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Tribunal ordena al gobierno colombiano adoptar medidas concretas para cumplir los compromisos climáticos del país

Es la respuesta a la acción judicial presentada por una coalición para que el Estado incorpore los impactos de la cadena productiva del carbón en la política climática.

Organizaciones instan al Estado mexicano a proteger los derechos humanos y el medio ambiente frente a medidas regresivas en el sector energético

Alertan de la tendencia en la que se promueve el gas fósil como fuente de energía limpia y sostenible. Es crucial crear conciencia sobre los efectos negativos del gas fósil en la atmósfera y la salud.

Organizaciones urgen al gobierno de México a mostrar su compromiso con la protección del océano y oponerse a la minería submarina

Es urgente detener la minería en aguas profundas antes de que inicie. Existe evidencia suficiente como para entender que la minería en aguas profundas es inconsistente con un futuro sostenible. 

Financiamiento climático: Preguntas y respuestas

El financiamiento de la lucha contra la crisis climática es un tema complejo, por lo que te ofrecemos una aproximación a sus aspectos básicos.

AIDA: 25 años en defensa del derecho a un ambiente sano

Una acción climática para descarbonizar la energía y la economía

Una acción judicial busca que el Estado colombiano incorpore los impactos de toda la cadena del carbón en su política y acciones climáticas.

Los dilemas de una transición energética justa

Un valioso punto de partida es que todo lo que se lleve adelante en favor de la transición energética debe tener un enfoque fuerte y decisivo en el ambiente, los derechos humanos y de género.

El arrecife veracruzano y la oportunidad de cambiar la realidad

La Suprema Corte determinó que los permisos ambientales para la ampliación del puerto de Veracruz son ilegales. La SEMARNAT autorizó nuevamente el proyecto desacatando a la Corte.

Se debe evaluar nuevamente el impacto ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz

La nueva autorización debe ser declarada nula y se debe ordenar que se someta nuevamente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), conforme ordenó la Suprema Corte.