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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

“Costa Rica sin ingredientes artificiales”: ¡No olvidemos esa premisa!

Por Gladys Martínez, asesora legal de AIDA Por varios años, la frase “Costa Rica sin ingredientes artificiales” fue la marca del país. Creo firmemente que no debemos perder ese enfoque y que es urgente priorizar la conservación ambiental, en especial la de nuestros arrecifes de coral. Hace un año y medio, en este mismo espacio, expuse la necesidad de que en América Latina se trabajara para preservar los arrecifes de coral. Hoy quisiera pedirle al Estado costarricense que no nos prive del privilegio de disfrutar de los 970 km² de arrecifes de coral que nuestro territorio alberga, y emita cuanto antes un decreto que proteja estos vaposos y preciosos recursos marinos de manera eficiente. Estudios científicos muestran que el 93% de estos 970 km² se encuentran en amenaza grave por la sedimentación, la pesca destructiva y los nutrientes excesivos, entre otros factores. Estoy completamente segura que para quien escucha “Costa Rica”, la palabra le remite de inmediato a imágenes mentales de naturaleza: playas, selvas tropicales, plantas y animales. Le remite en suma a “biopersidad”. Sí, Costa Rica es considerado uno de los 25 países más mega biopersos del mundo. No obstante, el desarrollo débilmente planificado y controlado, y el actuar lento y burocrático en la toma de decisiones, ponen en riesgo esta riqueza natural que nos caracteriza como país. Casi todos conocemos a los arrecifes de coral por su belleza. Los que los han podido ver de cerca durante una inmersión o quienes los han visto en fotos o videos, no pueden negar la empatía que emanan estos ecosistemas únicos.  Adicionalmente, existen también razones económicas que justifican su cuidado y preservación. A continuación citaré brevemente algunos datos de valuación económica de los corales, elaborados por la organización alemana Economía de los Ecosistemas y la Biopersidad (TEEB por sus siglas en inglés) el año 2009: Los arrecifes de coral proporcionan servicios de protección de las costas que podrían valorarse hasta en 189,000 dólares por hectárea cada año. El turismo que atraen (los corales proporcionan las tan atractivas playas de arena blanca) podría valorarse anualmente en un millón de dólares. La pesca se beneficia de los arrecifes como hábitat de especies comerciales. En ese sentido, el valor económico de una hectárea de arrecife podría ser de 3,818 dólares al año, esto sin contar que una provisión de proteína suficiente para apmentar a 300 personas cada año. Por otro lado, Costa Rica tiene obpgaciones internacionales referidas a la protección de los arrecifes de coral. En razón de ellas el país debe, por ejemplo, prevenir y reducir la contaminación marina, y proteger a los arrecifes de coral por ser clasificados como especies amenazadas. Pero sobre todo quiero resaltar en este texto, en razón de la sopcitud expuesta, que Costa Rica está obpgada por la Convención del Mar “a dictar leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino”. ¡Señor René Castro, Ministro de Ambiente y Energía, no tarde más, los corales no nos pueden esperar! Para más información, consulte nuestro informe Los arrecifes de coral en Costa Rica: valor económico, amenazas y compromisos legales internacionales para protegerlos.

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Agua que no has de beber: Los impactos de la fractura hidráulica

Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA Hace unos años observé la fotografía de una gran llamarada proveniente de un grifo de agua. Fue entonces que escuché por primera vez hablar de la fracturación hidráulica (hydraulic fracturing o fracking). Quedé sin palabras. ¿Estamos contaminando el agua hasta convertirla en material inflamable? ¿Hasta dónde llegará nuestro deseo de producir más energía? La fracturación hidráulica es una técnica que permite explotar reservorios no convencionales de gas natural o petróleo, llamados también gas de pelitas o shale/oilgas. Mediante este proceso es posible extraer gas natural o petróleo alojado en poros muy pequeños de rocas de alta concentración de materia orgánica. Se trata de una práctica presente por varias décadas en países como Estados Unidos. Cada vez es más común debido a un avance en la tecnología que permite la perforación horizontal, aquella que facilita alcanzar reservorios antes inaccesibles. ¿Cómo funciona la fracturación hidráulica? El primer paso es ubicar el sitio y perforar verticalmente hasta llegar a los reservorios. Luego se fracturan las rocas perforando horizontalmente. La presión aumenta utilizando agua con químicos y arena para que el gas escape de las rocas y fluya hacia el pozo de producción. Grandes cantidades de agua son utilizadas en la mezcla que se inyecta en las rocas y para el almacenamiento del gas obtenido. Un solo pozo puede requerir 29,000 m3 de agua durante su operación y se necesitan cientos de pozos para que el negocio sea rentable. Al retirar la presión sobre el pozo, los líquidos de fracturación regresan a la boca del pozo. La mayoría de ellos pueden ser recolectados en pocas horas, pero el proceso de retorno puede continuar por varios meses y una porción de los fluidos quedará atrapada en la formación del reservorio, entre los dos y tres kilómetros de profundidad.   Existen documentales con mucha información sobre este proceso y sus posibles beneficios e impactos. Recomiendo ver La sombra del FrackingGasland Impactos asociados con la fracturación hidráulica Un reporte reciente del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), organización participante de AIDA en Argentina, identifica los principales problemas asociados con el fracking: 1. Contaminación del agua: Hay mucha preocupación por las implicaciones del uso de químicos en el proceso de fracturación. Por un lado, los líquidos atrapados en el reservorio podrían contaminar los mantos acuíferos y, por el otro, aquellos que fueron recuperados podrían causar graves daños a la salud.  Estos últimos contienen no sólo los químicos que les fueron agregados antes de la fractura, sino también sales corrosivas y elementos radioactivos presentes de forma natural en la roca. Además, el gas metano podría disolverse en el agua, lo que no cambia su potabilidad, pero sí podría causar explosiones. 2. Contaminación del aire: Se dice que en los próximos años, el gas shale recuperado podría producir más gases de efecto invernadero que la quema de carbón. 3. Agotamiento del recurso hídrico: Debido a las grandes cantidades de agua utilizadas en el proceso, la fracturación hidráulica podría, dependiendo de la región, disminuir el agua disponible para la población. 4. Incremento de la actividad sísmica: Actualmente se estudia la posibilidad de que el aumento de presión en las rocas por la fractura hidráulica sea la causa de una mayor actividad sísmica en zonas aledañas. 5. Daños a la salud: Muchos de los químicos empleados para la fractura hidráulica están presentes en nuestra vida diaria y, al mezclarse con agua para consumo humano, pueden ser sumamente peligrosos. Muchos de los efectos no se presentan de inmediato y van desde alergias en la piel hasta daños en el sistema nervioso y cáncer.  La fractura hidráulica en el mundo: El agua que queremos beber La discusión sobre la conveniencia o no de proyectos de fracturación hidráulica se extiende a nivel mundial. En 2011, por ejemplo, Francia y Quebec (en inglés) declararon una moratoria al fracking hasta que se demuestre que no causa daños al ambiente ni a la salud pública. En otros países también se busca evitar los impactos de esta actividad. Dos de las organizaciones participantes de AIDA, CEDHA y Earthjustice, lideran campañas para que la fractura hidráulica sea prohibida en determinadas zonas de Argentina y Estados Unidos, respectivamente.  Nuestro vecindario (en inglés) puede ser el próximo en enfrentar estas discusiones.  Es hora de leer e informarnos. Debemos actuar rápido para proteger nuestra agua, nuestros recursos, nuestra salud y nuestro futuro.  

