
Project
Shutterstock.
Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.

Proyectos relacionados
AIDA y CEMDA participan en el seguimiento a las negociaciones de la COP18
Ambas organizaciones están presentes en la Cumbre de Cambio Climático en Doha. Sigue las actualizaciones diarias. Doha, Qatar. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) participan en la Cumbre de Cambio Climático (COP18) que se realiza en la ciudad de Doha, Qatar. Ambas organizaciones hemos seguido de cerca las negociaciones de cambio climático en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) (COP14 en Poznan, Polonia; COP15 en Copenhague, Dinamarca, COP16 en Cancún y COP17 en Sudáfrica), promoviendo acciones nacionales y regionales de atención al cambio climático y participando en la construcción del diálogo con diversos actores. CEMDA ha sido un actor clave a nivel nacional en la promoción de una política integral y transversal en materia de cambio climático. Hemos tenido un papel fundamental en materia de combate al cambio climático en la expedición y análisis de varios instrumentos, tales como programas de acción climática estatales, leyes de cambio climático locales, la Ley General de Cambio Climático y su futuro reglamento; así como en la revisión del tema presupuestal para adaptación y mitigación. A nivel hemisférico, AIDA trabaja contra el cambio climático a partir del desarrollo de herramientas legales y marcos regulatorios que ayuden a que la sociedad avance hacia el uso de fuentes de energía sostenibles. Además trabaja para vincular los impactos del cambio climático con las violaciones a los derechos humanos que éstos implican, para proteger a los más perjudicados por, entre otros, el incremento en los niveles del mar y la modificación de los patrones del clima. En este espacio podrán encontrar información relevante sobre las actividades que se llevarán a cabo en la Cumbre de Doha, así como la agenda de actividades en las que participaremos CEMDA y AIDA. Sigue el sitio especial creado para la actualización diaria de noticias sobre la COP18.
Leer másEl Pez León y la necesidad de combatir especies invasoras
By Sandra Moguel, legal adviser AIDA, @sandra_moguel A few weeks ago I was fortunate to visit the Caribbean in Puerto Rico. I was excited about the idea of finding similarities between Puerto Ricans and Mexicans coral reefs. The experience was as wonderful as expected. However, he called my attention to see in all my dives copies lionfish , a native species in the Indian Ocean. More than ten years ago, copies of lionfish escaped from an aquarium in Miami. Now, this threatens the survival of other marine animals and plants of Caribbean reefs. This species of fish is aggressive and venomous , nocturnal and with few animals that may eat them; its existence in the Caribbean Sea destroys biopersidad reef coral larvae to eat or species of native youth, preventing the completion of their reproductive cycle. The Convention on Biological persidad (CBD) defines invasive species, including lionfish, as "those who thrive unassisted human and natural habitats threaten or semi, outside their usual range." They are also one of the main causes of loss biopersidad worldwide. Only in 2006, the National Commission for Knowledge and Use of Biopersidad (CONABIO) reported that there were at least 800 invasive species in Mexico, including 665 plants, 77 fish, two amphibious eight reptiles, 30 birds and six mammals . In Canada, invasive alien species include at least 27 percent of all vascular plants: 181 insects, 24 birds, 26 mammals, two reptiles, four amphibians, several specimens of fungi and mollusks, and 55 freshwater fish. The spread of these species increases due to changes in land use I mean for example logging and desmonte-, alteration of ecosystems and climate change phenomena that affect the vulnerability of habitats. In the case of the lionfish, it spread due to an accidental release, but natural events such as hurricanes could increase their dispersion. Invasive species not only cause economic losses , in this case fishing, because newcomers natives eat fish resources; It is also the fact that eradication strategies are costly . The risks The Convention on Wetlands of International Priority Importance , since 1999 calls in its resolution on Invasive Species and Wetlands to the parties to address in their actions the environmental, economic and social impact of the movement and transport of alien species in the propagation of the species invasive. Also it urges the assessment of the risk they entail. For its part, the Commission for Environmental Cooperation of North America , also considers this environmental problem as a priority because the trade and traffic of people and goods related to free trade, increases the chances of transferring invasive species in the region. Following up on the commitments to protect your biopersidad of invasive species , some countries in the hemisphere have been concerned about the issue. Just to cite a few examples, in Mexico, the National Commission of Natural Protected Areas (CONANP) via the National Invasive Species Strategy seeks the creation and implementation of an appropriate regulatory framework to combat them , that decisions are taken in coordination with the various authorities and the constant generation of scientific knowledge in this field. In the United States there is a Council specializing in invasive species, as well as a Plan of Action to combat its spread. Unfortunately, the natural predator of the lionfish -the mero- presents levels of overfishing, so it can not be considered as an option repopulation. The International Coral Reef Initiative formed by representatives of governments, academics and civil society, keeps the dialogue to find alternatives Persians to prevent the spread of this pest through its group of experts. The spread of the lionfish is a regional environmental problem that not only affects the Mesoamerican Reef and reefs of Puerto Rico, but also covers the ecosystems of Costa Rica and Panama. Thus the issue of legal and public policy is needed to increase international cooperation and exchange of experiences and strategies to address the problem.
