Las crisis ambientales que hoy enfrenta el mundo —climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad— están interconectadas y representan también una crisis de derechos humanos. Superarlas exige repensar los sistemas en los que vivimos —particularmente el energético y el económico—, desarrollando transiciones justas que aborden las desigualdades que dan origen a estas crisis y que al mismo tiempo las profundizan.

El sistema energético actual, basado en fuentes fósiles —carbón, gas y petróleo—, no solo es una de las principales causas de la crisis climática mundial, sino que también es inequitativo. Está concentrado en grandes empresas, privadas y estatales. Además, limita el acceso a recursos y la participación pública en la toma de decisiones.  

Frente a este contexto, AIDA promueve procesos de transición energética justa en América Latina. Los concebimos no como un mero cambio de matriz energética, sino como el tránsito a un sistema energético que respete el ambiente y los derechos humanos; donde las comunidades accedan a la energía, participen de las decisiones, y en el que se construyan sistemas locales basados en energías renovables. 

¿Qué implica la transición energética justa?

No hay una mirada única de la transición energética. Tampoco existe un solo proceso de transición energética posible, sino varios, que respondan a las necesidades y capacidades de cada territorio, así como a los diferentes contextos sociales y económicos.

Pero sí hay pautas para desarrollar con justicia procesos de transición energética en América Latina, basadas en los principios de equidad e inclusión. Según ellas, la transición energética justa implica mínimamente:

• Garantizar el respeto de los derechos humanos y los de la naturaleza, reconociendo y erradicando los daños generados por el desarrollo energético a territorios y comunidades.
• Proteger ecosistemas y especies, respetando los límites ecológicos de los territorios frente a las presiones de industrias a gran escala.  
• Construir el derecho a la energía como derecho colectivo y avanzar en un proceso de disminución del consumo de energía ante un escenario de recursos limitados para cubrir la demanda energética.  
• Afrontar la pobreza energética con proyectos de energía renovable y accesible que beneficien a los territorios donde se instalan en cuanto a generación, abastecimiento y fuentes de trabajo.
• Generar alternativas sostenibles de empleo para quienes dependen de la industria energética actual.
• Asegurar la autonomía energética a nivel local mediante la participación de diversos sectores, especialmente los excluidos, en la toma de decisiones sobre la transición y en la elaboración e implementación de políticas energéticas.
• Profundizar el cambio de matriz energéticas con el uso de tecnologías inclusivas, construidas desde las comunidades y orientadas a cubrir sus necesidades. 

¿Qué son los minerales “críticos” y cuál es su rol en la transición energética?

Son un conjunto de minerales que, por su alta capacidad para almacenar y conducir energía, son utilizados en el desarrollo de tecnologías de energía renovable, como paneles solares, baterías para autos eléctricos o turbinas eólicas. Entre los principales están el litio, el cobre, el cobalto, el grafito, el níquel y las tierras "raras".

El modelo de transición energética de países del norte global —así como la expansión de la economía digital, la infraestructura de datos y las industrias militar y aeroespacial en esa parte del mundo— están impulsando la creciente explotación industrial de los minerales "críticos".  

Aunque hay reservas probadas y potenciales de estos minerales en todo el mundo, América Latina cuenta con yacimientos importantes que la han situado en el centro del interés mundial por su explotación. Esto ha generado una presión enorme sobre territorios complejos y ricos en diversidad biológica y cultural como los humedales andinos (salares, lagos, lagunas y otros) y la Amazonía.

Conoce más de los minerales "críticos" y de los riesgos de su explotación en América Latina

Economía circular y transición energética

La economía circular implica cerrar el ciclo económico mediante diversos mecanismos: el uso de recursos naturales vírgenes, el aumento del uso de materiales reciclados y la reducción de residuos al mínimo a través de la reparación y reutilización de productos, manteniéndolos en circulación el mayor tiempo posible.

Frente al modelo de transición energética promovido desde el norte global, basado en la extracción de minerales, la economía circular es difundida como una herramienta para que la explotación minera sea un proceso ambientalmente responsable.

Sin embargo, las propuestas internacionales al respecto no garantizan la resiliencia de los ecosistemas ni el bienestar de las comunidades.

Para que aporten a procesos de transición energética justa, los esquemas de economía circular deben reconocer el valor estratégico de los ecosistemas como capital natural de los países y las comunidades, por las funciones ecosistémicas que brindan, entre ellas la provisión de agua dulce y la captura de carbono.

Conoce más del rol de la economía circular en la transición energética justa 

Nuestro aporte a procesos de transición energética justa en América Latina

En AIDA trabajamos para lograr una transición energética justa en la región mediante un acceso equitativo a la energía, la transformación de nuestra relación con ella y la protección del ambiente y los derechos humanos en los procesos de producción de energía. Nuestro trabajo está orientado a evitar procesos de transición que profundicen los daños socioambientales que el actual sistema energético ha causado, buscando construir alternativas sostenibles que respondan a las necesidades de los territorios.

Con una visión regional que fortalece iniciativas locales y nacionales, AIDA desarrolla labor de incidencia, además de llevar a cabo y apoyar litigios estratégicos para:

• Contribuir a la salida progresiva y responsable de la extracción y uso de combustibles fósiles en la matriz energética y económica del continente.  
• Promover la implementación de soluciones orientadas a democratizar la energía y reducir la pobreza energética.  
• Construir y modificar marcos normativos y políticas públicas para impulsar la adopción de alternativas de energía sostenible, así como para la eliminación de barreras regulatorias y de otro tipo.
• Visibilizar y frenar las afectaciones socioambientales de la minería para la transición; además de fortalecer la capacidad de comunidades para defender sus territorios de la nueva ola extractivista.
• Aportar a la regulación de esta minería de la transición mediante marcos legales, políticas públicas y estándares internacionales; haciendo además responsables a gobiernos, empresas e inversionistas.
• Promover modelos de transición energética que prioricen la protección de ecosistemas, especies, modos de vida y economías locales.