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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
Si fuera Estado, ¿obedecería sólo cuando me guste o me convenga?
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes En 2012, Colombia y Guatemala recibieron importantes sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), respectivamente. Ambos Estados están en desacuerdo con las decisiones, la primera por diferendo limítrofe y la segunda por violaciones a derechos humanos por masacres y desapariciones durante los años 80, y por ello amenazaron con incumplirlas o reinterpretarlas. ¿Estarán perdiendo fuerza el derecho internacional y sus cortes y disminuyendo la voluntad de los —o de algunos— Estados para acatar los fallos? O ¿se estarán volviendo demagógicos los gobiernos y para complacer a algunos, amenazan con incumplir las sentencias internacionales? Estas reacciones evidencian que estamos ante una parte de ambos escenarios, los dos igualmente preocupantes. Espero que los gobiernos y los Estados analicen la situación y rectifiquen. 2007: “Lo que defina la corte de La Haya, lo respetamos totalmente”, ¿y ahora? En noviembre de 2012, la CIJ decidió el conflicto limítrofe por las Islas de San Andrés y Providencia, los cayos y el mar territorial, entre Colombia y Nicaragua. Aunque la Corte le dio la razón a Colombia en la mayoría de los puntos, redefinió el límite del mar territorial dando a Nicaragua una importante franja marina, hasta el momento colombiana. Esto fue lo que más trascendió en Colombia y generó una dura reacción en algunos sectores, quienes exigieron al presidente Juan Manuel Santos incumplir la decisión. Incluso el ex presidente Álvaro Uribe dijo que “Colombia no debe acatar el fallo”, aunque en 2007, siendo Presidente prometió a Daniel Ortega, su par nicaragüense, respetar “totalmente” la decisión, cualquiera que fuera. La rebeldía contra la CIJ llegó a tal punto que Colombia anunció su retiro del Pacto de Bogotá: el tratado firmado en 1948 para solucionar pacíficamente controversias entre estados. Es irónico que el país donde se firmó el Pacto se retire del mismo para evitar que se cumpla. Esto además no tiene efectos prácticos a futuro. Colombia renuncia también a la tradición de respeto a las normas internacionales. ¿Habría entonces que cambiarle de nombre al Pacto? Corte IDH: Guatemala violó derechos humanos para construir la represa Chixoy La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en septiembre de 2012 una sentencia contra Guatemala por la violación de derechos humanos derivada de la masacre a la comunidad de Río Negro, realizada durante los años 80 para construir la represa de Chixoy. En consecuencia, la Corte ordenó a Guatemala investigar los hechos y sancionar a los responsables; indemnizar a los familiares de las víctimas; y mejorar la infraestructura de la comunidad afectada por los hechos, entre otras cosas. Tres meses y otras dos sentencias condenatorias de la Corte IDH después, el Gobierno guatemalteco publicó un acuerdo “reinterpretando” la voluntad del Estado, y en consecuencia, desconociendo las sentencias referidas ahechos ocurridos antes de 1987, es decir, prácticamente todos los cubiertos por las tres sentencias. Tras grandes presiones internas y externas de persos sectores, incluyendo la propia Procuraduría de Guatemala, el gobierno echó para atrás este acuerdo y por ende se presume que reitera su voluntad de cumplir. Dura lex, sed lex (Dura es la ley, pero es la ley) Jurídicamente, rechazar el resultado de estas cortes es inviable, dado que ambos Estados han reconocido su jurisdicción (autoridad) para decidir sobre casos relacionados con dichos países y las circunstancias que se discuten. Los Estados pueden arrepentirse de que las cortes decidan, pero esto tiene una consecuencia futura. La razón es obvia: todos los Estados que pierdan una decisión buscarían excusas para incumplirla, justamente como hacen ahora Colombia y Guatemala. Desde el punto de vista político, los Estados pueden negarse a cumplir. Sin embargo, ello viola la buena fe de las partes, elemento fundacional del derecho internacional que garantiza que los Estados que se someten a ciertas reglas tengan la expectativa cierta que sean cumplidas, sin discriminación respecto de quién se trate. Después de todo, es algo esencial en la existencia del derecho que evita arbitrariedades y la solución de controversias por la fuerza. Al final, se trata de la protección que tenemos todos: Estados y ciudadanos. Por ello, el mensaje que mandan los gobiernos de Colombia