
El futuro del transporte marítimo está en juego: ¿Qué se negocia en la OMI?
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El transporte marítimo mueve buena parte de los productos que usamos a diario. Pero también genera cerca del 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). Junto con el transporte aéreo, es un sector en donde reducir las emisiones puede resultar difícil pues se requiere un acuerdo global.
En una publicación anterior, contamos cómo la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de las Naciones Unidas que regula el transporte marítimo, negociaba medidas para descarbonizar el sector. Desde entonces, hubo avances y obstáculos. Hoy, esa discusión está en un momento decisivo.
Un acuerdo histórico sin precedentes
En 2023, los países miembros de la OMI acordaron una estrategia para reducir las emisiones del transporte marítimo y llegar a emisiones netas cero cerca de 2050 con el compromiso de promover una transición equitativa y justa. También fijaron como metas de reducción intermedias, tomando como base las emisiones de 2008, una reducción de al menos un 20% para 2030 y de 70% para 2040.
Para convertir esos objetivos en reglas concretas, en abril de 2025, durante la reunión 83 del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC 83), se aprobó el texto del Marco Cero Neto (Net-Zero Framework, NZF). Su diseño combinaba dos herramientas:
- Una medida técnica para exigir que los combustibles utilizados por los buques sean progresivamente menos contaminantes, promoviendo el uso de alternativas de cero o casi cero emisiones y estableciendo metas de reducción de emisiones anuales cada vez más estrictas.
- Una medida económica que dispone pagos para los buques que superen ciertos límites de emisiones. Con esto se propuso la creación del Fondo Cero Neto para que los recursos recaudados sean utilizados en incentivar tecnologías más limpias y apoyar medidas para una transición justa y equitativa.
El acuerdo significó un avance sin precedentes que aumentaría el costo de usar combustibles marítimos tradicionales, como el HFO (fuel oil pesado), incentivando el uso de combustibles menos contaminantes, y permitiendo apoyar a los países menos aventajadas en la transición con los recursos recaudados.
Sin embargo, en octubre de 2025, durante el MEPC 83, cuando correspondía adoptar formalmente el acuerdo, fuertes presiones políticas en torno a la ambición climática del Marco Cero Neto y su implementación aplazaron la discusión por un año. El NZF quedó sin adopción definitiva en medio de diferencias sobre sus costos, su aplicación y su componente económico.
¿Qué ha pasado en 2026?
En abril de 2026, durante las sesiones del MEPC 84, los Estados acordaron abrir un nuevo espacio para discutir las preocupaciones pendientes y buscar un consenso más amplio. Para ello se programaron dos reuniones del Grupo de Trabajo Intersesiones sobre la Reducción de los Gases de Efecto Invernadero de la OMI, conocido como ISWG-GHG.
La primera se celebró del 1 al 4 de septiembre (ISWG-GHG 22) y la segunda será realizada en noviembre, junto con el MEPC 85. Aunque en la primera reunión hubo disposición al diálogo y coincidencias en algunos aspectos técnicos, hubo fuertes diferencias entre los diferentes grupos de países y no se acordó una nueva versión del NZF. Algunos países buscan flexibilizar y hacer menos exigentes las metas de reducción de emisiones, además de limitar o eliminar todo tipo de pagos e incentivos para cumplir con el mecanismo, disminuyendo sensiblemente la posibilidad de una transición justa y equitativa en el transporte marítimo.
Lo discutido en el ISWG GHG 22 permite identificar con mediana claridad dos enfoques: uno que busca mantener la estructura del acuerdo del MEPC 83 y garantizar que la regulación logre de forma efectiva acelerar el cambio hacia combustibles con menores emisiones y cumplir las metas climáticas definidas por la OMI; y otro que busca incorporar en la estrategia de descarbonización el ritmo del mercado de los combustibles actuales —en base a su disponibilidad, escalabilidad y precio—, permitiendo extender el uso de combustibles fósiles, como el gas natural licuado, como combustibles de transición del sector marítimo. Dos son los principales debates en las negociaciones:
a. Determinar cuánto y a qué ritmo deben bajar las emisiones de GEI de los buques
El NZF propone un estándar global que limita progresivamente la cantidad de GEI generados por cada unidad de energía utilizada por los buques. Para calcularlo, considera las emisiones del combustible durante todo su ciclo de vida, desde su producción hasta su utilización a bordo (well-to-wake). Esto evita presentar como limpia una alternativa que contamina a lo largo de su cadena de valor antes de llegar al barco.
