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13 April 2018

(Texto publicado originalmente en Animal Político)

Quienes están detrás de la ampliación del puerto de Veracruz comparten un mal desgraciadamente común en México y en otras partes del mundo: concebir el desarrollo como una suma de beneficios de corto plazo y cuyo logro requiere vencer todos los obstáculos posibles, incluidos como tales los entornos naturales y las normas que deberían protegerlos.

La primera etapa de la ampliación de operaciones del puerto de Veracruz le dará oxígeno a ese estado por 15 o 20 años, aseguró en días pasados Juan Ignacio Fernández Carbajal, director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER).

Por oxígeno, el directivo entiende más ingresos económicos y nuevas fuentes de empleo derivadas del aumento de la capacidad de carga del puerto. Pero su visión de desarrollo, claramente de corto plazo, ignora los beneficios sociales, ambientales y económicos que el Sistema Arrecifal Veracruzano ha brindado y puede seguir brindando por mucho más de 20 años.

Hablemos de grandezas. La segunda obra de infraestructura más importante del sexenio en México dañará irreversiblemente el ecosistema de coral más grande del Golfo de México.

Los arrecifes de Veracruz brindan oxígeno en un sentido estricto. Los océanos y sus ecosistemas, entre ellos los arrecifes, generan la mitad del oxígeno que se respira en el planeta y absorben casi un tercio del dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles.

Y hay más. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los arrecifes de coral proporcionan 17% de todas las proteínas consumidas a nivel mundial, porcentaje que sube a 70% o más para países insulares y costeros. Ello se debe a que albergan a más de 100,000 especies distintas de fauna marina, entre ellas miles de peces comerciales, que comparten el entorno con peces herbívoros, tortugas marinas y tiburones.

En buenas condiciones, los arrecifes protegen a poblaciones costeras de tormentas, huracanes y tsunamis, fenómenos agravados por el cambio climático. Su esqueleto absorbe hasta 95 % del impacto de las olas generado por vientos fuertes.

Quienes viven en Veracruz se han beneficiado de esa característica. El Sistema Arrecifal Veracruzano, Área Natural Protegida como zona de refugio de flora y fauna desde 1975 y en la categoría de Parque Nacional desde 1992, sirvió como barrera de amortiguamiento para proteger a la ciudad cuando ésta se vio afectada en 2001 por el huracán Karl de categoría cuatro.

Pese a ello, en 2012, el gobierno redujo el área del parque, excluyendo del mismo a la mitad del arrecife de Punta Gorda y a la Bahía de Vergara, para permitir la ampliación portuaria.

En términos económicos, aquellos priorizados por los promotores de la megaobra, el valor de los servicios ambientales de los arrecifes excluidos del parque, se calcula en aproximadamente 290.5 millones de dólares, cifra que rebasa el beneficio económico directo del nuevo puerto, calculado en alrededor de 85,600 dólares por kilómetro cuadrado.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente afirma que, en general, el valor estimado de los servicios prestados por los arrecifes está entre 100,000 y 600,000 dólares por kilómetro cuadrado. Y recientemente se calculó el valor de existencia de ecosistemas de arrecife de coral, como Cabo Pulmo, en cerca de 332 millones de dólares al año.

Cuando hacer las cosas bien no importa

“Desgraciadamente, cuando pensábamos que todo ya iba a comenzar, empezamos a tener problema con el tema medioambiental, que eso nos retrasó el proyecto tres años, tres años y medio”, recordó Fernández Carbajal.

El problema era la existencia de arrecifes de coral en el sitio concebido para el proyecto. “Si el problema es un parque nacional, pues vamos a quitarlo de esa área para que podamos construir el puerto sin que haya un obstáculo legal para hacerlo”, dice Leonardo Ortiz, investigador de la Universidad Veracruzana en el documental La batalla por los arrecifes veracruzanos, al explicar cómo procedió el gobierno para dar vía libre al proyecto pese a sus riesgos.

Según la legislación nacional, en las áreas naturales protegidas sólo es posible realizar las actividades permitidas según su categoría. En el caso del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), sólo se permiten actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y la educación. Las actividades portuarias no son compatibles con la categoría de protección ambiental, por ello la misma fue removida de parte del parque.

Al hacerlo, el gobierno retrocedió en su obligación de conservar las características naturales de los ecosistemas para las generaciones futuras. Vulneró además sus obligaciones ante la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales y bajo el cual el PNSAV es Humedal de Importancia Internacional. México debe aplicar las normas para conservar sus ecosistemas y para restaurarlos en caso de daños.

Además, en la Manifestación de Impacto Ambiental, la APIVER solicitó de forma fragmentada la autorización para el proyecto, lo cual impide evaluar adecuadamente sus impactos acumulativos a través del tiempo y de forma integral. Además, ese documento no se basó en la mejor información científica posible pues ignoró, por ejemplo, la existencia de un arrecife no emergido en la zona de construcción.

Ese documento tampoco contiene medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la tortuga carey, especie amenazada según la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas. Esa tortuga cumple su ciclo de vida en el parque. Pero la ampliación portuaria fue autorizada sin que la autoridad a cargo requiera un plan de manejo especial para la conservación de esa especie.

Asimismo, la autorización no consideró los impactos en los arrecifes de la sedimentación por las obras, el dragado de la Bahía de Vergara y Punta Gorda y del aumento en la cantidad y el tamaño de las embarcaciones en el nuevo puerto. Se ignoró también que, al transportarse mayor cantidad de hidrocarburos, existe un riesgo mayor de derrames en una región ya vulnerable a esos incidentes, los que podrían dañar gravemente arrecifes muy biodiversos y conectados al Corredor Arrecifal del Sureste del Golfo de México.

La vulneración de normas y tratados en materia ambiental y de derechos humanos fue denunciada en un amparo presentado por pobladores del área metropolitana de Veracruz, quienes reivindican su derecho a un ambiente sano frente a los impactos del nuevo puerto. La demanda fue asesorada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y respaldada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.

El desarrollo, bien entendido, de Veracruz ¿pasa necesariamente por la destrucción de arrecifes de más de 10 mil años de antigüedad que garantizan de manera duradera protección frente a embates del clima, turismo, pesca y una gastronomía emblemática? Para una mirada mediocre y de corto plazo, seguramente sí. Pero no para quien piensa a futuro y considera a la naturaleza, no como un obstáculo, sino como el mejor aliado en el sinuoso pero necesario camino del desarrollo sostenible.

Sobre el Autor

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Daniel Camilo Thompson Poo

Camilo Thompson es mexicano y abogado del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera. Trabaja con AIDA desde Chiapas, México. Tiene una Maestría en Ciencias en Dimensiones Humanas de los Recursos Naturales de la Universidad Estatal de Colorado y es Maestro Profesionalizante en Liderazgo para la Conservación a través del Aprendizaje por el Colegio de la Frontera Sur. Ha realizado estudios de derecho ambiental internacional en el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones y ha tomado diversos seminarios internacionales con el Servicio Forestal de Estados Unidos y el Programa de Liderazgo en Conservación. Ha sido consultor de ONG mexicanas e internacionales, principalmente en temas enfocados al manejo integral de cuencas ​​hidrológicas e iniciativas de política pública sobre cambio climático y manejo forestal sustentable.  

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