Los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe han sido actores esenciales en la protección de la naturaleza, de ecosistemas clave y, en suma, de la vida de todos los seres que habitamos el planeta. Al mismo tiempo, han sufrido históricamente discriminación, exclusión y la violación de sus derechos, viendo amenazada su supervivencia.
Según el informe Hacia un futuro Inclusivo, sostenible y justo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, América Latina es la región con mayor proporción de grupos indígenas y tribales en pobreza extrema.
En el contexto actual de crisis sanitaria global por la pandemia COVID-19, la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región se ha incrementado de manera preocupante por al menos tres razones:
Tanto Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han llamado la atención sobre al indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Sin embargo, las comunidades étnicas han enfrentado históricamente la ausencia de garantías para el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Muchos de estos pueblos no tienen acceso efectivo a servicios de salud, saneamiento y seguridad social. Y debido a la deforestación y el avance de la frontera agrícola en sus territorios, enfrentan cada vez más desafíos para asegurar su soberanía alimentaria, enfrentar nuevas enfermedades y ajustar sus sistemas de medicina tradicional. Además, varios de ellos tienen graves problemas para acceder a bienes indispensables como el agua y la alimentación.
Las barreras para el acceso a estos servicios en condiciones de calidad se han hecho más grandes con la crisis sanitaria actual, haciendo más vulnerables a estas poblaciones y poniendo en riesgo su supervivencia misma como pueblos. Es una realidad abrumadora para la región.
En un pronunciamiento reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación al respecto afirmando que, a nivel local, los “procesos pandémicos producen impactos desproporcionados sobre poblaciones con mayores dificultades de acceso a estructuras sanitarias y tecnologías de atención a la salud dentro de los países, como pueblos indígenas…”
A nivel regional, la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), se declaró en emergencia ante la crisis sanitaria.
En Guatemala, la Comisión Internacional de Juristas denunció que los pueblos indígenas “enfrentan el riesgo de sufrir los efectos destructivos de la pandemia COVID-19, debido a la discriminación histórica y sistemática en su contra” y que en la crisis actual “no tienen acceso a información clara y sencilla para saber cómo protegerse de la pandemia y cómo ser protegidos durante la emergencia por el Sistema de Salud”.
Líderes indígenas en Perú denunciaron escasez de alimentos y deficiencias en la atención de salud, solicitando el abastecimiento de artículos de primera necesidad en las comunidades y la definición de protocolos para llevar insumos.
En Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que más de 191.000 familias indígenas están en riesgo de contagio y que para cerca de 513.000 familias la crisis humanitaria debido a la pandemia es inminente. Además, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas aseguró que esa población está en alto riesgo y que “los territorios mayoritariamente afrodescendientes no cuentan con una red de equipamientos y personal que le permita atender debidamente las posibles personas afectadas”
La situación en Brasil es la misma. De 471 tierras indígenas, 13 tienen índices de vulnerabilidad crítica respecto de la pandemia. En los estados de la Amazonia Legal, 239 tierras indígenas tienen índices de vulnerabilidad intensos o altos. En general, el índice varía entre moderado, alto, intenso y crítico. Además, menos del 10% de los municipios brasileños con tierras indígenas tienen camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos y el sistema de salud indígena sólo atiende enfermedades comunes.
Sin la orientación de los departamentos de salud, muchos grupos indígenas están tomando medidas preventivas por su cuenta para evitar que la pandemia llegue a sus territorios. Esas medidas incluyen el aislamiento voluntario, campañas de higiene, la suspensión de grandes movilizaciones, eventos y viajes; e incluso el cierre del tráfico entre pueblos para evitar el avance de la enfermedad.
En distintos países de la región, comunidades indígenas están denunciando que las medidas adoptadas por autoridades frente a la pandemia han sido precarias y culturalmente inadecuadas porque no consideran los usos y costumbres de esos pueblos.
La CIDH y la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales han reiterado que los Estados deben adoptar respuestas culturalmente adecuadas, oportunas y efectivas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas ante la pandemia.
La CIDH recordó a los Estados su obligación de otorgar “protección especial” a la población indígena, así como “la importancia de proporcionarle información sobre la pandemia de forma sencilla y, en lo posible, en su idioma tradicional”. También se refirió a las comunidades afrodescendientes y tribales, instando a “visibilizar” su situación y “especialmente a incluir una perspectiva étnico-racial con un enfoque interseccional en todas las medidas de respuesta implementadas tanto en el ámbito nacional, como en las respuestas regionales que se puedan articular”.
En México, el Colectivo de Comunidades Mayas de Hopelchén hizo una denuncia pública al gobierno mexicano por la falta de implementación de una estrategia oficial para informar a los pueblos indígenas mayas sobre los riesgos que enfrentan ante la crisis sanitaria.