y Guatemala (que afortunadamente rectificó) es peligroso porque incluso cuando estos Estados necesiten protección frente a posibles agresiones o malos entendidos con otros Estados, habrán perdido su autoridad para recurrir al derecho internacional en su defensa. De otra parte y según estas reacciones, los ciudadanos podríamos obedecer las normas y las decisiones de los jueces sólo cuando éstas favorezcan nuestros intereses. Así, podría comenzar a pagar los impuestos que me parezcan justos y a pararen los semáforos cuando lo considere conveniente. Sin duda, esto suena extremo, pero interpretar o rechazar la decisión de una corte internacional, que es la suprema autoridad en la materia, me parece igualmente extremo. Celebro que Guatemala haya retrocedido en su decisión y reconocido su error. Entiendo que las violaciones a derechos humanos por las que se le condenó son duras y vergonzosas para el país. Justamente ahora tienen la oportunidad de admitirlo y remediar la situación, demostrando que los años de impunidad para estas violaciones han terminado. En cuanto a Colombia, espero que después de la aparentemente patriótica reacción al anunciar el retiro del Pacto de Bogotá, el gobierno de Santos recapacite y decida continuar honrando la tradición y el Pacto que lleva su nombre. Ojalá haga un balance de lo que perdería el país al rechazar la decisión y busque alternativas, en el marco de las normas, para proteger a las comunidades afectadas con la decisión de la CIJ. Mi postura puede explicarse quizás porque soy abogada y tengo el hábito de pensar que todo se debe resolver mediante las normas, pero me parece la decisión más inteligente y más honrosa que se puede tomar.
Leer másDeclaratoria de parte de Santurbán como Parque Natural Regional es el inicio para cumplir con la exclusión de páramos de la minería
AIDA destaca la decisión e insta al Ministerio de Ambiente a garantizar la protección de estos ecosistemas en su totalidad. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) recibió con beneplácito la declaratoria de una parte del páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander (Colombia), como Parque Natural Regional. La medida, tomada en enero, reafirma la exclusión legal de los páramos de actividades mineras en Colombia, por lo que aún debe garantizarse la protección del conjunto de estos ecosistemas. Así quedó expresado en una carta enviada por AIDA al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Instituto Alexander Von Humboldt y a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) de Colombia. La declaratoria cubre 11,700 hectáreas de las 92,000 que conforman el páramo, y fue propuesta al consejo directivo de la CDMB por el Ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, con base en un concepto previo técnico del Instituto Von Humboldt. “En AIDA llevamos más de cinco años reiterando la obligación nacional e internacional del Estado colombiano de proteger los páramos, por lo cual insistimos en que el gobierno la cumpla y excluya la minería de estos ecosistemas”, declaró Paulo Bacca, abogado de la ONG. AIDA ha insistido en la exclusión de los páramos de la minería a través de observaciones a los Código de Minas y proyectos de ley, y mediante el seguimiento a casos paradigmáticos como el de Santurbán. Por ello celebramos que el Ministerio de Ambiente, en la misma línea que los argumentos constitucionales e internacionales entregados por AIDA, negara la licencia ambiental solicitada por la firma canadiense Greystar Resources Ltda. (ahora Eco Oro Minerals) para implementar la mina de oro Angostura en el corazón del páramo. “Este asunto supera el ámbito jurídico, es un tema de seguridad nacional y de calidad de vida de los y las colombianas, pues los páramos son esenciales para el abastecimiento del 70% del agua dulce, la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático e incluso la generación de energía”, señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA. Finalmente y para evitar que la falta de demarcación sirva de excusa para impulsar proyectos mineros en las zonas de páramo, AIDA exhorta al Ministerio a que acoja de inmediato la cartografía del nuevo atlas de páramos entregada por el Instituto Von Humboldt hace unos meses. Creemos que acoger la cartografía “contribuiría a evitar que las empresas mineras se escuden en la falta de definición y demarcación de los páramos para impulsar proyectos mineros en dichas zonas”, brindando claridad a su protección y a la de los demás ecosistemas sensibles. Vea la versión en PDF de la carta.
