Por Florencia Ortúzar Greene y Karla Maass*

En un escenario internacional de creciente fragmentación política, conflictos geopolíticos y debilitamiento de la cooperación internacional, la 31.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31) —a celebrarse del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía— representa una oportunidad para fortalecer el multilateralismo y avanzar colectivamente hacia transformaciones estructurales basadas en la justicia, los derechos humanos y la protección de los ecosistemas.

En América Latina y el Caribe, el contexto que rodea a la COP31 se expresa en la expansión del extractivismo, el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y riesgos crecientes en torno al control de los recursos naturales. A ello se suman conflictos socioambientales y amenazas a personas defensoras del ambiente. Al mismo tiempo, la dependencia de los combustibles fósiles continúa exponiendo a los países a tensiones geopolíticas, volatilidad de los mercados energéticos y riesgos para sus economías y la seguridad de sus poblaciones.

Frente a este panorama, la COP31 debe contribuir a reconstruir la confianza en el multilateralismo mediante decisiones capaces de acelerar la acción climática, superar las barreras para su implementación y responder a las necesidades de los países del sur global.

Desde AIDA identificamos cuatro procesos fundamentales para avanzar en esta dirección.

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1. Hacer realidad un mecanismo de transición justa

Uno de los principales desafíos de la COP3 será definir cómo poner en funcionamiento el Mecanismo de Transición Justa (BAM, por sus siglas en inglés), acordado en la COP30. Su potencial transformador dependerá de que trascienda los espacios de diálogo y, por tanto, establezca una gobernanza multiactor inclusiva enfocada en superar las desigualdades estructurales que condicionan la transición, especialmente en los países del sur global.

AIDA propone:

• Gobernanza: Garantizar la representación efectiva de los titulares de derechos en los órganos de gobernanza y en las instancias técnicas del mecanismo. Esto mediante un sistema inspirado en la representación del público del Acuerdo de Escazú, que asegure la participación formal y permanente de representantes de cada uno de los grupos de interés reconocidos en la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
• Modalidades de trabajo: Establecer un proceso permanente de recopilación, sistematización y análisis de información que permita incorporar la mejor evidencia científica disponible y los resultados de otros procesos internacionales para orientar las prioridades y acciones del mecanismo. Asimismo, proponemos una articulación con el Comité Permanente de Finanzas para incluir un análisis específico de los recursos destinados a la transición justa en el primer informe bienal de seguimiento del nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) de financiamiento climático, previsto para 2028.
• Funciones: Impulsar una transición energética justa que acelere el abandono de los combustibles fósiles mediante zonas libres de explotación, concebidas como territorios de vida, y el fortalecimiento de alternativas energéticas renovables y comunitarias. También proponemos establecer salvaguardas socioambientales para la extracción de minerales “críticos”, basadas en los derechos humanos, la integridad de los ecosistemas y criterios estrictos de necesidad, trazabilidad y uso responsable, evitando que la transición energética reproduzca nuevas formas de extractivismo.

2. Pasar de las promesas de financiamiento a medidas concretas

El financiamiento climático continúa siendo uno de los principales puntos de tensión de las negociaciones internacionales. La COP31 deberá avanzar en la puesta en marcha del Programa de Trabajo sobre Financiamiento Climático, situando en el centro las obligaciones de los países desarrollados de proveer recursos a los países en desarrollo, conforme al artículo 9.1 del Acuerdo de París.

AIDA propone:

• Alcance: Asegurar que el programa contribuya a la implementación del NCQG, particularmente de la meta de al menos 300 mil millones de dólares anuales para 2035, mediante una hoja de ruta que fortalezca la provisión de financiamiento público por parte de los países desarrollados. Asimismo, consideramos fundamental establecer un mandato específico para evaluar el financiamiento público proyectado para el cumplimiento de esta meta, aprovechando las comunicaciones y los procesos establecidos en virtud del artículo 9.5 del Acuerdo de París; así como formular recomendaciones y medidas concretas para la COP32.
• Modalidades de trabajo: Impulsar espacios innovadores de intercambio técnico y político que trasciendan los diálogos tradicionales y permitan identificar soluciones frente a barreras estructurales como el endeudamiento, el elevado costo del capital y las dificultades de acceso directo para el financiamiento a pueblos indígenas y comunidades locales. También planteamos fortalecer la articulación con el Diálogo de Veredas para aprovechar sus hallazgos sobre la reorientación de los flujos financieros internacionales, sin sustituir las obligaciones de provisión de financiamiento de los países desarrollados.

