Mensaje de nuestra directora
Este año confirmó algo fundamental: cuando las comunidades, la ciencia y el derecho avanzan de forma conjunta, el impacto se siente en toda la región. América Latina vio crecer la defensa de los territorios y, al mismo tiempo, cómo las herramientas legales que los protegen se hicieron más fuertes.
En AIDA, trabajamos para que esos avances —desde nuevas decisiones climáticas hasta acuerdos globales sobre biodiversidad y océano— se traduzcan en cambios reales para las personas y ecosistemas más vulnerables. Nuestro enfoque sigue siendo claro: usar el derecho de manera estratégica para impulsar la justicia ambiental y fortalecer la resiliencia de la región.
Este informe reúne los logros, aprendizajes y esfuerzos compartidos que marcaron nuestro año. Gracias por ser parte de este camino y por ayudarnos a construir un futuro más justo y sostenible para todo el continente.
AIDA en cifras
Cimentando un futuro prometedor para el océano y la humanidad
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El océano es la razón del azul de nuestro planeta y la fuerza que hace posible toda vida en él.
Ese color, en todas sus tonalidades, inspira nuestro trabajo para protegerlo de amenazas continuas como la contaminación, la sobrepesca y la crisis climática.
Nuestros esfuerzos contribuyeron a dos hitos históricos este año que pueden cambiar su futuro y el nuestro al reestablecer el equilibrio del océano, devolverle resiliencia, proteger hábitats y especies: la habilitación del Tratado del Alta Mar para su pronta puesta en marcha y la entrada en vigor del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Preservar un ecosistema tan vasto, y en riesgo constante, no es fácil. Exige visión, alianzas y años de trabajo invisible.
Para Gladys Martínez, directora ejecutiva de AIDA, el camino para lograrlo siempre fue el del derecho internacional, herramienta jurídica que, ante acciones gubernamentales insuficientes, puede tener un rol transformador.
Ese papel se refleja hoy en dos tratados que, tras casi dos décadas, ven finalmente la luz para devolvernos la confianza en la diplomacia y en la cooperación entre países y sectores diversos.
El Tratado de Alta Mar es el primer acuerdo internacional de cumplimiento obligatorio con reglas comunes para preservar aquella zona del océano que pertenece a todas las naciones, casi la mitad del planeta y una de sus mayores reservas de biodiversidad.
"Además de proteger ecosistemas clave con la creación de áreas marinas protegidas y evaluaciones ambientales rigurosas, el tratado nos acerca a la justicia ambiental al dar a la región, históricamente excluida, acceso justo a los recursos de alta mar y nuevas oportunidades de desarrollo", dice Martínez.
Con el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca —que prohíbe a gobiernos dar apoyos financieros directos o indirectos a la pesca ilegal y de poblaciones sobreexplotadas—, la OMC abrió un camino sin retorno: integrar el enfoque ambiental en las reglas del comercio internacional.
"Es un hondo respiro para la recuperación de numerosas especies comerciales y de consumo comunitario en el continente", afirma Martínez. "Y una red de seguridad para nuestra alimentación y los modos de vida de comunidades costeras".
Son logros innegables que muestran que la protección ambiental tiene sentido cuando equilibra la balanza y reduce inequidades.
Nuestro mayor aporte fue incluir la voz de América Latina y el Caribe en ambos tratados. Durante los procesos de negociación y ratificación, impulsamos el liderazgo de la región, apoyando técnicamente a representantes de gobiernos para asegurarles un lugar en la mesa donde se construyeron los acuerdos y ahora se definen los detalles de su implementación.
Al absorber gran parte de los contaminantes que la causan, el océano es nuestro mejor aliado ante la emergencia climática, pero también una víctima de sus impactos, que lo están llevando al límite por el calentamiento y acidificación de sus aguas.
Frente a este panorama, los hitos descritos representan un futuro esperanzador con beneficios duraderos para la salud del océano y para nuestro futuro en el planeta.
Traducirlos en medidas concretas y efectivas exige una nueva ola de esfuerzos en la que AIDA ya surfea.
Sembrando justicia ambiental junto al pueblo poqomam
Bryslie Cifuentes / AIDA
Mario Winter
Irene Baños
A tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, entre montañas erosionadas y cauces de aguas residuales con desechos sólidos, una comunidad del pueblo maya poqomam se resiste a ver morir sus tres ríos.
“Cuando era niño, nos bañábamos y jugábamos con las ranas de los ríos de Santa Cruz Chinautla. Hoy todo eso quedó en el recuerdo. Ahora vivimos entre la basura de los vertederos ilegales y las aguas negras que llegan desde la ciudad”, relata Efraín Martínez, autoridad ancestral.
Durante décadas, la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital fue enfermando a la población, afectando sus medios de vida y golpeando la tradición alfarera que durante generaciones ha moldeado no solo su barro, sino también su identidad.