Leer másCumbre sobre Cambio Climático: El 18avo intento…y aún sin gloria
Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA La XVIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático terminó sin gloria el pasado mes de noviembre del 2012. Es triste reconocer que la desilusión que se da año tras año ya no sorprende a nadie, aunque sí revive el sabor amargo de una preocupación cada vez más alarmante. Parece una cruel paradoja que los países que causaron el aumento de temperatura mediante una historia de emisiones descontroladas, sean hoy los privilegiados del mundo. Así lo entienden los expertos cuando predicen los impactos distribucionales del cambio climático en países pobres y ricos, concluyendo que los menos desarrollados son los condenados a mayores dificultades. Interesantemente, si bien factores como la riqueza y la tecnología influyen en las posibilidades de adaptación, la razón más importante para la vulnerabilidad de los países pobres tiene que ver con su ubicación en el globo, ya que, a menor latitud, mayores temperaturas, de acuerdo a lo publicado por el académico de la Universidad de Yale, Robert Mendelshon en un texto llamado "The distributional impact of climate change on rich and poor countries". (Ver PDF) Peor aún es el hecho de que los países más afectados no cuentan con los medios económicos o capacidades para adoptar medidas efectivas de mitigación, adaptación o para hacer frente a pérdidas y daños. Están atados de manos y con la sola esperanza de ser salvados por sus hermanos ricos, quienes miran indecisos desde el otro lado del planeta. Lo concreto en Doha El logro más importante de esta COP18 fue la resolución de prolongar el Protocolo de ioto por un segundo período: de 2013 a 2020. Si bien se rescató el único documento vinculante que existe actualmente, los compromisos que éste contiene son sabidamente insuficientes frente a las necesidades del caso. Los países firmantes se comprometieron a reducir sus emisiones en 18% para 2020, comparando éstas con las de 1990. Sin embargo, la ciencia establece que deben reducirse en 40% si se busca evitar los efectos irreversibles del cambio climático que ya se asoman. Entre los efectos que ya se observan y que podemos atribuir al calentamiento global, se encuentran la reducción de los glaciares y las superficies heladas, el cambio en las precipitaciones, el área de distribución de ciertas especies que se ha ido desplazando hacia los polos, entre muchas otras. El panorama se agrava si tenemos en cuenta que este débil compromiso sólo fue adquirido por la Unión Europea y unos pocos países más; mientras que algunos de los mayores emisores entre los países desarrollados —como EEUU, Japón, Rusia, Canadá y Nueva Zelandia— no lo han firmado. Los demás grandes emisores, que no son países desarrollados (como Brasil, China e India), no tienen compromisos de reducción bajo el Protocolo. En total, los países firmantes representan apenas un 15% de las emisiones globales. Otros resultados En la COP18 se aprobó además el denominado “Portal Climático de Doha”, el cual contiene una serie de acuerdos que al final constituyen un avance poco real, siendo más bien decisiones procedimentales que dejan lo concreto a ser decidido a futuro. En lo económico, se reconoció la necesidad de extender el programa de financiamiento a largo plazo hasta 2013, con el objetivo de que los países desarrollados identifiquen maneras de movilizar los 100 mil millones de dólares comprometidos para 2020. ¿De dónde vendrán esos recursos? La interrogante continúa sin respuesta. En cuanto al Fondo Verde Climático (FVC), a pesar de que se reconoce su importancia y se insta a su rápida operacionalización, no se avanzó en su financiamiento ni respecto a la responsabilidad y monitoreo que deberá tener con la COP. Nuestro equipo, así como la delegación de Filipinas, esperaba que se decidieran de una vez los lineamientos que determinarían tal relación (FVC-COP), considerando a la sesión plenaria de la COP como la mejor alternativa. Lamentablemente, sucedió que la tarea no sólo fue postergada, sino que también quedó a cargo del Comité Permanente, lo que resulta preocupante puesto que este último es un órgano independiente sin mucho camino recorrido. Destacable, aunque de nuevo insuficiente, fue la decisión de instaurar un mecanismo de “pérdidas y daños”, que corresponde a un procedimiento de compensación por el cual los países que fueron los principales emisores aceptan compensar los daños ocasionados a los países en desarrollo. Aún si la iniciativa parece acertada, únicamente se decidió que sus arreglos institucionales debieran completarse a fines de 2013. Al final del día, y como cada año, las decisiones tomadas en Doha no impactan en la mitigación del cambio climático ni en la capacidad de los países más pobres para adaptarse al mismo. Parece increíble que cada año se llame a una conferencia mundial, con el esfuerzo y los recursos que implica, para volver a quedar en nada, para no satisfacer a nadie, para seguir discutiendo una y otra vez sobre asuntos que no se deciden. Lo rescatable de la situación actual es quizás la creciente conciencia ciudadana, que se manifiesta cada vez con mayor firmeza para exigir a las autoridades la implementación de otra forma de desarrollo. Por desgracia, en cuanto a una voluntad política que conduzca a verdaderos cambios y avances hacia la solución del problema, lo conseguido es poco.
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