¿Quién podrá defendernos si se debilita el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? | Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA) Skip to content Skip to navigation
04 de Junio de 2012

Por Astrid Puentes, co directora de AIDA, @astridpuentes 

Escribo este blog desde Cochabamba, a donde vine para asistir a la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Es la primera vez que vengo, tanto a Bolivia como a una Asamblea General. Consideramos que había que participar para, entre otros, aportar nuestro esfuerzo hacia verdaderamentefortalecer el Sistema Interamericano” y prevenir que algunas propuestas de Estados puedan resultar en menor independencia y efectividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nuestro objetivo es reiterar la autonomía y rol de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por ende, la posibilidad para proteger los derechos humanos en la región. O sea, proteger sus derechos, los míos y los nuestros.

El resumen de una historia compleja: el proceso de “fortalecimiento” lo iniciaron algunos Estados en el 2011, después de sólo dos años en que se habían modificado los Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas reacciones de los Estados vinieron después de llamados de atención de la Comisión por situaciones de derechos humanos en sus países. 

El año pasado se creó un Grupo de Trabajo para evaluar cómo se podría “fortalecer” al Sistema Interamericano. Este Grupo produjo su informe, que la Comisión ya respondió, respecto al cual también nos pronunciamos las ONG

Hace unos días el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, publicó un informe al respecto, que personalmente considero inadecuado, dado que varias de sus recomendaciones implicarían debilitar, en lugar de fortalecer, el Sistema. Por ejemplo, dice el Secretario que “Existe pues un vacío en el Estatuto de la Comisión sobre la figura de las medidas cautelares que puede ser llenado por… la Asamblea General de la OEA”.

Vale la pena mencionar que es la Comisión quien determina su propio Reglamento, justamente como una de las herramientas que aseguran su independencia. 

El informe de Insulza dejó por fuera elementos respecto a los cuales se le había pedido pronunciarse, como opciones para mejorar el financiamiento al Sistema Interamericano. Por ende, de acogerse sus recomendaciones, el resultado sería contrario al objetivo que tanto el Secretario Insulza como los Estados, han establecido como meta última. Afortunadamente en las declaraciones durante la Asamblea General, el Secretario desestimó algunas de las recomendaciones lo que podría implicar que ya van perdiendo fuerza.

Tres de los puntos importantes del proceso de “fortalecimiento” que se discutirán durante los próximos días en la Asamblea en Cochabamba y que seguramente continuarán después, incluyen:  

  • Financiamiento para la operación del Sistema Interamericano: un elemento sin duda esencial pues no puede pedirse a la Comisión ser eficiente con sus funciones con un presupuesto irrisorio;
  • Unificar de manera constructiva” lo que los Estados y la CIDH entienden por las medidas cautelares: un tema presentando por algunos Estados y recogido por el Secretario Insulza. Esto último francamente sorprende justo por venir del propio informe del Secretario por dos razones: a) acatar lo que el Sistema dicte es parte del acuerdo mismo de los Estados al crearlo, y b) porque la Corte Interamericana ha sido muy clara al concluir que las medidas son obligatorias. De los Estados puede preverse, ¿a quién le gusta un jalón de orejas, aunque sea suave, que además sean públicas en los medios? Lo que no implica que no estén razonadas.
  • Si la Comisión debería tener un rol más de promoción que de protección. Es decir si debería asesorar más a los Estados respecto a los derechos humanos, o dedicarse a atender las quejas que por violaciones a los derechos humanos llegan.

 Los jalones de orejas

Crédito: OEA

Para entender el proceso es importante tener en cuenta las motivaciones que han surgido de los Estados para promover estos cambios.  Así, casualmente Estados como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela quieren “fortalecer” el Sistema, contra los cuales la CIDH ha dictado importantes decisiones recientemente:

1.-A Brasil le solicitó suspender la construcción de la represa Belo Monte por violar derechos indígenas y destruir el ambiente,

2.-El Informe de Democracia y Derechos Humanos en Venezuela evidenció serias violaciones,

3.-Las graves violaciones a derechos humanos en Colombia han sido varias veces incluidas en el capítulo IV del informe anual,

4.-A Ecuador le han llamado múltiples ocasiones la atención de la Relatoría de Libertad de Expresión, entre otros.

Juez y parte

Si en lugar de Estados habláramos de un director cuya organización está a punto de contratar a un familiar suyo, sin duda debería declararse impedido para involucrarse en el proceso por el conflicto de intereses.  O si, en la final del Mundial de Futbol el árbitro fuera de la misma nacionalidad de uno de los equipos, claramente habría protestas del otro equipo.

Dado que estos impedimentos no existen en la OEA, pues obviamente son los mismos Estados contra los cuales llegan quejas a la Comisión quienes en la Asamblea podrían modificar sus funciones, es justo por ello que se requiere la voluntad para no intervenir aún cuando no compartan sus decisiones.

Es vital que los Estados reconozcan en el discurso y en la realidad, la independencia del Sistema Interamericano. Que reiteren su compromiso con los acuerdos suscritos hace más de 60 años y respalden a los órganos que crearon, justamente para garantizar justicia en caso que a nivel interno hubiera fallas para el respecto de los derechos humanos. (Ver texto en inglés).

Sobre el Autor

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Astrid Puentes

Astrid Puentes Riaño es una de las dos Codirectoras Ejecutivas de AIDA y responsable de los esfuerzos legales y del manejo de la organización. Astrid es colombiana y trabaja con AIDA desde 2003 y, desde Ciudad de México, a partir de 2004. Cuenta con amplia experiencia vinculando la protección ambiental, los derechos humanos y el cambio climático, impulsando justicia climática como eje central. Por más de veinte años ha trabajado en litigio en interés público, especialmente con respecto a la relación entre derechos humanos, ambiente y cambio climático. Ella tiene un LL.M. (Maestría en Derecho) en Derecho Comparado de la Universidad de Florida, una Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, y obtuvo su grado como abogada de la Universidad de los Andes, Colombia. Astrid también ha impartido clases y seminarios en derechos humanos, ambiente y cambio climático en varias instituciones incluyendo American University en Washington, Estados Unidos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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