El pasado 3 de abril, la Reserva Biológica Indio Maíz comenzó a arder en llamas. La respuesta tardía e inadecuada del gobierno ante el incendio marcó el inicio de una lucha que hoy continúa en Nicaragua, una lucha por la democracia y por nuestros derechos.
Por redes sociales y bajo la etiqueta #SOSIndioMaíz, centenares de jóvenes universitarios se autoconvocaron a una protesta pacífica para exigir que el gobierno de Daniel Ortega, en el poder hace 11 años, actúe rápido frente al incendio.
Los jóvenes se movilizaron pacíficamente el 12 y 13 de abril, protesta reprimida por la policía y por grupos parapoliciales.
La reserva natural, ubicada al sureste del país, en la frontera con Costa Rica, es considerada la segunda más importante de Nicaragua y una de las principales de Centroamérica. Según expertos, el sitio es vital para mantener unidos a los bosques tropicales al formar, junto con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado y el Parque Nacional Tortuguero en Costa Rica, un solo bloque por donde transitan miles de animales. Indio Maíz también protege el agua de varias cuencas importantes para Nicaragua.
Pese a su importancia, el gobierno reaccionó tres días después de iniciado el incendio. Además, llenó de militares la zona e impidió el ingreso a ella de medios de comunicación independientes. Amenazó con cancelar la personería jurídica de la ONG ambientalista Fundación del Río por informar a la población de la respuesta tardía; y rechazó el apoyo de bomberos de Costa Rica para sofocar el fuego.
El triste resultado fue la destrucción de más de 5,000 hectáreas de bosque en la zona núcleo de la reserva, un siniestro catalogado como “el problema ambiental más serio en la historia de Nicaragua” por Jaime Incer Barquero, científico de gran renombre en el país.
Muchos de los jóvenes que exigieron la protección de Indio Maíz salieron nuevamente a las calles el 18 de abril para mostrar su descontento con las reformas a la Ley del Seguro Social, anunciadas dos días antes. A ellos se unieron personas de otros segmentos de la población. La represión se repitió y el mensaje del gobierno también: en el país estaba prohibido manifestarse.
El 19 de abril, la manifestación se volvió masiva. Miles de personas se sumaron a lo largo del país. La respuesta del gobierno se intensificó también, desatando una ola de violencia de estado y represión que, al 21 de mayo, ha dejado 76 personas muertas y 868 heridas, la mayoría en el contexto de las protestas. Cinco de ellas permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas. Entre ellas están estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. Las cifras corresponden al informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin duda, como menciona el periodista Carlos Fernando Chamorro, se trata del “peor baño de sangre en la historia de Nicaragua en tiempos de paz”.
En la última década, las luchas ambientales como la librada por Indio Maíz han cobrado fuerza en el país. Otra de las más emblemáticas es, quizás, la del Movimiento Campesino Anticanal, liderado por Francisca Ramírez, que exige se anule la ley que autoriza la construcción del Gran Canal Interoceánico. De concretarse, el proyecto despojaría de sus tierras a miles de nicaragüenses y pondría en grave peligro la biodiversidad del país. En cinco años de lucha, el movimiento ha sido víctima de represión, amenazas y persecución por parte del gobierno.
También está el Movimiento Nacional Ambientalista frente a la Minería Industrial. Este año, en una audiencia pública ante la CIDH, sus miembros denunciaron la violación de derechos humanos y la criminalización de personas defensoras en el contexto de industrias extractivas en Nicaragua.
Estas luchas se han enfrentado a un Estado con problemas de corrupción, instituciones debilitadas, aliado con intereses económicos privados y con poca voluntad para proteger los recursos naturales. A ello se suma la criminalización de la protesta ciudadana y la persecución de las personas que defienden los derechos humanos y el ambiente.
Pero Nicaragua ya no es la misma.
Las llamas en Indio Maíz avivaron la conciencia de su población y su deseo de manifestarse libremente, un derecho garantizado por nuestra Constitución Política, pero negado durante los 11 años de gobierno del presidente actual.
Las protestas pacíficas de abril y mayo son resultado de una década de atropellos y de la negación sistemática de nuestros derechos.
Nicaragua lucha hoy por la democratización del país, la cual espero llegue de la mano del respeto de nuestro derecho a un ambiente sano.
Tania Paz es nicaragüense y colaboró con AIDA en las áreas de administración y comunicaciones desde la oficina de Ciudad de México. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Centroamericana (UCA), Managua y estudia la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana en México. Tiene experiencia en investigación, trabajo comunitario, desarrollo rural, municipalismo y procesos de incidencia en políticas públicas.
