En casi todos los países de América Latina, los gobiernos han implementado medidas sanitarias y de aislamiento social para contener la propagación de la pandemia COVID-19.
En el marco de esas restricciones, han establecido excepciones para actividades consideradas esenciales, entre ellas la atención de emergencias, la prestación de servicios de salud o la comercialización y abastecimiento de bienes de primera necesidad.
No obstante, los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú también han eximido de las restricciones a las actividades mineras y petroleras por considerarlas de interés nacional. El trato excepcional otorgado a las actividades extractivas en algunos países de la región ha incrementado significativamente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, así como los riesgos y amenazas que enfrentan debido a que estas operaciones se realizan en sus territorios.
Además, la entrada y salida de trabajadores sin cumplir con las debidas medidas sanitarias, disminuye la efectividad de las acciones de protección adoptadas por estos pueblos, como los cercos epidemiológicos o el aislamiento social. De ese modo, se genera un aumento en la propagación del virus y en el número de personas contagiadas. A ello se suma que, en la práctica, estas poblaciones rurales cuentan con poco o nulo acceso a los servicios de salud y sanitaros necesarios para atender una crisis sanitaria como la generada por la COVID-19.
