Pese a que las turbinas de la represa Belo Monte han comenzado a girar, la lucha por justicia continúa. El funcionamiento de la tercera represa más grande del mundo sobre el río Xingú —plagada de corrupción y negligencia— no puede detenernos.
De hecho, cada nueva denuncia de corrupción y abuso solo alimenta nuestro deseo de justicia para quienes han sido afectados por la represa.
Nuestra batalla más importante —el caso que llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue abierto a trámite a finales del año pasado— sigue firmemente su curso.
En el caso, estamos trabajando para responsabilizar a Brasil por las innumerables violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la represa Belo Monte: la ausencia de consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas; la falta de una adecuada evaluación de los impactos sociales y ambientales; desplazamiento forzado; y otras graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, comunidades ribereñas y residentes de Altamira.
Estamos en proceso de hacer que el caso sea admitido ante la Comisión, y que la misma pueda establecer —como un organismo internacional e independiente— si estas violaciones ocurrieron y si el Estado debe responder por ellas.
Como parte del proceso, Brasil tenía que responder a nuestros reclamos ante la Comisión. Recibimos su respuesta el 9 de agosto y recientemente enviamos nuestros argumentos legales para contrarrestar sus afirmaciones.
Necesitamos asegurar que la Comisión comprenda la importancia de su rol en la investigación de las violaciones de derechos humanos causadas por Belo Monte.
Incluso mientras escribo esto, el Estado y los operadores de la represa continúan ignorando abiertamente los derechos humanos de las personas de la cuenca del río Xingú, quienes viven a la sombra de la hidroeléctrica.
El 1º de septiembre, por ejemplo, la licencia de operación de la represa fue suspendida una vez más porque los sistemas de saneamiento de la ciudad de Altamira —una obligación legal que los operadores debían cumplir hace tiempo— nunca fueron instalados.
Las calles de Altamira aún son inundadas por aguas residuales, amenazando con convertir el embalse de Belo Monte en un charco de agua estancada.
Desafortunadamente, como con muchas decisiones legales que intentaron proteger los derechos de los afectados, la suspensión fue revocada unas semanas más tarde.
Está claro que las fuerzas detrás de Belo Monte no tienen respeto por el ambiente en el que están trabajando, y menos por las personas que dependen del río y de la selva para sobrevivir.
Muchas de las personas a las que representamos, viven en barrios de Altamira y están expuestas a las aguas sin tratar. Quienes viven fuera de la ciudad han sido desplazados de su fuente primaria de agua, o han visto destruida su forma de vida.
Debemos garantizar que el Estado brasileño se haga responsable por el inmenso daño social y ambiental que la represa ha causado.
Ten la seguridad que no vamos a detenernos hasta lograr justicia para la gente del Xingú.
Astrid Puentes Riaño fue una de las dos Codirectoras Ejecutivas de AIDA (2003-2021) y responsable de los esfuerzos legales y del manejo de la organización. Astrid es colombiana y cuenta con amplia experiencia vinculando la protección ambiental, los derechos humanos y el cambio climático, impulsando justicia climática como eje central. Por más de veinte años ha trabajado en litigio en interés público, especialmente con respecto a la relación entre derechos humanos, ambiente y cambio climático. Ella tiene un LL.M. (Maestría en Derecho) en Derecho Comparado de la Universidad de Florida, una Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, y obtuvo su grado como abogada de la Universidad de los Andes, Colombia. Astrid también ha impartido clases y seminarios en derechos humanos, ambiente y cambio climático en varias instituciones incluyendo American University en Washington, Estados Unidos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