En Ecuador, la OMS advirtió la falta de protocolos para pueblos y nacionalidades indígenas frente a la pandemia. Señaló que es fundamental que los programas sociales de alimentación lleguen a estas comunidades y al sector rural, y que las campañas de prevención lleguen en sus idiomas propios.
La situación se agrava por la poca conectividad de muchos de estos pueblos, que carecen de vías terrestres, aéreas y/o fluviales. Esto obstaculiza su movilidad y su acceso a servicios sociales, a internet y a información sobre la pandemia, las medidas estatales adoptadas y acerca de las acciones de autocuidado a implementar.
En medio de la emergencia sanitaria y del confinamiento decretado en varios países de la región, gobiernos y otros actores han adoptado medidas o promovido iniciativas que desconocen el derecho a la consulta previa, ocasionan la flexibilización de requisitos ambientales para proyectos de desarrollo de alto impacto y favorecen la falta de garantía efectiva para la participación ciudadana en asuntos ambientales.
En Colombia, el gobierno nacional promovió la realización de consultas previas de manera virtual. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas y varias organizaciones de derechos humanos rechazaron la iniciativa que finalmente fue derogada. Sin embargo, la preocupación persiste por la solicitud de empresarios al gobierno para la flexibilización de permisos ambientales en el país, un instrumento vital para proteger el ambiente y los territorios indígenas.
En Brasil, las amenazas de la pandemia a las comunidades indígenas se agravan con la invasión de territorios indígenas y con el aumento de la violencia y amenazas a sus dirigentes. En Roraima, Mato Grosso y Bahía, los pueblos indígenas bloquearon carreteras y construyeron barreras para impedir que invasores entren en sus tierras.
Estos riesgos también vienen del Estado. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) publicó un acto administrativo para la emisión de una declaración de reconocimiento de límites en relación con las propiedades privadas en tierras indígenas. Con ello pretende permitir la emisión de títulos de propiedad para una parte de los invasores de tierras indígenas, legitimando sus acciones.
En México, organizaciones y comunidades denunciaron que el gobierno federal mantendrá en curso las actividades del denominado “tren maya” pese a que su construcción no es esencial en el contexto de la pandemia, poniendo en riesgo a la población encargada de su construcción e impidiendo el acceso a información y justicia de comunidades dada la suspensión de plazos en instituciones estatales y la imposibilidad de recurrir a mecanismos judiciales idóneos.
En Bolivia, la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas manifestó que los pueblos indígenas son vulnerables no sólo al coronavirus, sino también a lo que vendrá después: “un hueco grande en la economía global” y, por tanto, “una excusa para que se arremeta más contra la naturaleza, los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas donde ellos están”.
En este tema, la CIDH reiteró a los Estados “la importancia de reconocer los derechos territoriales de propiedad colectiva a las comunidades afrodescendientes y garantizarles el derecho efectivo de consulta y consentimiento previo, libre e informado, respetando su libre autodeterminación”. Asimismo, instó a los Estados a “abstenerse de promover iniciativas legislativas o proyectos que afecten territorios étnicos durante el tiempo en que dure esta pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante dichos procesos de consulta”.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes representan una de las riquezas más importantes del continente. Su residencia milenaria y su cosmovisión —que respeta la naturaleza y las vidas que habitan en ella— han sido y son un legado invaluable y serán un elemento indispensable para promover reflexiones sobre la crisis sanitaria y la crisis ecológica que enfrentamos globalmente.
Los aportes de las comunidades étnicas y sus saberes ancestrales, que han trascendido el tiempo y contribuido a la supervivencia del planeta, son esenciales en la implementación de medidas de prevención y atención de la pandemia.
Así lo enfatizó la Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: “Los pueblos indígenas pueden contribuir a buscar soluciones. Sus buenas prácticas de curación y conocimiento tradicional, como el cercamiento de sus comunidades para prevenir la propagación de enfermedades y el aislamiento voluntario, se observan con atención en todo el mundo hoy en día”.
Proteger a estos pueblos para que la pandemia no amenaza su vida e integridad es un deber moral e histórico y una obligación internacional de todos los Estados. Por los mismo es imprescindible que los Estados:
Rosa Peña Lizarazo es colombiana y abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, trabajando desde Bogotá. Tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad del Rosario, Colombia, con énfasis en Derecho Constitucional y derechos humanos. Rosa cuenta además con una Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, con énfasis en Gestión Territorial del Desarrollo, de la Universidad de los Andes, en Colombia. Tiene experiencia en el acompañamiento comunitario y el litigio estratégico en casos de violaciones a derechos humanos derivadas de políticas y proyectos de desarrollo.
