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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
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Los objetivos de la reunión eran múltiples: informar sobre las consecuencias medioambientales del proyecto, permitir que los interesados presenten sus quejas y preguntas, y lograr que la SEMARNAT saque sus conclusiones sobre las medidas a tomar respecto del proyecto. La desinformación de los pueblos indígenas Los exponentes de la CFE aseguraron que todos los interesados habían sido debidamente informados del proyecto mediante campañas y reuniones púbpcas en las locapdades afectadas. Sin embargo, como ya señaló Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, en un post anterior, los pueblos indígenas afectados por la hidroeléctrica no fueron consultados previamente ni debidamente informados. Uno de los mayores fallos fue la incapacidad de la CFE de presentarles el proyecto en su lengua nativa. En la reunión fue posible evidenciar que si bien algunos miembros de las comunidades indígenas hablan español habitualmente, la mayoría de ellos tiene un vocabulario muy restringido para hablarlo y entenderlo. Además, si a un hispano-hablante puede tomarle hasta un par de semanas comprender todos los aspectos económicos, ecológicos y sociales de un proyecto de esta magnitud, es casi imposible pretender que personas que entienden poco el castellano puedan captar los detalles de un proyecto cuya exppcación no les fue dada en su lengua originaria. De igual manera, no se trata sólo de traducir, sino también de darle seguimiento al proceso de informar. Nos percatamos de ese detalle un día después de la reunión, cuando participamos en una asamblea extraordinaria en Rosarito, poblado habitado por miembros de la comunidad Cora. Allí constatamos que no se trata únicamente de pedir información. Se requiere además tiempo suficiente para entenderla. Estas personas no tienen internet. Algunos viven a más de dos horas caminando del centro del pueblo. No todos hablan español con frecuencia y ninguno es ingeniero medioambiental. ¿Cómo se puede afirmar que estas comunidades están informadas si no se ha reapzado un seguimiento apropiado del proceso? ¡No es obpgación del afectado buscar información, es deber de la CFE proporcionarla y garantizar su entendimiento! Las quejas de los participantes En su mayoría, los 66 exponentes —miembros de las comunidades indígenas, de organizaciones no gubernamentales, académicos, habitantes y trabajadores de la región— presentaron diversas quejas con relación al proyecto Las Cruces. Mientras que los miembros de las comunidades indígenas reclamaron respeto a sus derechos y pidieron que la hidroeléctrica no obtenga el permiso ambiental para su construcción, los representantes de las ONG y los académicos resaltaron las deficiencias de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. Entre ellas figuran: El incumppmiento de obpgaciones internacionales y nacionales que protegen el área de Marismas Nacionales (apmentada por el río San Pedro Mezquital); El incumppmiento de obpgaciones internacionales y nacionales que reconocen el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas; Los fallos metodológicos en la obtención de información y en el anápsis de los impactos medioambientales. Por ejemplo, la MIA reporta sólo ocho especies de anfibios afectados cuando en reapdad habrían unas 17, de las cuales cuatro son especies amenazadas; La ineficiencia del proyecto y, en consecuencia, su innecesaria ejecución. La falta de comunicación eficiente y completa sobre las medidas de mitigación. Por ejemplo, la CFE garantiza que el proyecto no alterará el caudal del río y que los niveles de agua serán los mismos después de su construcción, pero no presenta la información necesaria para determinar que ello será realmente así; Preguntas y ¿respuestas? En el marco de la Reunión Púbpca de Información se organizó una sesión de preguntas y respuestas de más de dos horas de duración. La mayoría de los interesados no obtuvo respuestas satisfactorias. En múltiples ocasiones, los miembros de la CFE dieron respuestas vagas y poco detalladas a preguntas sumamente importantes y que en gran medida abordaban las quejas expuestas a lo largo de la reunión. Asimismo, muchas preguntas se referían a elementos exppcados en la MIA y las respuestas a ellas eran copias orales de lo expuesto en ese documento, algo que evidencia la ineficiencia de la CFE para poder (o querer) aclarar las dudas de los participantes. Por otra parte, la entidad estatal fue incapaz de resolver las inquietudes de los pueblos indígenas en cuanto a la afectación de sus sitios sagrados y ceremoniales, como es el caso de la Muxatena. Este punto no pasó desapercibido para los observadores de derechos humanos que asistieron a la reunión. La labor de la SEMARNAT La reunión de información debe permitir que la SEMARNAT decida si otorga o no el permiso ambiental