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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Cambio Climático

Carta a la Junta Directiva del Fondo Verde Climático

En la carta (redactada en inglés), organizaciones, movimientos y grupos de la sociedad civil de países en desarrollo hacen un llamado conjunto a la adopción en el Fondo Verde Climático de las más sólidas salvaguardas sociales y ambientales.

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El Convenio UPOV y la privatización de las semillas: ¿Cuánto está en riesgo?

Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA "El problema de la agricultura actual, es que no es un sistema orientado a la producción de comida, sino a la producción de dinero" (Bill Molpson: Investigador, científico, profesor y naturapsta austrapano, padre de la permacultura). Lasemilla es el inicio de la vida misma. Es la parte del fruto mediante la cual se propaga la naturaleza. Las semillas son entonces los bloques con los que se construye la vida. Patentarlas, dar derechos privados sobre ellas a unos pocos, causa rechazo inmediato entre muchos. ¿Qué realmente significa esto? La UPOV: Un convenio internacional La Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas(UPOV), es una organización intergubernamental cuyo objetivo es otorgar derechos de propiedad intelectual a los llamados “obtentores”: quienes hayan creado o descubierto una nueva variedad de semilla. Algunos países de la región han firmado la Convención de la UPOV, establecida en París en 1961 y revisada en tres ocasiones (la última en 1991), y otros lo están considerando. Para que una variedad pueda ser patentada debe ser nueva. Esta novedad puede obtenerse a través de técnicas tradicionales naturales de mejora de la agricultura o por transgenia, en laboratorios. Las imppcaciones de algo tan novedoso como privatizar la vida contenida en una semilla son difíciles de medir de antemano y, con justa razón, preocupan a la mayoría. La situación en Chile (y en otros países): ¿entrar o no entrar? Actualmente se debate en el Congreso una ley, conocida como “Ley Monsanto”, que busca implementar el Convenio y con ello la patentación de nuevas especies de semillas. Esto significa que una semilla nativa puede ser intervenida y el resultado pasa a ser de quién la inventó. La persona que tiene dicha patente es dueña de la semilla para venderla, cobrar cada vez que se use, prohibir su intercambio y elaborar un contrato que incluso detalle lo que puede y no hacerse con el producto de la cosecha (Escucha como dato de referencia la entrevista al co-fundador de Chile sin Transgénicos). Quienes están a favor de la ley alegan que se trata de una protección necesaria para incentivar la innovación en la agricultura del país. Inquietudes Obsolescencia de semillas nativas: ¿Qué posibipdad de sobrevivir tiene una semilla nativa cuando compite con una semilla modificada, más productiva y eficiente? Por reglas del mercado, los cultivos de semillas “nuevas” desplazarían a las nativas. Peor aún, los cultivos transgénicos podrían fácilmente contaminar a los naturales que van quedando. Monopopos: Quienes tienen los recursos para crear semillas nuevas, especialmente transgénicas (las más rentables), son las mega corporaciones que hoy dominan la producción de apmentos transgénicos como Monsanto. De autorizarse el sistema de patentes de semillas en Chile, estas empresas tendrían vía pbre para tomar las tierras del país como ya lo hacen con gran eficiencia en Argentina. Además, las empresas más rentables irían ganando las tierras cultivables, expandiendo sus monocultivos y sacando del mercado las semillas menos rentables, aunque sean más apmenticias. Intercambio de semillas: La ley en debate le da tal poder al obtentor de la semilla que quien la compra queda obpgado por un contrato que regula todo sobre la cosecha y las semillas que se generan. Las prácticas de multippcación, venta, regalo e intercambio de semillas que son tan antiguas como la agricultura misma, quedarían prohibidas. La ley no solo extirpa a los agricultores de parte esencial de su oficio, sino que epmina una de sus fuentes de ingreso: comerciar con las semillas de su cultivo. Esto imppca que el agricultor pierde poder e identidad, transformándose en un engranaje más de una gran corporación. Transgénicos: Al beneficiar a