Project
Shutterstock.
Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
Proyectos relacionados
Financiamiento verde: fuentes, preparación y el destino de la ayuda
Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. El financiamiento destinado a combatir el cambio climático ha estado muy presente en los eventos paralelos a la COP19. Los aspectos discutidos en torno a ese tópico incluyen el origen de los recursos, la preparación previa a la movilización de los mismos, y el destino del apoyo financiero traducido en acciones que aporten de forma real a solucionar el problema. persificando las fuentes de financiamiento del Fondo Verde Climático (FVC) El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y la Climate Markets and Investment Association (CMIA) organizaron un evento para discutir sobre ese tema, así como acerca de los instrumentos necesarios para movilizar los fondos del FVC. Giles Dickson, vicepresidente de Política Ambiental y Promoción Mundial del conglomerado multinacional de energía y transporte Alstom, dijo que para que el sector privado participe con recursos económicos, deben crearse en el Fondo mecanismos de incentivos y marcos de inversión en forma de préstamos. Es importante romper con el mito de que el sector privado utilizará recursos públicos para su beneficio, pues su intención real es contribuir a los instrumentos financieros en los que el sector público tiene participación, destacó. Por su parte, Jeanne Ng, directora de Asuntos Ambientales de la compañía de electricidad CLP Group, con sede en Hong Kong, afirmó que el sector privado ya realiza proyectos de financiamiento para energías renovables sin el uso de recursos públicos. Por ello, añadió, es necesario que el Fondo tome en cuenta esos esfuerzos para integrarlos en sus objetivos y que los recursos públicos no vayan a proyectos que ya están siendo atendidos. Sobre las atribuciones que tendrían que incluir al sector privado en las inversiones del Fondo, Ng señaló que no es posible que el FVC comercialice productos bajos en el uso de carbón sin la ayuda de instituciones privadas. Para Vikram Widge, jefe de Finanzas y Política sobre Clima de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Fondo debe tener un rol participativo para capitalizar los recursos financieros y generar ganancias. Los instrumentos financieros deben garantizar la estabilidad de los recursos privados y el desarrollo de los países, puntualizó. Según Dickson, la participación del sector privado puede hacerse por tres vías: en proyectos a nivel local y municipal, mediante la promoción tecnológica, y a través de la elaboración de proyectos provenientes de empresas privadas. Ello sólo sucederá si los gobiernos llevan a cabo políticas económicas que garanticen resultados positivos, aclaró. Preparación de la ayuda Esta cuestión fue el centro de la discusión en otro evento paralelo, denominado Rolling up the sleeves for the Green Climate Fund: Expectations and experience from building GCF readiness, en el que representantes de diferentes países expresaron su parecer: Sudáfrica. Zaheer Fakir, principal asesor de políticas en el Departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica, señaló que hace falta un país líder para conducir los proyectos del Fondo, algunos de los cuales están diseñados para problemas ambientales específicos. Hay cosas que no pueden ser replicadas pues dependen de la capacidad institucional de cada país, remarcó. No se trata sólo de dar dinero a entidades nacionales, ya que existen problemas de lavado de dinero y acceso directo a los recursos financieros. Los recursos deben utilizarse para proyectos con un potencial de transformación y cuyo destino no debe de ser únicamente actividades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, complementó. Al respecto, Richard Calland, profesor asociado de derecho público en la Universidad de Cape Town, elaboró un estudio sobre la preparación de cada país. En él menciona tres requisitos indispensables: debe ser relativo, responsivo y razonable. Al identificar dificultades nacionales en temas de planeación, propuso que el Estado forme alianzas financieras con instituciones de investigación. No se trata de la capacidad de implementar los recursos financieros, sino de usar la máxima capacidad posible, explicó. Por último, en el tema de acceso a los recursos financieros, hizo un llamado a pensar en cuáles serán las modalidades, los estándares fiduciarios y las salvaguardas. Alemania. Norbert Gorben mencionó que se está considerando la posibilidad de participar y contribuir el próximo año al FVC con 14 mil millones de euros a través de esquemas bilaterales y de organizaciones multilaterales. Recordó que la Junta Directiva del Fondo debe pedir a la Secretaría que se tomen acciones de preparación para empezar a implementar programas y movilizar los recursos lo antes posible. Alemania quiere dar apoyo en las áreas que cada país requiera de forma específica, añadió Ina Von Frantzius, asesora sobre política y financiamiento climático del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo. Perú. Gabriel Quijandria, viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, señaló que junto con el Ministerio de Finanzas se trabaja en un programa de modernización del Estado en el que se discute la creación y establecimiento de una entidad nacional encargada de implementar y administrar los fondos una vez que el FCV comience a operar. La preparación, agregó, no es un concepto fácil, sino un tema que involucra actitud. Para definirlo es necesario poner más atención a la perspectiva de las comunidades pobres, indicó. Como ejemplo citó a los agricultores que usan seguros internacionales contra los efectos de fenómenos climáticos como El Niño. El destino de los recursos El financiamiento de países del sur para también países del sur parece una tendencia creciente en el mundo en desarrollo. En su mayoría, los recursos provienen de los sectores privados de esos