para la construcción proyecto o, en su defecto, sopcite información suplementaria a quien promueve la hidroeléctrica. Dadas las irregularidades y fallas reveladas a lo largo de la Reunión Púbpca de Información, es de esperar que la SEMARNAT pida información suplementaria a la CFE antes de tomar una decisión. De igual manera, ahora es cuando cualquier persona interesada en Las Cruces puede presentar sus argumentos factuales y jurídicos para aclarar o refutar las informaciones, hechos y procesos presentados por la CFE en el ámbito medioambiental. Aunque dicho procedimiento busca informar a todos los interesados y afectados por el proyecto, cualquier información suplementaria y queja suministrada luego de la reunión no da lugar a una respuesta púbpca. Cualquier información nueva que suministre la CFE será confidencial. De ese modo, quien habiendo asistido a la reunión se vea afectado por el proyecto y tenga dudas sobre los diferentes aspectos y consecuencias de su ejecución, ¡no podrá saber más de las aspiraciones y propuestas de la CFE antes que la SEMARNAT tome una decisión! ¡Al cabo de una reunión de información en donde reinó el descontento y la desinformación de los habitantes de la cuenca del río San Pedro Mezquital y ante las muchas irregularidades de la MIA, las múltiples violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y las irreparables consecuencias medioambientales que imppca el proyecto, es primordial sopcitar que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces no sea autorizada! ¡No a la hidroeléctrica las Cruces!
Leer másBelo Monte: ¡Nunca nos rendiremos!
Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi No vamos a darnos por vencidos. Ese es el lema de AIDA en defensa de los derechos de los brasileños que se enfrentan a la reubicación forzosa a medida que la construcción de la mega-represa Belo Monte continúa avanzando en la Amazonía. El Gobierno de Brasil está construyendo la tercera represa más grande del mundo sobre el río Xingú bajo el pretexto de satisfacer una creciente demanda de energía. Uno de los costos de la represa es, según cifras oficiales, el desplazamiento de al menos 20,000 personas de comunidades indígenas y ribereñas. Sus tierras tradicionales serán inundadas y sus formas de vida, destruidas. Pero la gente del Xingú no se dejará acallar y se ha organizado para luchar por sus derechos. El gobierno está tan decidido que ha hecho uso de espías para infiltrarse en el movimiento que se opone a la represa. Ha desplegado a las fuerzas de seguridad pública para patrullar el sitio de construcción y disolver las protestas. Y planea reforzar los controles en junio y julio, cuando la atención del mundo se centrará en Brasil por la Copa Mundial de Fútbol. Además, ahora el Gobierno brasileño quiere criminalizar las protestas contra proyectos de infraestructura, aun cuando las comunidades afectadas sólo están expresando su consternación tras habérseles negado el derecho constitucional básico e internacionalmente reconocido de manifestar su posición sobre lo que ocurre. ¿Tirar la toalla? Nosotros no. Con tus donativos, AIDA está trabajando para asegurar que a la gente del Xingú se le garantice el derecho a ser escuchada, a ser consultada, y a vivir en un ambiente sano. Uno de los objetivos de la estrategia de AIDA es hacerle frente a un instrumento legal llamado Suspensión de Seguridad, establecido en Brasil durante la dictadura militar. Los Tribunales han utilizado dicho instrumento en reiteradas ocasiones para “proteger el interés público” e invalidar decisiones de tribunales inferiores que, como en el caso de Belo Monte, han ordenado detener la construcción de la represa hasta que el gobierno consulte a las comunidades afectadas y les brinde protección y compensación adecuadas. El 10 de marzo, en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Alexandre Sampaio, abogado de AIDA, explicará cómo Brasil está usando la Suspensión de Seguridad para violar los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil. Además, a través de la preparación y presentación de escritos legales, estamos abogando para que el Supremo Tribunal rechace la aplicación de la Suspensión de Seguridad y determine que el proyecto Belo Monte fue ilegal desde el inicio. También hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analice las implicaciones de la Suspensión de Seguridad para los derechos humanos. AIDA realiza todo este trabajo de forma gratuita para las personas a las que ayuda. Tus donaciones a través de Global Giving son un apoyo fundamental para que los abogados y abogadas de AIDA lleven adelante este importante y desafiante trabajo legal, el cual empodera a las comunidades amazónicas para que defiendan sus derechos. Considera por favor hacer otro donativo en apoyo a este trabajo, ayudando a nuestra “nunca-nos-rendiremos” lucha contra Belo Monte. Con gran aprecio, El equipo de AIDA
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