Cansada del abandono institucional, la comunidad se organizó y recurrió a la ley y la ciencia como herramientas para hacer escuchar su voz. Con el apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas exigió a las autoridades municipales el cierre de basureros clandestinos y el establecimiento de acuerdos con municipalidades aledañas para detener la contaminación y restaurar los ríos.
De la mano de un equipo de especialistas, logró documentar los vertederos ilegales a través del uso de una aplicación digital. Para Javier Oviedo, científico de AIDA, este ejercicio ciudadano “fue un aprendizaje mutuo” y permitió “obtener información precisa sobre el tamaño y el tipo de desechos, además de evidenciar cómo la mala gestión de residuos había agravado la contaminación”.
Con este conocimiento, el apoyo legal y la fuerza comunitaria, la demanda se volvió un litigio robusto que, en junio de 2025, logró un fallo sin precedente. Un tribunal ordenó al municipio realizar estudios, programas y planes para dar solución a la contaminación y garantizar la participación de la comunidad en todo el proceso.
“Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones”, señala Bryslie Cifuentes, abogada de AIDA.
La sentencia se convirtió así en una semilla, un precedente que puede inspirar a las más de 90 municipalidades de la cuenca del río Motagua, por donde la basura fluye hasta el mar Caribe y amenaza al Sistema Arrecifal Mesoamericano, uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta.
Para Martínez, el fallo tiene un significado aún más profundo. En la cosmovisión maya, la tierra, el agua y los árboles no son recursos, son parte de un todo. “Sanando a la Madre Tierra, sanamos todos”.
De esta manera, lo que comenzó como un caso local, hoy puede tener un eco regional. La experiencia del pueblo maya poqomam muestra cómo mujeres y hombres transformaron la indignación en organización y cómo esa fuerza colectiva puede abrir caminos para que las futuras generaciones vuelvan a correr junto a ríos limpios, donde el agua vuelva a ser sagrada y la vida vuelva a fluir.
Nutriendo la acción climática con una herramienta transformadora
Fundación Chasquis
Antofagasta de la Sierra
Stanislav Beloglazov / Shutterstock
Los sucesos que consideramos transformadores no surgen de forma espontánea, sino que son resultado de una serie de acciones que, poco a poco, van tomando forma hasta convertirse en un hito.
Así ocurrió con la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un logro que sentimos nuestro porque contribuimos a él, porque es fruto de una cadena de esfuerzos fortalecidos entre sí y porque se gestó en América Latina.
Este pronunciamiento histórico, hecho público el 3 de julio, consolida una realidad innegable: los Estados están obligados legalmente a proteger a las personas y comunidades de la crisis climática, abordando su causas y consecuencias.
“La Corte marcó un antes un y después para el derecho internacional al establecer que los Estados deben afrontar la crisis climática conforme a obligaciones específicas, basadas en leyes y tratados que ya existen, cuyo cumplimiento no es voluntario”, dice Liliana Ávila, directora del programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.
Para quienes enfrentan sequías, incendios e inundaciones extremas, la decisión abre una puerta a la justicia.
Este hito comenzó a escribirse en 2023 con una solicitud de Colombia y Chile. Lo que siguió fue un proceso de consulta sin precedentes: el tribunal recibió más de 200 aportes escritos de diversos actores, incluidas comunidades afectadas por la crisis climática en la región, cuyas voces resonaron con la fuerza que nace de vivir en equilibrio con la naturaleza.
Fuimos el puente para que muchas de ellas dieran testimonio ante la Corte y presentamos un aporte propio que refleja más de 25 años de experiencia vinculando la protección ambiental con la de los derechos humanos.
“El alcance de esta decisión para la justicia climática mundial incluye el reconocimiento de que todas las personas tenemos derecho a un clima sano, que no es un privilegio de quienes hoy habitamos este mundo, sino una herencia que debemos garantizar para quienes están por venir”, resalta Ávila. “La Corte deja claro además que las empresas no están exentas de actuar pues los Estados están obligados a supervisar sus operaciones y evitar que vulneren derechos humanos en el contexto de la emergencia climática”.
Con un amplio poder transformador, esta novedosa herramienta permite exigir justicia en tribunales nacionales e internacionales, foros de negociación climática y espacios de incidencia para crear o fortalecer políticas públicas.
“Ya hay un veredicto internacional que nos protege”, dice Julián Medina, pescador colombiano del Golfo de Morrosquillo y cuyo testimonio llegó a la Corte.
Emitida en un contexto global turbulento, la Opinión Consultiva 32 es un aliento de esperanza que, unido al que emana de decisiones similares, robustece un movimiento mundial que exige, con éxito creciente, acciones ambiciosas y efectivas frente al mayor reto del planeta.
Por sí sola, la decisión no implica cambios estructurales.
Debemos usarla estratégicamente para traducirla en una protección real de personas y ecosistemas, en la rendición de cuentas de quienes más responsabilidad tienen en el problema.
En AIDA estamos asumiendo ese desafío. Porque la justicia climática ya no es solo una aspiración, sino una obligación legal cuyo cumplimiento tiene el camino trazado.
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