A menos de 24 horas de que el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el Ministerio de Justicia, decida si suspende o no las fumigaciones, organizaciones entregaron las firmas a una petición que busca frenar los daños sociales y ambientales de esa política.
Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos —con el apoyo de WOLA, el LAWG y otras organizaciones—, entregaron hoy al Ministerio de Justicia más de 20,000 firmas que exigen la suspensión inmediata de las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito con glifosato y otro químicos dañinos en el país. Las firmas respaldan la petición ciudadana realizada a través del sitio de internet Change.org y la cual pretende proteger la salud y el ambiente de los daños causados por las fumigaciones
“En pocos días se recibieron más de 20 mil firmas diciendo ‘no’ a las fumigaciones, no solo con glifosato, sino con cualquier herbicida, como instrumento en la guerra de las drogas”, dijo Camilo González, exministro de Salud de Colombia.
El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), presidido por el Ministerio de Justicia, se reunirá mañana para decidir si suspende o no las fumigaciones.
“El CNE debe decidir en derecho y a partir de la evidencia científica y técnica que prueba los impactos de las fumigaciones y la falta de resultados”, concluyó Héctor Herrera, abogado de AIDA y Coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia.
Los firmantes de la petición y las organizaciones enfatizan que las fumigaciones deben llegar a su fin porque:
Éstas y otras razones fueron explicadas ampliamente por expertos nacionales e internacionales en un conversatorio realizado hoy en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
"Durante 40 años, las fumigaciones con agrotóxicos han sido objeto de análisis académicos, científicos y legales, los que además de recomendar el fin de su aplicación, no siempre han sido públicos. Han primado consideraciones políticas de orden público y seguridad, lo que ha dejado por fuera recomendaciones sanitarias, ambientales y legales. Este enfoque ha negado la existencia de problemas socioeconómicos que persisten en las comunidades donde se producen los cultivos, ha negado la primacía de los derechos humanos de los pobladores rurales y no ha reconocido los nuevos enfoques que desde el PNUD se vienen recomendando para contener la expansión de cultivos", señaló Pedro Arenas, coordinador Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, quien moderó el conversatorio.
El Ministerio de Salud, los Secretarios de Salud departamentales y distritales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, entre otras autoridades, están de acuerdo con las miles de personas que firmaron la petición y con las organizaciones que la promueven.