países y son destinados a proyectos relacionados con políticas públicas. El tema fue abordado en otro evento paralelo a la COP19 en Varsovia: Developing Countries in the Driving Seat for Accelerating Green Finance. Al respecto, Monique Barbut, jefe de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD por sus siglas en inglés), dijo que lo prioritario es saber a dónde va el dinero exactamente, ya que los recursos financieros para el clima provienen en un 60% de inversiones del sector privado, y gran parte de ese dinero va a proyectos de energía renovable, lo cual no es suficiente para combatir el cambio climático. Aproximadamente un 48% del flujo gubernamental se destina a proyectos de adaptación relacionados con el uso sustentable de la tierra, añadió. Sobre la importancia del destino de los recursos, aclaró que la misma depende de los beneficios sociales que se generen. Aquellos fondos relacionados con proyectos sustentables pueden significar menos migración, pobreza e inseguridad para las comunidades vulnerables, explicó. Zaheer Fakir, representante del Gobierno sudafricano, habló sobre liderazgo. En su criterio, a los países del sur les interesa mucho más actuar para combatir el cambio climático que a los países del norte, y es por ello que se muestran más abiertos a poner su dinero en el mercado. “No nos podemos sentar a esperar que un proceso multilateral se ponga de acuerdo”, ya que es ahora cuando los países sufren de pobreza extrema, desempleo, jóvenes sin educación y otros problemas que los hacen volver a casa y actuar en lugar de esperar. “¿Cómo se puede mejorar la vida de las personas en casa?”, preguntó Fakir. Se trata de “ser verde”, de involucrar a las comunidades, a los grupos indígenas y a todos los niveles de la sociedad en proyectos verdes, respondió. Más que la procedencia de los fondos, lo importante es si se invierte o no en tecnologías relevantes para la resolución de problemas climáticos en un país, aseveró Nick Beglinger, presidente de Swisscleantech, asociación empresarial de tecnología limpia con sede en Zurich. Los negocios pueden hacer dinero al mismo tiempo que ayudan al ambiente, subrayó. También dijo que es necesario empezar a innovar en las finanzas verdes. Propuso revisar el uso del dinero público de los fondos de pensiones para alcanzar metas comunes entre la sociedad y el gobierno, ya que los pensionistas son los inversores ideales para planes a largo plazo. En ese tema, agregó, no existes muchas diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados, por lo que las pisiones entre sur y norte deberían ser eliminadas con miras a que los fondos funcionen de forma eficiente sin importar su procedencia.
Leer más
Políticas públicas para cambio climático en América Latina
Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. En un evento paralelo a la COP19, CANLA y PCL —dos de las redes climáticas más importantes de la región— expusieron sobre la actualidad, los avances, las necesidades y retos en materia de políticas nacionales para combatir el cambio climático en América Latina. Daniel Ryan, de FARN, presentó un estudio comparado de distintos países de la región cuyo marco conceptual se basó en decisiones tomadas por agencias de gobierno, normas legales, metas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Los resultados del estudio dan cuenta que en América Latina existe un aumento significativo en la elaboración de políticas sobre cambio climático a nivel nacional, pero que persisten serias deficiencias en su implementación. De acuerdo con los reportes nacionales, ello se debe en gran parte a la falta de recursos y de capacidad del Estado para ejecutar planes y programas. Carlos Rittl, del Observatorio do Clima de Brasil, mencionó que ese país cuenta con una excelente red de monitorio de gases de efecto invernadero, lo que permite analizar las estrategias necesarias para reducir dichas emisiones. Para Brasil, añadió Rittl, es esencial abordar el tema del cambio climático debido a su vulnerabilidad ante las consecuencias del mismo: el país ha experimentado cambios de clima extremos. Según Rittl, Brasil tiene estrategias nacionales para combatir el cambio climático desde 2005, contando desde 2009 con una Estrategia Nacional para el Cambio Climático. Sin embargo, mencionó, uno de los retos más grandes es armonizar los marcos legales locales y coordinar con los distintos niveles de gobierno. Por último, Rittl señaló que el reto más importante para Brasil es mejorar los mecanismos de transparencia y acceso a la información. En el evento se habló de la necesidad de formar coaliciones políticas a nivel regional para conseguir el logro de objetivos generales ante los retos climáticos más importantes. Estos objetivos son los siguientes: integrar una agenda climática para el desarrollo de políticas sectoriales, posicionar las políticas sobre cambio climático en escenarios institucionales centrales, y construir coaliciones sociales y políticas más amplias. Sobre el caso mexicano, Mariana Castillo, del CEMDA, se refirió a los recientes avances que en materia de políticas de cambio climático implicó la puesta en vigor de la Ley General de Cambio Climático. Esa norma establece la estructura institucional mexicana para hacer frente a las necesidades del país de políticas tanto de adaptación como de mitigación. Además, plantea la creación de un Fondo Verde Nacional y del INECC: un instituto integrado por académicos, sociedad civil y gobierno para realizar investigaciones relacionadas con el cambio climático y mejorar así las estrategias en ese ámbito. En el cierre del evento, la ambientalista Mónica Anaya dijo que al ser el cambio climático tan importante para América Latina, las actuales estrategias en la región necesitan renovarse y ser mejoradas pues no están funcionando. Apuntó asimismo a la urgencia de llevar adelante un proceso más democrático para tomar decisiones sobre lo que se está haciendo y alcanzar soluciones tangibles.
