En un aparente giro de timón, el gobierno de Brasil dio señales del fin de la construcción de grandes represas en la Amazonía. De concretarse, es un paso digno de imitar para que la región y el mundo avancen hacia la generación energética sostenible y respetuosa del ambiente y los derechos humanos.

El 2018 comenzó con noticias alentadoras para el sector energético y para los ríos y los derechos humanos en América Latina. Un alto funcionario del gobierno de Brasil anunció, en entrevista con el diario O Globo, el comienzo del fin de las grandes hidroeléctricas en ese país. La afirmación está respaldada por la ausencia de varios de esos proyectos en el nuevo Plan Decenal de Expansión de Energía de la nación sudamericana.

El giro es particularmente significativo siendo Brasil una potencia mundial en la construcción de grandes hidroeléctricas, proyectos con los que hasta hace unos meses contaba para atender la creciente demanda energética nacional.

Entre corrupción y falta de financiamiento

La decisión responde a diversos factores, incluyendo los conflictos sociales y los impactos ambientales que las grandes represas han generado, así como la oposición a ellas de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Además, estas obras han implicado altos costos y, como afirmó Edvaldo Santana, ex director de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) a O Globo, “acaban costando mucho más, a pesar de las licencias”.

De hecho, las grandes represas han estado en el centro del escándalo de corrupción destapado por la investigación denominada Lava Jato, el más grande en la historia de Brasil y que traspasó sus fronteras al implicar a políticos y empresarios de 11 países latinoamericanos. La evidencia encontrada motivó incluso el inicio de Leviatán, una investigación especial sobre la represa Belo Monte por los indicios de elevados pagos en sobornos relacionados con su construcción.

Lo anterior se suma a los requerimientos para las licencias ambientales que algunos proyectos no han cumplido. Es el caso de Belo Monte, cuya licencia lleva meses suspendida, o de la represa Tapajós, cuya licencia fue negada el año pasado.

De otro lado, el gobierno brasileño anunció la privatización de Electrobras, empresa pública con un rol fundamental en la construcción de estas grandes infraestructuras. Con ello y con la crisis económica que ha afectado la capacidad del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para apoyar estos proyectos, las grandes represas han perdido sus principales fuentes de financiamiento.

Por ende, y ante los avances tecnológicos y las alternativas energéticas, Brasil comienza a dejar atrás a las grandes represas y da un paso importante hacia la verdadera energía sostenible, una que además respete los derechos humanos.

Este avance podría tener un impacto importante en todo el continente americano y comenzar una ola de cambios hacia una matriz energética más moderna y alejada de las cada vez más obsoletas hidroeléctricas.

Los pueblos indígenas ha sido gravemente afectados por la implementación intensiva de grandes represas en Brasil. | Crédito: Amazon Watch-Maíra Irigaray.

Un cambio necesario

Solo en la cuenca amazónica existen más de 275 nuevas represas planeadas, la mayoría en la región andina. Y hay otros cientos de proyectos hidroeléctricos en fila en Centroamérica y México. De hacer eco de lo anunciado en Brasil, estas iniciativas podrían incorporar una planeación adecuada e integral de energía con evaluaciones serias de costos y riesgos. En esos término, Pablo Pedrosa, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, habló con O Globo. “No estamos dispuestos a hacer movimientos para disfrazar los costos y los riesgos”, aseveró.

Incluso entidades de orden global como la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, han experimentado de primera mano los costos financieros, reputacionales y socioambientales de no evaluar adecuadamente proyectos de grandes represas. En 2012, la CFI, a través del Fondo Latinoamericano de Infraestructura Renovable, financió con 15 millones de dólares la represa Santa Rita, a construirse en el río Ictobay, en Alta Verapaz, Guatemala. A finales del año pasado, el mecanismo de rendición de cuentas de la entidad, concluyó que ésta había incumplido sus políticas operacionales con dicha inversión. Les dio la razón a las comunidades afectadas al concluir que no se había cumplido el proceso de consulta libre, previa e informada.

Aunque la gerencia de la CFI negó los hallazgos de su mecanismo de rendición de cuentas, el proyecto está suspendido desde 2013 y las comunidades indígenas de la zona mantienen su oposición al mismo.

La reciente decisión de Brasil refuerza la tendencia mundial de alejarse de las grandes represas. Incluso en Estados Unidos, desde hace algunos años, se están removiendo represas para rescatar ríos y los beneficios que brindan. Es el caso del río Snake y la pesca del salmón en Washington.

Ante este buen inicio de año, será esencial vigilar que Brasil implemente efectivamente su decisión. Y, siguiendo ese ejemplo, seguro otros países andino-amazónicos pueden avanzar también hacia la modernidad, considerar los costos reales de las grandes represas y promover mejores alternativas, más baratas y que no se lleven por delante a ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos.