
Organizaciones y comunidades solicitan acciones de la CIDH ante violaciones de derechos humanos por proyectos de combustibles fósiles
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En una audiencia pública, evidenciaron los impactos y riesgos para comunidades de América Latina por décadas de extracción, comercialización y uso de carbón, petróleo y gas; así como por procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de la transición energética.
Ciudad de Guatemala. Representantes de organizaciones y comunidades de América Latina pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atender las violaciones de derechos humanos derivadas de la operación y cierre de proyectos de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) en la región.
Lo hicieron en una audiencia pública en la que —a partir de casos emblemáticos en Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana— evidenciaron ante la Comisión las violaciones y riesgos de violaciones de derechos humanos por décadas de extracción, comercialización y uso de combustibles fósiles sin cumplir con estándares socioambientales. También alertaron sobre vulneraciones que ya están ocurriendo en procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de políticas de transición energética.
Los casos expuestos incluyeron el proyecto Carbones de Cerrejón en La Guajira, al norte de Colombia, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina; la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ubicada en la región sur de República Dominicana y alimentada con carbón colombiano; el Complejo Termoeléctrico de Quintero y Puchuncaví, localizado en una bahía de Chile reconocida como zona de sacrificio ambiental y donde convergen 14 industrias contaminantes; la central termoeléctrica Norgener en Tocopilla, Chile, cuyo proceso de cierre incluyó la quema forzada y acelerada de 94 mil toneladas de carbón que estaban en acopio; y la explotación petrolera en la Amazonía, incluida la instalada en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
La audiencia —realizada durante el 195° Período de Sesiones de la CIDH— fue otorgada a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Nacionalidad Waorani (Ecuador), la Plataforma La Guajira le Habla al País (Colombia) (1), comunidades de Tocopilla y la asociación Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia (Chile), y al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (República Dominicana).
En la sesión, las organizaciones y comunidades presentaron además información que demuestra que en América Latina no existen marcos regulatorios que aseguren un cierre y salida de proyectos fósiles con enfoque de derechos humanos. En ese contexto, y con base en los casos descritos y las tendencias identificadas, solicitaron a la Comisión que:
- Establezca lineamientos que orienten a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos en todo el ciclo de vida de los proyectos, asegurando la identificación temprana de impactos, la prevención de daños, la definición de responsabilidades y la reparación de afectaciones.
- Defina estándares y criterios que guíen a los Estados en la adopción de medidas preventivas, correctivas y de mitigación de impactos en derechos humanos; incluyendo planes de cierre integrales, el desmantelamiento seguro de infraestructuras, la remediación ambiental y el monitoreo de riesgos para la salud y los ecosistemas.
- Promueva marcos regulatorios que obliguen a las empresas a planificar el cierre de proyectos; lo que incluye establecer responsabilidades frente a pasivos ambientales y sociales, garantías financieras para el cierre y mecanismos que eviten el abandono de operaciones o la transferencia de activos sin cumplir las obligaciones de cierre.
- Incorpore enfoques diferenciados que atiendan las afectaciones desproporcionadas a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades rurales y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
- Refuerce las garantías de acceso a la información, participación efectiva y acceso a la justicia ambiental en todo el ciclo de los proyectos; asegurando que las comunidades afectadas participen de manera informada en el diseño, implementación y supervisión de los procesos de cierre y transición.
- Oriente a los Estados en la creación de mecanismos de supervisión, seguimiento y rendición de cuentas para monitorear los procesos de operación, cierre y poscierre; delimitar responsabilidades empresariales y estatales; y evitar transferencias de activos u otras reconfiguraciones empresariales como forma de eludir responsabilidades.
- Inste a los Estados a prever y gestionar los riesgos sociales, económicos, culturales y ambientales de la sustitución progresiva de los fósiles; incluyendo medidas para abordar la dependencia económica de los territorios, proteger los medios de vida de las comunidades y evitar impactos de procesos de cierre abruptos o mal gestionados.
Las organizaciones y comunidades argumentaron ante la CIDH un riesgo regional creciente de que los procesos de cierre y salida de los proyectos de combustibles fósiles se realicen de forma irresponsable. En varios casos, las empresas abandonan operaciones, ceden o transfieren activos, devuelven concesiones y cesan operaciones sin garantizar la gestión adecuada de los impactos socioambientales generados por años. Estas prácticas pueden dejar afectaciones sin atender o reparar, además de responsabilidades difusas de actores públicos y privados, profundizando los riesgos para los derechos humanos y los territorios.
Subrayaron que los Estados amazónicos deben adoptar acciones de cooperación regional y garantizar la protección integral de la Amazonía —uno de los ecosistemas más importantes del planeta por su biodiversidad y su papel en la regulación climática— frente al cierre y salida de proyectos de extracción de hidrocarburos.
(1) La plataforma está conformada por comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes de La Guajira, el Centro de Investigación y Educación Popular Programa Por la Paz (Cinep/PPP), Censat Agua Viva y el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).
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