Algunas propuestas de países buscan flexibilizar las metas iniciales o vincular su exigencia a la disponibilidad, asequibilidad y escalabilidad de los combustibles. Quienes las defienden advierten que el cambio requiere inversiones, infraestructura y tecnologías que todavía no están disponibles de manera suficiente en todas las regiones. Si bien estas dificultades son reales e inherentes al proceso, debilitar las metas no parece ser la solución más adecuada. Esto sería contraproducente pues retrasará aún más las inversiones en nuevas tecnologías, además de prolongar el uso de combustibles fósiles y hacer más difícil cumplir con los objetivos climáticos. La solución debe permitir una implementación viable sin perder de vista que el objetivo es reducir efectivamente las emisiones de la flota internacional.
b. Determinar quiénes pagan por contaminar y quiénes reciben apoyo
El segundo debate gira en torno al mecanismo económico del NZF. En su versión aprobada en 2025, los buques que no alcancen ciertos niveles de desempeño deben realizar contribuciones económicas. Estos recursos alimentarían el Fondo Cero Neto de la OMI, pensado para apoyar el uso de combustibles menos contaminantes y financiar medidas para una transición justa y equitativa en países vulnerables.
Específicamente la llamada Regulación 41, establece que parte de los ingresos recaudados financien medidas de apoyo a una transición justa y equitativa, propiciando la protección ambiental y climática, así como la adaptación y resiliencia, con foco en las necesidades de los países en vías de desarrollo.
En esta regulación se considera también el financiamiento de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de infraestructura marítima y portuaria, la transferencia de tecnologías, el desarrollo de capacidades y la cooperación técnica entre países. Además, contempla el apoyo a personas trabajadoras del sector marítimo y a la gente de mar; la implementación de planes de acción nacionales, incluyendo modernización y renovación de flotas; y la atención de los impactos negativos desproporcionados que las nuevas medidas puedan generar, por ejemplo, en la seguridad alimentaria.
Aunque muchos países defienden este esquema de recaudación, otros buscan eliminar los pagos obligatorios y el Fondo Cero Neto. Liberia y Panamá proponen reemplazarlos por un sistema de intercambio de créditos de emisiones entre buques, donde las transacciones económicas quedarían principalmente dentro de la industria marítima. Por su parte, Japón propone que las navieras, en lugar de aportar a un fondo común, cumplan sus obligaciones mediante contribuciones directas a proyectos que seleccionados ellas mismas, sujetos a aprobación de la OMI. Brasil plantea una alternativa intermedia: mantener la recaudación y redistribución de recursos mediante una entidad financiera más flexible (Facility).
Lo contradictorio es que, sin una fuente de financiamiento estable, predecible y que envíe las señales adecuadas, es mucho más difícil disminuir las emisiones de CO2 y apoyar a los países con menos recursos para adaptarse. Los incentivos para las empresas o una transición más flexible y paulatina no garantizan por sí solos el cumplimiento de las metas de descarbonización ni que los beneficios de la transición lleguen también a los países y comunidades que más los necesitan. Si actualmente se estima que el NZF recaudaría entre 11.000 y 12.000 millones de dólares anuales para incentivar la descarbonización y financiar una transición justa, las alternativas que eliminan la recaudación centralizada concentrarían los beneficios económicos en las propias empresas, sin garantizar recursos para apoyar a los países más vulnerables.
Lo que está en juego para los países de América Latina y el Caribe
Para la región, estas decisiones no son lejanas y requieren pasos decididos para que la descarbonización entregue resultados climáticos y no solo costos económicos. Muchos países dependen del transporte marítimo para importar alimentos, medicamentos y energía o para exportar sus productos. Además, la región es productora de combustibles fósiles y requiere estímulos económicos para adaptar sus sistemas energéticos a las nuevas demandas del transporte marítimo, especialmente en los puertos, así como para que los países se mantengan competitivos y cumplan las regulaciones de la OMI. También se debe considerar la necesidad de adaptación de los puertos regionales a los riesgos asociados a la crisis climática.