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Arrecifes de coral, Océanos

Peligra el Sistema Arrecifal Veracruzano por incumplimiento de compromisos internacionales por parte del Gobierno mexicano

Organizaciones denuncian el hecho ante la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de humedales. Al modificar los límites del Parque Nacional, el gobierno federal busca ampliar el puerto de Veracruz. Distrito Federal, México. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante instancias internacionales la intención del gobierno mexicano de modificar los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) para así ampliar el puerto de Veracruz. Ello es una violación a sus compromisos de conservar y proteger un humedal de importancia mundial. El pasado 19 de diciembre, con motivo de la autorización del proyecto de ampliación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —con apoyo de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Pobladores A.C., Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (SENDAS), Litiga OLE, Pronatura Veracruz y el doctor e investigador Leonardo Ortíz Lozano—, presentaron al Secretariado de la Convención Ramsar un reporte sobre el incumplimiento del gobierno federal de ese tratado internacional. El Sistema Arrecifal Veracruzano fue declarado Área Natural Protegida (ANP) en 1992 con el objetivo de proteger el derecho humano al medio ambiente sano y, en 2004, fue inscrito como humedal de importancia internacional en la Lista Ramsar. Si bien el Estado mexicano puede modificar los límites de los sitios que inscribe en la Lista Ramsar, esto tiene que hacerse conforme a las causales y procedimientos determinados en la Convención Ramsar. Sin embargo, el gobierno federal pretende modificar el área del PNSAV contradiciendo sus propios actos y actuando en contravención del principio de legalidad [1]. De acuerdo con la información pública obtenida de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) [2], la causal por la cual el gobierno mexicano decidió modificar los límites del PNSAV es la llamada cláusula de “error”, contenida en la Resolución VIII.22, la cual sólo puede invocarse por cambios en las características ecológicas resultantes de procesos que han degradando parte del humedal. Sin embargo, hasta ahora el gobierno federal no ha probado científicamente que se hayan modificado las características ecológicas en detrimento del humedal. Es cuestionable que la Conanp haya decidido notificar el supuesto error al Secretariado Ramsar cuando la Semarnat estaba en vísperas de autorizar la ampliación del puerto de Veracruz. El otro camino legal para modificar los límites de los sitios Ramsar es la de "motivos urgentes de interés nacional", contenido en la Resolución VIII.20, la cual implica una evaluación ambiental previa y una consulta a todos los interesados directos, algo que hasta el momento no ha ocurrido. “El gobierno federal está determinado a modificar la poligonal del PNSAV de manera ilegal toda vez que no le es jurídicamente posible proceder según los procedimientos establecidos por la Convención Ramsar”, señaló Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. Añadió que “la modificación del polígono del PNSAV y la autorización de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, son decisiones unilaterales del gobierno federal en las que los argumentos de la ciudadanía no fueron tomados en cuenta.” En resumidas cuentas, el gobierno mexicano viola la Convención Ramsar, situación que implica la transgresión de sus obligaciones internacionales sobre la conservación de un humedal de importancia internacional. De consumarse la modificación al PNSAV, el gobierno mexicano habrá lesionado el derecho al medio ambiente sano de los mexicanos en general y de los veracruzanos en particular. Por lo anterior, entre otras cosas, las organizaciones solicitaron al Secretariado de la Convención Ramsar que considere inaceptable la reducción de los límites del PNSAV, y  que la posible modificación se debata en la próxima Conferencia de las Partes que tendrá lugar en Uruguay en 2015. Notas del editor:    1.- De acuerdo con este principio general del derecho, la autoridad sólo puede hacer aquello que le está expresamente mandado por la Ley. 2.- Solicitud de información 1615100033713.

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