Por Florencia Ortúzar y Monti Aguirre*
(Texto publicado originalmente en Animal Político)
La energía hidroeléctrica fue uno de los principales motores de desarrollo para muchos países de Latinoamérica, y aún representa parte importante de la matriz energética de la región. Pero ¿es realmente la mejor opción, considerando la experiencia y el contexto actual?
A propósito de un texto publicado en “Energía para el futuro”, blog del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hemos reflexionado sobre lo que significa seguir apostando por grandes hidroeléctricas en la región.
A continuación, las tres razones por las que creemos que no son la mejor opción:
Antes de elegir una alternativa energética, debe existir una planificación estratégica que analice necesidades de energía y la mejor forma de atenderlas. En este análisis se deben considerar todas las opciones posibles, para asegurar que la escogida sea la más beneficiosa. Es preocupante que esto no suceda. Por ejemplo, para la construcción de la represa Hidroituango, pensada para ser la más grande de Colombia y asociada con graves daños socioambientales, el gobierno decidió no hacer una evaluación previa de alternativas. Aunque la ley no lo exigía en su momento, era recomendable y es un estándar internacional mínimo que al menos las grandes instituciones financieras deberían aplicar al invertir en proyectos de este tipo.
Hoy, otras fuentes energéticas, como la eólica y la solar, han demostrado ser económicamente competitivas, más rápidas de echar a andar y menos vulnerables ante un clima cambiante que las grandes hidroeléctricas. Las innovaciones en redes inteligentes, almacenamiento y baterías resuelven el problema de la intermitencia, haciendo innecesarias nuevas hidroeléctricas. Además, están la geotermia, la energía de las mareas y las olas y otras alternativas cuyo potencial ni hemos vislumbrado.
La promoción de grandes hidroeléctricas retrasa la implementación de soluciones hacia la transición energética que la región y el planeta necesitan. De hecho, según estudios del mismo BID, América Latina tiene la mayor cantidad y variedad de fuentes de energía renovable en el mundo; y sus recursos renovables podrían proporcionar casi siete veces la capacidad eléctrica instalada a nivel mundial, excluyendo a las hidroeléctricas. Por ello, aunque la región tenga aún un alto potencial de energía hidroeléctrica sin aprovechar, es preciso hacer una evaluación integral de la situación, incluyendo de costos y beneficios frente a las demás opciones energéticas posibles. Solo entonces puede decidirse si conviene seguir explotando el potencial hidroeléctrico restante, o si es mejor optar por otros tipos de energía, evitando los impactos ambientales, sociales y hasta financieros que la hidroelectricidad implica.
Se ha demostrado recurrentemente que los daños socioambientales causados por hidroeléctricas son ampliamente mayores que lo inicialmente considerado. Además de desplazamientos forzados y criminalización de quienes se oponen a ellas, las represas inundan tierras, reducen el flujo de los ríos y cambian la naturaleza de los estuarios, destruyendo ecosistemas y causando incluso la extinción de especies. Todo esto impacta la vida de las comunidades aledañas, saboteando también sus posibilidades de adaptarse al cambio climático.
En términos económicos, un estudio de la Universidad de Oxford, que analizó cientos de represas construidas alrededor del mundo, concluyó que "incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para generar un rendimiento positivo". El estudio evidencia que los presupuestos para construir grandes represas y los tiempos que tardan en estar operativas son sistemáticamente subestimados. Un ejemplo lo dio la represa Belo Monte, que costando el doble de lo presupuestado, resultó ser la obra pública más cara que se ha implementado en la Amazonía; o el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en Chile, cuyo presupuesto se ha doblado más de cuatro veces desde que su construcción fue autorizada en 2009.
En algunos países se ha optado por el desmantelamiento de grandes represas, reconociendo que sus costos han sobrepasado los beneficios; y algunas empresas privadas han descartado proyectos hidroeléctricos, por no ser viables ni rentables. Estados Unidos adoptó, como política de Estado, rechazar cualquier préstamo, donación, estrategia o política para apoyar la construcción de grandes hidroeléctricas.
El cambio climático es uno de los aspectos que urge considerar al hablar de la pertinencia de la hidroelectricidad. Los embalses de las grandes represas generan cantidades significativas de gases contaminantes, especialmente metano, un gas de efecto invernadero 30 veces más potente que el CO2. Asimismo, su construcción daña sumideros naturales de carbono, incluidos bosques y ríos. Por esto, antes de optar por una hidroeléctrica, se deben hacer análisis sobre emisiones de CO2 y metano, lo que no necesariamente ocurre actualmente.
Otro aspecto a considerar es la vulnerabilidad de estos proyectos ante las variaciones del clima. Las precipitaciones extremas aumentan la sedimentación en las represas, reduciendo su vida útil; y las sequías, cada vez más frecuentes, las tornan ineficientes. Mientras más represas pierden eficiencia, Latinoamérica, altamente dependiente de la hidroelectricidad, es más vulnerable energéticamente.
Más grave aún es que las represas son peligrosas ante eventos climáticos extremos. Así lo demostró, por ejemplo, la crisis en Laos, donde una represa “cedió” ante el mal clima, haciendo desaparecer poblados completos. En Virginia, Estados Unidos, se han ordenado evacuaciones masivas por el riesgo de que una represa colapse por las lluvias; y en Kerala, India, las lluvias torrenciales, sumado al mal manejo de varias represas, han causado inundaciones sin precedentes. En ciertos países, ya es un problema serio reconocido que, con el tiempo, más y más plantas hidroeléctricas sean reportadas peligrosas, lo que requiere grandes inversiones para resguardar a las poblaciones aguas abajo.
Como representantes de la sociedad civil, trabajando por una región más justa y sostenible, instamos a que instituciones financieras como el BID apoyen el cambio que necesitamos. Esperamos entonces que dejen de invertir en grandes proyectos hidroeléctricos, que han demostrado una y otra vez ser dañinos para el ambiente y para comunidades locales, ser costosos para los países y poco flexibles en tiempos de cambio climático.
Ya es tiempo de una mejor planeación energética y de invertir en proyectos de energía renovable no convencional, basados en estudios de impacto social y ambiental completos, independientes y de la más alta calidad, y cuya planificación e implementación respete los derechos humanos.
* Florencia Ortúzar es abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA y Monti Aguirre es coordinadora del Programa para Latinoamérica de International Rivers.
Florencia Ortúzar es chilena y abogada sénior de AIDA, trabajando desde Santiago de Chile. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una Maestría en Políticas de Medio Ambiente y Regulación por el London School of Economics de Inglaterra. Florencia se unió al equipo de AIDA en mayo de 2012 y colabora con los programas de Clima y de Ecosistemas. Florencia disfruta pasar tiempo con sus mascotas, cocinar, acampar y realizar senderismo (trekking).
