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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NC

Victoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente

En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.

La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.

La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.

La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana

En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.

Felicitamos a las ONG nacionales, especialmente al Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), nuestra organización participante, por su incansable esfuerzo en defensa del ambiente y los derechos humanos. Esperamos que el precedente establecido en este caso sea replicado en otros países del continente. Además de beneficios ambientales, ello implicará importantes beneficios sociales y económicos.
 

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Juez Ordena Medidas para Recuperación de Salud Pública en La Oroya

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 14 de abril de 2005 Juez Ordena Medidas para Recuperación de Salud Pública en La Oroya   En Abril del 2005, el 22º Juzgado Civil de Lima ordenó al Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), la implementación de medidas concretas para el mejoramiento de la crisis de salud pública en La Oroya, Perú, la ciudad donde la compañía estadounidense, Doe Run, opera un complejo metalúrgico de metales múltiples. La sentencia determinó que MINSA y DIGESA han incumplido las leyes de salud aplicables. Adicionalmente, la juez declaró que el gobierno no ha tomado acciones para proteger la salud de los afectados, a pesar que numerosos estudios evidencian la crisis de salubridad en La Oroya. La actividad metalúrgica produce una alta contaminación por metales pesados y dióxido de azufre. Según el último estudio realizado por DIGESA y por la compañía, la contaminación es tan alta que más del 99% de los niños menores de seis años, que habitan en el vecindario más cercano al Complejo—La Oroya Antigua—padecen de niveles de plomo en sangre mayores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Océanos

Admitido Amparo para Proteccion de las Tortugas Baulas, Costa Rica

    PARA PUBLICACION INMEDIATA 30, Marzo 2005 CONTACTOS: Rolando Castro, CEDARENA, (506) 283-7080, [email protected] Anna Cederstav, AIDA (510) 550-6748, [email protected]   ADMITIDO AMPARO PARA PROTECCION DE LAS TORTUGAS BAULAS   SAN JOSE, Costa Rica—La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica admitió para su estudio un Recurso de Amparo interpuesto en contra de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Hacienda, adicionando al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por la violación del derecho constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivado de la falta de protección del Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMB). En su Resolución, la Sala Constitucional solicitó informes a los demandados y suspendió las autorizaciones de las construcciones en el Parque.   El amparo, interpuesto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y sus organizaciones participantes costarricenses, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y Justicia para la Naturaleza (JPN), busca la protección efectiva del PNMB, creado en 1995 con el fin de proteger la anidación de tortugas marinas Baula o Laúd. La demanda se interpuso para impedir construcciones dentro del parque nacional que afectarían el ecosistema en el que estas tortugas anidan.   Las tortugas baula son animales jurásicos, contemporáneos de los dinosaurios y sobrevivientes de la época de las glaciaciones, declaradas internacionalmente como en peligro crítico de extinción. Esta especie requiere de condiciones particulares para la anidación, por lo cual el impacto de los seres humanos en las playas y las luces de las construcciones propuestas tendrían una severa afectación sobre ella.   Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones se creó el Parque Nacional Marino Las Baulas, que incluye las playas de Carbón, Ventanas, Langosta y Playa Grande, constituyéndose en la zona más importante de anidación de esta especie en el Océano Pacífico Oriental. De hecho, el 80% de las tortugas baula que anidaron en Costa Rica entre el 2001 y 2002 lo hicieron en el PMNB. Otras playas de anidación en Costa Rica ya han sido destruidas, como Flamingo y Tamarindo, por la falta de planificación.   “Buscamos evitar que pase lo mismo en el Parque Marino Las Baulas,” afirmó Anna Cederstav, Directora de Programas de AIDA. “Costa Rica tiene una oportunidad importante para proteger esta especie que es patrimonio de la humanidad, además de ser un valioso recurso económico para el país.”   La Procuraduría General de la República, en un informe del 2004, exhortó a las autoridades a abstenerse de autorizar construcciones en el Parque, dada la fragilidad de las baulas. Sin embargo, esta recomendación no se ha cumplido hasta el momento, ni las autoridades han acatado sus funciones. La Municipalidad de Santa Cruz debe velar por los intereses locales y la protección del ambiente de su jurisdicción. LA SETENA, por su parte, debe velar para que los proyectos que se construyan en áreas ambientalmente frágiles como las áreas protegidas, no causen impactos negativos en estas. El MINAE debe expropiar los terrenos necesarios para consolidar el Parque y el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para realizar las expropiaciones.   Las ONGs interpusieron el recurso de amparo debido al incumplimiento de estas obligaciones. Además, para evitar el daño irreparable que las construcciones pueden causar, mientras se realizan los procesos de expropiación. “La suspensión de las obras y de los permisos envía un claro mensaje a la SETENA y a la Municipalidad que entratándose de parques nacionales se debe actuar con sumo cuidado y no aprobar proyectos que pongan en peligro el fin mismo del parque”, aseguró Rolando Castro, abogado de CEDARENA. “Confiamos en que la Sala Constitucional decidirá a favor de las tortugas baula, especie que como ha dicho la Sala no nos pertenece por ser un recurso compartido y altamente migratorio. El PNMB tiene un gran potencial como destino turístico y científico, y es una fuente importante de ingresos económicos”. Este caso sentaría un importante precedente ya que hay otros parques nacionales bajo un riesgo similar, no sólo en Costa Rica sino en toda la región.  

