaron al menos 87 casos de violencia sexual. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y medios de comunicación han registrado graves hechos de abuso policial en el marco de las protestas, así como la participación de civiles en actos de represión y en ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes, actuación que tendría la aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública.

Tal como lo reconoció la CIDH, “muchas de las demandas de las protestas sociales guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, con especial afectación en las personas pertenecientes a los grupos étnico-raciales”. Por ello, resaltamos la necesidad de reconocer la justicia ambiental, la relación entre el ambiente sano y los derechos humanos, la garantía de los derechos de acceso y el fortalecimiento del Estado social de derecho como elementos esenciales y necesarios para superar la injusticia ambiental y climática.

Adicionalmente, nos solidarizamos con las reivindicaciones del movimiento ambiental colombiano que ha reiterado pacíficamente la urgencia, entre otras cosas, de proteger la vida e integridad de los defensores y defensoras ambientales; detener la deforestación, especialmente en la Amazonía; controlar los impactos de la minería; evitar de avance de la extracción de combustibles fósiles a través de métodos que dañan a las personas y los recursos hídricos; respetar la consulta previa, libre e informada y las consultas populares como mecanismos legales y legítimos de participación; y de garantizar la protección integral de las cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos como bienes comunes.

Instamos al Estado de Colombia a garantizar el marco ambiental internacional y de derechos humanos dirigido a promover la gobernanza y la justicia climática y ambiental. Urgimos especialmente a que el Estado colombiano:

1. Reconozca la relación de interdependencia e indivisibilidad entre la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, tal como lo resaltó la Corte IDH.
2. Garantice y respete los derechos humanos consagrados en el derecho internacional, especialmente el derecho a la protesta social como una una expresión del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica como ha insistido la ONU.
3. Promueva los canales de diálogo efectivos para que, quienes hacen parte del movimiento ambiental colombiano, en su calidad de defensores y defensoras ambientales, puedan dirigir sus puntos de discusión en el marco de las protestas sociales pacíficas. Todo ello, en respeto y garantía a los mecanismos de participación ambiental.
4. Fortalezca los derechos de acceso en materia ambiental como elementos esenciales para evitar conflictos ambientales. En este sentido, enfatizamos la urgencia de que el Estado colombiano ratifique el Acuerdo de Escazú como mecanismo para garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en las decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
5. Proteja la vida e integridad de las personas defensoras ambientales, quienes son  amenazadas, atacadas y asesinadas en el ejercicio de sus acciones.
6. Garantice la debida diligencia ambiental y el cumplimiento de los principios de prevención y precaución en proyectos que puedan generar impactos ambientales.
7. Fortalezca los marcos nacionales orientados a que las industrias extractivas estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Minamata y el Acuerdo de París.
8. Implemente las acciones necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo de París, alineando los compromisos climáticos nacionales a lo dispuesto por el acuerdo y fijando un camino claro hacia la descarbonización y la reducción del uso de otros combustibles fósiles, en el marco de una transición energética que tenga como base a la justicia climática.

Finalmente, instamos al Estado colombiano a que promueva espacios de diálogo reales para avanzar en el reconocimiento de los puntos señalados; propiciando una agenda donde se reconozca la problemática socioambiental del país, la relación entre la satisfacción de los derechos humanos y la garantía de vivir en un ambiente sano con justicia ambiental y climática, y la urgencia de incorporar un análisis ambiental, climático y territorial a las soluciones para superar la crisis.

Suscriben:

350.org América Latina

ABColombia

Acceso a la Justicia

Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ask!

Asociación de pescadores artesanales del golfo de Fonseca Honduras APAGOLF

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente

Asociación Movimiento SER

Asociación Pro Derechos Humanos

Bicitekas ac

CAFOD

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

Centro de Capacitación Social

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)

Centro de Información sobre Empresas y Derechos humanos, CIEDH

Clima21 - Ambiente y Derechos Humanos

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador

Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE

DKA Austria

Earthrights International

Federación Agrominera del sur de Bolívar

Foundation for the Conservation of the Earth

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos y Justicia de Paz

Fundación Tláloc, México

Fuscamina Colombia

Germanwatch

Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights

Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC)

Instituto de Estudios Ecuatorianos

Instituto Socioambiental –ISA

International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific)

Justiça nos Trilhos

Laboratorio de Cambio Social, Chile

Lok Shakti A bhiysn

OCA Observatorio Conflictos Ambientales

ONG Defensoría Ambiental

Oxfam

Parents For Future Argentina

Sinestesia ONG

SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - SDDH

TANDARI Asamblea de Jóvenes por la Sostenibilidad (Ecuador)