Leer más
Financiamiento para cambio climático: necesidades y expectativas
Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. Al hablar de los recursos económicos necesarios para hacerle frente al cambio climático, la discusión en la plenaria de la COP19 se enfocó en tres temas: financiamiento a largo plazo, el reporte del Comité Permanente, y reporte del Fondo Verde Climático (FVC) a la COP. Financiamiento a largo plazo Filipinas. Remarcó que ese tipo de financiamiento es crucial para los países en desarrollo y que los acuerdos a los que se llegue en 2015 dependerán de qué tan lejos esas naciones estén dispuestas a llegar. Se necesita “claridad sobre la cantidad específica [de recursos] y las actividades a las que el financiamiento estará dirigido. Pero hasta ahora la situación se puede calificar como desastrosa”, expresó el delegado filipino. Egipto. Su delegado, a nombre del grupo africano, señaló que “los acuerdos de 2015 definitivamente dependerán de qué tan lejos se llegue en la administración de los fondos para el clima; la meta de alcanzar los 2°C y la movilización de los 100 mil millones de dólares son aspectos urgentes”. Unión Europea. Reafirmó el compromiso de movilizar fondos para el cambio climático con la esperanza de que el Fondo Verde Climático incremente su financiamiento en el tema de adaptación. Malpas. La delegación mencionó la necesidad de lograr un equilibrio entre el financiamiento que se otorga para mitigación y el que se concede para adaptación al cambio climático. Se trata de un tema esencial para los países en desarrollo, resaltó. Colombia. Su delegado urgió a que se trabaje de forma continua en el financiamiento para el cambio climático. Hasta ahora, considera, las acciones realizadas al respecto se encuentran estancadas. Contar con los 100 mil millones de dólares comprometidos para financiar acciones de mitigación y adaptación es una tarea también apremiante, agregó. Reporte del Comité Permanente Filipinas. El Comité tiene mucho trabajo por hacer, en especial en lo referente a temas de transparencia y acceso a la información, manifestó el delegado a nombre del G77. “Es necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo, verificación y reporte antes del 2015” y que el tema del financiamiento adicional sea abordado en su totalidad, subrayó. Egipto. En la misma línea que Filipinas, esta delegación enfatizó la urgencia de brindar apoyo a los mecanismos de verificación, monitoreo y reporte. Bolivia. El delegado de ese país se refirió al acceso a los fondos, asunto que calificó como “piedra angular para abordar los impactos del cambio climático”. Se requiere para ello del apoyo de todos los países, añadió. Reporte del Fondo Verde Climático (FVC) a la COP Los co-presidentes del FVC dijeron que el mismo debe ser ambicioso e ir en aumento. Mencionaron además la importancia de lograr un balance entre los apoyos para mitigación y adaptación en la lucha contra el cambio climático, y de movilizar los recursos financieros antes de mediados de 2014. Al respecto, los países manifestaron lo siguiente: Filipinas. Existen muchas expectativas sobre el Fondo, indicó ese delegado. A tres años de la COP en Cancún, sostuvo, ya es tiempo de empezar a mover el dinero. Egipto. La movilización de fondos debe ser optimizada lo más pronto posible y el Fondo debe sosteniblemente concentrarse en financiamiento para el cambio climático, se señaló desde esa delegación. India. Según esa delegación, los acuerdos que se alcancen en 2015 dependerán del financiamiento para el clima que exista en ese momento. Se reiteró la idea del equilibrio entre mitigación y adaptación en torno al Fondo. Zambia. “Se debe colocar 50% de los fondos en adaptación”, los cuales deberían servir al mismo tiempo a programas de reducción de la pobreza en grupos vulnerables, expresó su delegado. Malpas. Sobre la importancia de movilizar los recursos financieros de manera rápida, ese delegado exhortó a que esos fondos estén disponibles antes de la COP20 en Lima. Uganda. Su delegado recordó a los presentes que el cambio climático no está esperando a que los recursos comiencen a movilizarse.
Leer más