Debilitar el acuerdo no hará que la región se integre justa y equitativamente al proceso de descarbonización de la OMI. La transición energética y de combustibles ya está ocurriendo, con mayor o menor rapidez, y los países más desarrollados están invirtiendo en infraestructura y capacidades técnicas, al tiempo que pavimentan el camino para asegurar su participación en el futuro del sector y en los beneficios y oportunidades del proceso.
Sin embargo, la participación de América Latina y el Caribe en la transición está en juego. Sin un acuerdo que establezca un marco claro para el apoyo a la transición de países en desarrollo y menos desarrollados, como lo determinado en la Regulación 41, existe el riesgo real de que la región quede al margen del proceso y sus Estados enfrenten los costos de la transición. Esto es así porque muchos países tienen limitaciones para emprender inversiones energéticas en el sector marítimo y podría tomar años para que se conviertan en proveedores de combustibles limpios.
Lograr un acuerdo robusto, justo y equitativo en la OMI no solo acelerará la reducción de emisiones contaminantes, sino que permitirá que la transición sea posible para todos los países del mundo sin dejar a ninguno atrás.
Un acuerdo justo debería responder tanto a los desafíos climáticos como a las necesidades de los países en la transición. En particular, necesita:
- Metas claras y ambiciosas que permitan reducir las emisiones contaminantes del sector, con la urgencia requerida y sin postergar indefinidamente el cambio tecnológico.
- Financiamiento suficiente para que los países con menos recursos puedan enfrentar los impactos desproporcionados de la regulación e invertir en nuevas tecnologías, capacidades técnicas e infraestructura portuaria.
- Brindar protección a las personas y al ambiente para que la producción de nuevos combustibles y la transformación de los puertos respeten los derechos de personas trabajadoras, comunidades costeras y pueblos indígenas.
La región tiene, por tanto, un papel activo que jugar. Sus gobiernos pueden impulsar posiciones que combinen ambición climática, protección ambiental, cooperación internacional y garantías para una transición justa y equitativa, en lugar de aceptar que se tenga que elegir entre proteger la economía y proteger el clima.
Un cierre de año decisivo
En los próximos meses, las negociaciones en la OMI tendrán un periodo muy importante que podría definir el futuro del acuerdo y determinar si la discusión se seguirá posponiendo o habrá un texto definitivo. Del 23 al 27 de noviembre, se celebrarán las reuniones del ISWG-GHG 23; del 30 de noviembre al 3 de diciembre, tendrá lugar el MEPC 85; y el 4 de diciembre podría reanudarse la sesión extraordinaria (MEPC ES.2) aplazada en 2025, si el Comité lo confirma.
Alcanzar un acuerdo global con reglas comunes permitirá tener mayor claridad sobre el futuro del sector y evitar que cada país o región avance por separado. Pero no basta con aprobar cualquier acuerdo. Su éxito dependerá de que logre efectivamente reducir emisiones contaminantes, acelere la salida de los combustibles fósiles y reúna recursos suficientes para apoyar a los países que enfrentan mayores dificultades.
Desde AIDA seguiremos de cerca estas negociaciones, promoviendo que las delegaciones de América Latina y el Caribe tengan una voz activa, basada en sus intereses legítimos y el mejor conocimiento técnico disponible, no en presiones políticas.
El desafío es lograr que la transformación del transporte marítimo sea, al mismo tiempo, una respuesta efectiva a la crisis climática y una oportunidad para avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para los países de la región.
Juan Francisco Zapata Hassi

Juan Francisco Zapata Hassi es abogado becario del Programa de Clima de AIDA, trabajando desde Chile. Es abogado por la Universidad de Concepción y tiene un Máster en Derecho Ambiental Internacional y Derechos Humanos de la University of Kent, Reino Unido. Juan tiene experiencia como abogado ambiental en Chile y es investigador en temas de derecho ambiental y climático. Ha sido visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.