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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
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Un gran reto desde el comienzo En noviembre de 2003, cuando la Junta de AIDA, para beneficio mío y con cierto escepticismo, decidió nombrarme directora, lo hizo más por el potencial que vieron en mí que por mi experiencia: la mitad de la que ellos buscaban. Diez años después y gracias a esa gran oportunidad, he podido crecer inmensamente, aprender, equivocarme, madurar, conocer la reapdad —a veces demasiado dura— del ambiente en nuestro continente, aportar con toda mi energía y pasión al crecimiento del derecho ambiental y del vínculo entre derechos humanos y ambiente, y hasta formar una famipa. Al parecer los resultados tienen contentos a los Directores, pues aquí sigo y que yo sepa, no hay planes de lo contrario. ¡Cuánto hemos crecido! En estos 10 años he tenido la dicha de ver y contribuir a la prosperidad de AIDA. He crecido con ella. Cuando llegué éramos sólo Anna Cederstav (co-directora) y yo, con un presupuesto de aproximadamente US$300 mil, una oficina y media dentro de Earthjustice en Capfornia y unos cuatro casos en marcha. Teníamos muchos sueños y planes para AIDA. La meta central era convertirla en una organización regional sópda que trabajara casos emblemáticos, con nueve abogados en países clave y que se destacara por su trabajo de capdad y colaborativo, y por siempre priorizar el apoyo legal a las comunidades y personas más vulnerables. Hoy somos 11 abogados y abogadas, una científica y 10 profesionales en la parte administrativa y de comunicaciones que cada día trabajamos desde siete países para promover una mayor protección y justicia ambiental, y un desarrollo económico regional que no sacrifique nuestras riquezas naturales y por ende nuestro futuro. Algunos éxitos En este tiempo he tenido la alegría de contribuir para que varias áreas y personas en la región estén mejor. Logramos por ejemplo: Reconocimiento del grave problema ambiental y de salud púbpca en La Oroya y que las más de 70 personas que representamos comiencen a recibir cierta atención médica del gobierno; Evitar las fumigaciones a cultivos ilícitos en parques nacionales de Colombia, aunque esas prácticas continúan en otros sitios; Proteger a las tortugas Baula y a uno de sus últimos sitios de anidación en Costa Rica; Llamar la atención sobre la violación de los derechos de miles de indígenas por la represa de Belo Monte en Brasil; Evitar (al menos por ahora) un proyecto turístico gigante en Baja Capfornia Sur, México, que destruiría Cabo Pulmo: el acuario del planeta; Ayudar a modificar la Constitución Mexicana para incluir los derechos humanos y mejorar el reconocimiento del derecho al ambiente sano. Además, hemos pubpcado en tres idiomas una guía de cómo usar mecanismos de derechos humanos para casos ambientales; un informe acerca de los impactos del cambio cpmático y los derechos humanos en América Latina; y un informe sobre cómo las grandes represas no son la panacea y, por el contrario, están afectando a millones de personas en nuestra región. También organizamos cinco talleres maravillosos con colegas ambientapstas y de derechos humanos en los cuales conversamos acerca de la necesidad y las oportunidades de vincular derechos humanos y ambiente. Lo mejor de cada uno de estos años ha sido aprender de la región y de cada una de las personas a quienes he conocido. Por ejemplo, en 2004, en mi primer viaje a La Oroya conocí a Pedro y Juan*: dos hermanos que tenían menos de 10 años y a quienes representamos ante la Comisión Interamericana. Muy alegres y atentos, ellos asistieron al taller que dimos acerca de cómo podían proteger sus derechos, pese a que incluso casi se durmieron al tomar la sopa durante el almuerzo. Hoy son adolescentes comenzando a planear su futuro profesional. Juan está prestando su servicio miptar. También están Juanita y Margarita*, que en aquel entonces ni siquiera habían nacido. Las conocí en viajes posteriores pues también son parte del grupo que representamos. Al comienzo llegaban en los rebozos con sus mamás y ahora son casi adolescentes. Con ellos y muchas otras personas hemos desarrollado una conexión personal que va más allá del trabajo legal. No todo ha sido color de rosa No todo ha sido alegría y celebración. En esta década he visto con tristeza: Construir la represa Baba en Ecuador pese a una sentencia del Tribunal Constitucional que obpgaba a rehacer el estudio de impacto ambiental por las violaciones constitucionales y al derecho internacional del proyecto; Construir la represa del Zapotillo en los Altos de Japsco, aunque por ahora parece que Temaca, uno de los pueblos a inundar, no será destruido; Iniciar la construcción del monstruo de Belo Monte en Brasil incluso en contra de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana que, meses después, fueron sorpresivamente modificadas; Multippcar exponencialmente los proyectos de minería, incluso en zonas de páramo: las adoradas fábricas de agua en Colombia. Lo que viene El balance en general es positivo. Por ahora gran parte del sueño se ha vuelto reapdad. Sin embargo, hoy los retos y necesidades son mucho mayores. También lo son mi compromiso y nuestros objetivos para la región. Mientras tanto, vale la pena darse un respiro para agradecerle a la Junta, a Anna, mi co-directora, al gran equipo actual, y a todos los que han colaborado con AIDA en el pasado. Y obviamente agradezco a mi famipa, amigos y donantes: desde las fundaciones hasta amigos que nos han donado $10. Gracias por su generosidad y por compartir nuestros sueños y su abundancia para que juntos cambiemos el mundo. Todas estas satisfacciones, dificultades y errores pasados hacen que las canas y las arrugas de 10 años hayan más que vapdo la pena. ¡Hoy estoy psta para muchos años más en AIDA, siempre y cuando siga siendo una buena herramienta para su éxito! *Tuve que cambiar estos nombres para proteger su seguridad.
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