Leer másConclusión: Necesitamos un baño y un analgésico para controlar la fiebre minera en América Latina
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes Cuando mi hijito tiene fiebre, le doy un baño y un analgésico para que se le baje. De lo contrario, llora y nada lo calma, es otro niño. Esto parece estarles pasando a los gobiernos de nuestra región en cuanto a la minería: la fiebre del oro los tiene fuera de sí. Ante ello y para dialogar sobre cómo alcanzar la minería responsable y cuál sería el rol de las organizaciones de la sociedad civil, el Grupo Consultivo de la Sociedad Civil (ConSoc) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia organizó junto con los ConSoc de Chile, Perú y México un panel el 25 de octubre en El Salvador, durante la reunión del BID con sociedad civil. Un dato interesante es que varios países, incluyendo Colombia y Surinam, han sopcitado apoyo al BID para mejorar el monitoreo y control de esta actividad, reconociendo que no tienen la capacidad para hacerlo. El Vicepresidente de Países, Roberto Vellutini, mencionó al concluir el evento que el BID apoya a los Estados para fortalecer sus capacidades y que no financia ni financiará ningún proyecto minero. Si así lo hiciera, afirmó, se appcarían los más altos estándares. Estaremos pendientes. Llama la atención que países como Colombia, aún sabiendo que no están muy preparados, impulsen la minería como “locomotora del desarrollo”. ¿No habría que ajustarla antes de echarla a andar? Las perspectivas Volviendo al panel, aproximadamente 300 personas de ONG escucharon a Francesca Castellani del BID compartir información importante como: el precio del oro subió 633% en la última década (de US$300/oz. a US$1900/oz.); Perú y Colombia destinan casi todo el mercurio importado a la minería informal y son dos de los países más contaminados por este metal en el mundo. También oyeron a Bernardo Toro de AVINA, Colombia, referirse a la Mesa de Diálogo entre empresas mineras y organizaciones ambientapstas y de derechos humanos, en la cual AIDA participa recientemente; y a Juan Carlos Guajardo de CESCO resaltar cómo en Chile la minería ha sido esencial para el desarrollo. Ana María Vidal de Perú presentó al Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, un espacio participativo en el que se comparte información hace 12 años. Hablé de nuestra experiencia en AIDA trabajando casos de minería regionalmente, resaltando elementos que considero vitales para comenzar cualquier diálogo hacia una minería responsable: Evitar re-inventar el agua tibia: Debemos aprender de las lecciones en América y el mundo para implementar mejores estándares y evitar repetir errores. Existen herramientas útiles como el “Marco Básico de Minería Sostenible”, pubpcado en 2005 por iniciativa de ONG para identificar mejores prácticas. En él empresas mineras, gobiernos y organizaciones, incluyendo AIDA, identificaron medidas para prevenir al máximo los impactos ambientales y sociales. Calmar la fiebre del oro: Los altos precios han ocasionado que muchos proyectos antes impensables, como en los páramos y glaciares, ahora sean viables. Esto ha generado una nueva fiebre del oro en empresas y gobiernos. Por ello muchos proyectos son aprobados e implementados con rapidez para asegurar ganancias, a veces sin haber cumppdo los requisitos mínimos de evaluación de impacto ambiental, social y de derechos humanos, como Petaquilla en Panamá y Marpn en Guatemala. Menos “Banana Repubpc”, más Estado de derecho: Es esencial appcar el marco legal que en cada país, y a nivel regional, establece obpgaciones claras para el sector minero, incluyendo garantías a los derechos humanos y al ambiente. Suena absurdo recordarlo, pero es necesario ante los múltiples casos que hemos visto en los que las normas se debiptan, modifican o se ignoran. Ejemplos hay varios. En Colombia se epminó en 2002 la exigencia de pcencias ambientales para la exploración; en Panamá se reemplazaron los estudios de impacto ambiental por la appcación de “mejores estándares” (medida anulada posteriormente); en Brasil el proyecto de Belo Sun, a desarrollarse a orillas del río Xingu, impactará directamente tierras indígenas, algo que el estudio de impacto ambiental no menciona. Ver más allá de nuestras narices: No todo es, ni puede ser minería. Primero, los ecosistemas amenazados por la minería, como los páramos y el Amazonas, son vitales para las comunidades que los habitan: garantizan su vivienda, apmentación y cultura, así como la biopersidad. Éstas regiones y los glaciares son esenciales para controlar el cambio cpmático. Segundo, hay que anapzar qué otras actividades se reapzan en estas áreas y qué alternativas de desarrollo existen; balancear los costos y beneficios sociales, ambientales y económicos, y tomar mejores decisiones. Tercero, las minas no son eternas, duran 12, 20 o 50 años…. Se debe prever que después del cierre existan garantías financieras suficientes para implementar medidas que, entre otras cosas, mitiguen los daños que los residuos podrían ocasionar. Es mi opinión y algo en lo que hemos insistido sistemáticamente en AIDA y en lo que continuaremos trabajando. Esperamos que el BID, otros bancos, los gobiernos y las organizaciones sigamos atentos, aprendamos y trabajemos juntos para evitar mayores daños que podrían y deberían evitarse. Mientras tanto, insisto en que a los más afiebrados les caería bien un baño y un analgésico, que podría ser una moratoria temporal antes de mayores perjuicios, Costa Rica prohibió la minería por considerar que eran más los costos que los beneficios. ¿Qué opinan?
Leer más