3. Un Balance Mundial que permita identificar las transformaciones necesarias

La COP31 marcará el inicio del segundo Balance Mundial del Acuerdo de París (GST2, por sus siglas en inglés), un proceso que evaluará los avances colectivos de la acción climática y contribuirá a orientar las decisiones internacionales de los próximos años.

AIDA propone:

• Establecer medidas específicas para facilitar la recopilación y sistematización de información de actores tradicionalmente subrepresentados, especialmente pueblos indígenas y comunidades locales, brindando el apoyo necesario para asegurar que sus conocimientos, experiencias y soluciones territoriales contribuyan a una evaluación más representativa. 
• Establecer un mecanismo abierto e inclusivo de retroalimentación sobre los informes de síntesis que resulten de la fase de recopilación de información. Este debe permitir presentar observaciones, identificar vacíos de información y conocer cómo se incorporan las contribuciones recibidas. 
• Asegurar un GST2 se sustente en la mejor ciencia disponible, incluida la incorporación oportuna de los resultados del Séptimo Informe de Evaluación del IPCC (AR7), y tome los compromisos del primer Balance Mundial como punto de partida para evaluar su implementación, asegurando la justicia climática, los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas como ejes transversales.

4. Acelerar la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles

A casi tres años del compromiso adoptado en la COP28 de Dubái, su implementación continúa enfrentando importantes obstáculos, mientras persisten los planes de expansión de la producción de combustibles fósiles. La COP31 representa una oportunidad para superar este estancamiento y dar continuidad a las iniciativas internacionales que buscan acelerar una transición justa, ordenada y equitativa.

Para ello, será clave un respaldo político explícito de las presidencias de la COP31 a la hoja de ruta impulsada por la presidencia brasileña de la COP30 y al proceso iniciado en Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles (Santa Marta), fortaleciendo su reconocimiento y relevancia en la agenda climática internacional.

AIDA propone:

• Formalizar y asegurar la continuidad institucional de la hoja de ruta brasileña mediante su incorporación al paquete político de Antalya (Antalya Political Package), así como incorporar los resultados de ambos procesos al segundo Balance Mundial (GST2) para evaluar los avances y las brechas en la implementación del compromiso de abandonar los combustibles fósiles. 
• Destacamos la necesidad de que el compromiso de electrificación 35x35 contribuya efectivamente a reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante el impulso de energías renovables, sistemas descentralizados y modelos de gobernanza democrática y comunitaria, con salvaguardas socioambientales y una distribución equitativa de los beneficios.

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Una COP31 orientada a la justicia climática

La crisis climática exige mucho más que nuevos compromisos. Requiere transformar los modelos de desarrollo, las relaciones económicas internacionales y los mecanismos de cooperación y financiamiento que determinan las posibilidades reales de acción de los países y sus territorios.

La COP31 ofrece una oportunidad para avanzar en esa dirección. Su relevancia dependerá de la capacidad de los gobiernos para adoptar decisiones concretas, fortalecer la cooperación internacional y asegurar que las transformaciones necesarias se construyan con la participación efectiva de quienes habitan, defienden y protegen los territorios.

En nuestro documento de propuestas para la COP31, hacemos planteamientos específicos para los cuatro procesos de negociación con el propósito de contribuir a una acción climática más ambiciosa, equitativa y centrada en los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas.

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*Florencia Ortúzar Greene es la directora del Programa de Clima de AIDA y Karla Maass es consultora externa de la organización.