En casi todos los países de América Latina, los gobiernos han implementado medidas sanitarias y de aislamiento social para contener la propagación de la pandemia COVID-19.
En el marco de esas restricciones, han establecido excepciones para actividades consideradas esenciales, entre ellas la atención de emergencias, la prestación de servicios de salud o la comercialización y abastecimiento de bienes de primera necesidad.
No obstante, los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú también han eximido de las restricciones a las actividades mineras y petroleras por considerarlas de interés nacional.
El trato excepcional otorgado a las actividades extractivas en algunos países de la región ha incrementado significativamente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, así como los riesgos y amenazas que enfrentan debido a que estas operaciones se realizan en sus territorios.
Además, la entrada y salida de trabajadores sin cumplir con las debidas medidas sanitarias, disminuye la efectividad de las acciones de protección adoptadas por estos pueblos, como los cercos epidemiológicos o el aislamiento social. De ese modo, se genera un aumento en la propagación del virus y en el número de personas contagiadas. A ello se suma que, en la práctica, estas poblaciones rurales cuentan con poco o nulo acceso a los servicios de salud y sanitaros necesarios para atender una crisis sanitaria como la generada por la COVID-19.
A nivel regional, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ha demandado a los Estados garantizar el acceso a la salud y alimentación de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Panamazonía, así como intensificar la vigilancia y protección de los territorios “invadidos por petroleros, mineros, madereros y personas ajenas”.
La situación particular de cada país es la siguiente:
A fines de marzo, el gobierno emitió un Decreto Supremo estableciendo que las empresas que “prestan servicios de abastecimiento de gasolina, gas, diésel y otros carburantes” tienen autorización para continuar sus operaciones de “forma ininterrumpida”.
La decisión ha generado preocupación en organizaciones indígenas. “En Tarija y parte de Santa Cruz, así como en El Chaco siguen trabajando las empresas petroleras con total normalidad. Hay cambio de personal que llega en vehículos continuamente. Nuestro temor es que lleven el virus para las comunidades indígenas”, dijo a Mongabay el líder indígena Alex Villca, miembro de la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígena, Originario, Campesino y Áreas Protegidas (Contiocap).
La organización de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) alertó al gobierno nacional de la detección de dos casos positivos de coronavirus (COVID 19) entre los trabajadores del Bloque 16, que estaría operado por la empresa Repsol YPF.
La organización pidió al gobierno adoptar protocolos especiales para “la protección de territorios y poblaciones indígenas”, adoptando medidas de control y restricción para las actividades del personal de las empresas petroleras que se “encuentren operando de manera legal en territorios indígenas y evitar la propagación de la pandemia”.
Repsol Ecuador S.A informó en un comunicado que los dos casos positivos corresponden a trabajadores de una empresa contratista que, tras someterse previamente a pruebas, no ingresaron a las operaciones de la empresa.
El de marzo, el gobierno emitió un Decreto Supremo para combatir crisis sanitaria derivada de la pandemia en el territorio nacional. La norma dispone restricciones al derecho de libertad de tránsito, eximiendo de esa medida a determinadas actividades asistenciales y económicas consideradas esenciales. La minería no era una de ellas.
Sin embargo, mediante un Oficio, el Ministerio de Energía y Minas incluyó a la minería dentro de las actividades esenciales que deben ser ejercidas aún en cuarentena para asegurar mínimas operaciones, pero sin afectar la integridad de los trabajadores y las comunidades. Lo hizo luego de que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas señalaran por separado que la industria minera no puede detenerse.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú criticó esa determinación. La presencia de operaciones mineras y petroleras en territorios indígenas “pone en riesgo la vida y la salud” de esos pueblos, expresó.
El marco de la pandemia, los Estados deben implementar estrategias sanitarias integrales y concertadas para respetar, garantizar y proteger los derechos de las comunidades indígenas y campesinas cercanas a proyectos de explotación minera o petrolera y a otras actividades que las pongan en riesgo.
Rosa Peña Lizarazo es colombiana y abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, trabajando desde Bogotá. Tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad del Rosario, Colombia, con énfasis en Derecho Constitucional y derechos humanos. Rosa cuenta además con una Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, con énfasis en Gestión Territorial del Desarrollo, de la Universidad de los Andes, en Colombia. Tiene experiencia en el acompañamiento comunitario y el litigio estratégico en casos de violaciones a derechos humanos derivadas de políticas y proyectos de desarrollo.