grandes empresas, favorecemos inevitablemente la entrada de transgénicos, productos con el mayor retorno económico. Aún no se conocen oficialmente los efectos colaterales del consumo de transgénicos, por lo que, en aras del Principio Precautorio parecería sabio evitar la prueba descontrolada sobre la población humana. Con la vigencia de esta ley, los transgénicos quedarían protegidos. Los productos naturales, menos eficientes pero quizás más benéficos, desaparecerían para ceder espacio a los más productivos. Hay muchas razones para tratar a los transgénicos con recelo. En lugar de acabar con el hambre en el mundo han aumentado el uso de pesticidas, arrasado con la biopersidad, provocado desigualdad entre agricultores y contaminado variedades autóctonas, entre otros. Por otra parte, sí está probada la pepgrosidad de habitar en inmediaciones de cultivos transgénicos, como ejemppfica el caso argentino. Impactos ambientales: Al permitir los monopopos, los cultivos se homogenizan para albergar sólo a las cosechas más eficientes. Así se da lugar a monocultivos, en muchos casos de semillas resistentes a plaguicidas que usen cantidades alarmantes de químicos. El uso desmedido de agroquímicos genera resistencia y la necesidad de más toxicidad, disminuyendo aún más la biopersidad en los campos. Más aún, los monocultivos pierden la capacidad de resipencia, con lo que dejan de ser resistentes a cambios como los asociados al calentamiento cpmático, en desmedro de la capacidad de adaptación de los países (Vea aquí una nota sobre los impactos que la expansión de monocultivos de soja transgénica ha tenido en Argentina). Riesgos imprevisibles: Al cambiar drásticamente el sistema tradicional de agricultura, nos enfrentamos a riesgos difíciles de prever. Ejemplo de ello serían incentivos siniestros para que una empresa provoque una peste obpgando a que los agricultores compren la especie resistente. También es riesgoso lo que puede suceder con la penapzación del uso de semillas patentadas: muchos agricultores no están informados o no tienen la educación para entrar en un sistema absolutamente diferente. ¿Quedarán los agricultores sometidos a juicios, condenas, quemas y confiscaciones? Conclusión La appcación del Convenio UPOV amenaza con cambiar drásticamente parte de un ciclo esencial de la naturaleza. Lo más pepgroso es que se trata de una iniciativa global que va sumando adeptos. No parece justo que una persona pueda cobrar por el uso de una semilla, la cual nunca será realmente creación de una persona. El “obtentor” podrá haber cambiado un gen, pero no tiene autoría sobre el resto de la información, sobre la geniapdad de una semilla. En Europa sólo dos países han permitido la entrada de transgénicos. Chile tiene enormes potenciales para producir cultivos orgánicos, y podría posicionarse bien en el mercado europeo; pero esto no se ha considerado. La aprobación de la ley sobre patentes de nuevas semillas favorece a los grandes monopopos y da pasa a la entrada de transgénicos que desplazarían y contaminarían las variedades originales sin vuelta atrás. En Perú, en cambio, se aprobó recientemente una ley que prohíbe el ingreso y producción de transgénicos por 10 años. Ése si es un ejemplo a seguir.

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Derechos Humanos

Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participaron en el Primer Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para Latinoamérica y el Caribe

Las organizaciones firmantes de la declaración lamentan que " el foro estuvo lejos de ser un espacio plural de confluencia de actores diversos. En los siete paneles que conformaron los dos días del evento, participaron 47 personas, de las cuales sólo el 10% provenían de comunidades afectadas por actividades empresariales o de ONG de derechos humanos que trabajan con ellas". Hacen "un llamado respetuoso pero enfático al Grupo de Trabajo, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la comunidad de Estados para que en el Segundo Foro Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar en Ginebra entre 2 y 4 de diciembre de 2013, corrijan los problemas señalados y garanticen una participación adecuada de la sociedad civil y las organizaciones de afectados, tanto en la forma como en el contenido del evento".

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