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Riesgo de Salud en La Oroya es Mayor de lo Pensado: Plomo y Compuestos de Plomo Clasificados como Cancerígenos

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 8 de febrero de 2005 Contactos: Carlos Chirinos, SPDA, +51-4211394, [email protected] Eliana Ames, LABOR, +51-2616515, [email protected] Anna Cederstav, AIDA, +1-510-550-6748 (EEUU)   RIESGO DE SALUD EN LA OROYA ES MAYOR DE LO PENSADO: PLOMO Y COMPUESTOS DE PLOMO CLASIFICADOS COMO CANCERÍGENOS.   LIMA, PERÚ – El 31 de enero de 2005, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos publicó el Informe Semestral sobre Cancerígenos, el cual incluye por primera vez el plomo y todos los compuestos con contenido de plomo como sustancias que probablemente causan cáncer en seres humanos. Este informe enlista las sustancias cancerígenas en dos categorías, aquellas “conocidas como cancerígenas para el hombre,”y aquellas “con probabilidad razonable de ser un cancerígeno para el hombre.”Debe resaltarse en este Informe la inclusión del plomo y de los compuestos del plomo en la categoría de “probabilidad razonable de ser un cancerígeno humano”. Esta nueva clasificación de plomo y todos los compuestos de plomo se ha basado en datos epidemiológicos de estudios en humanos y en evidencia sustancial de estudios en animales experimentales. Por ejemplo, se demostró que la exposición al plomo aumenta la presencia de tumores en los riñones, el cerebro, el sistema hematopoyético y los pulmones en ratas y/o ratones (IARC 1980, 1987). Todavía no se entienden completamente los mecanismos por los que el plomo causa cáncer, pero los estudios realizados en seres humanos que estuvieron expuestos por su ocupación al plomo, han sugerido que el plomo daña los cromosomas o el ADN, lo cual puede causar cáncer (ATSDR 1999, NTP 2003). El plomo es liberado en el ambiente predominantemente por procesos industriales. Dentro de estos procesos, las fundiciones de plomo por sí solas son actualmente la fuente principal de las emisiones de este metal pesado, contabilizando más del 78% de todas emisiones de plomo en 2001 en los Estados Unidos (EPA 2003). Además de incluir el plomo y sus compuestos en la clasificación de sustancias con “probabilidad razonable de ser un cancerígeno para el hombre”, en noviembre de 2004 la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos anunció el inicio de un proceso de recopilación de información necesaria para revisar los estándares de calidad de aire respecto del plomo. El estándar actual de los Estados Unidos de 1.5 ug/m3 como promedio anual, el que sirvió de base a los estándares fijados para el Perú en 2003, no ha sido revisado en más de veinte años, por lo que no toma en cuenta la información científica más reciente y esta alejado de los estándares internacionales. De hecho, el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 0.5 microgramos de plomo por metro cúbico en el aire, siendo hasta tres veces más estricto que el de los Estados Unidos. Estas ultimas dos acciones del gobierno de los Estados Unidos evidencian la rigurosidad necesaria con la que se viene asumiendo el tema del plomo, debido al alto riesgo que este conlleva para la salud humana. En contraste, en el caso peruano resulta particularmente preocupante la situación de ciudades como La Oroya y otras poblaciones ubicadas en áreas de influencia minero metalúrgicas en donde se producen concentrados de plomo, por las altas concentraciones de este contaminante, que claramente representan un riesgo para las personas. No hay duda entonces de la urgencia de implementar medidas eficientes para evitar el aumento del riesgo para la salud humana, incluso la posibilidad de sufrir cáncer, que enfrentan las personas que viven y trabajan en estos lugares.

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