
Project
Shutterstock.
Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.

Proyectos relacionados

México: Urge corregir el proceso y contenido del Programa Nacional de Derechos Humanos
Ciudad de México. Las organizaciones del Grupo Focal de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación porque el borrador del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2019-2024 no refleja las prioridades y opiniones expresadas por las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas afectadas directamente, en particular con relación al tema de debida diligencia relativa al deber del Estado de proteger a la población respecto de las responsabilidades de las empresas de respetar los derechos humanos. Hacemos un llamado a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a corregir el rumbo y mejorar el contenido y proceso de elaboración de este instrumento clave que guiará la política pública del país en materia de derechos humanos durante los cinco años que restan del sexenio. De no hacerlo, consideramos que el mismo carecería de la legitimidad necesaria para un documento de política pública de esa importancia y todo el proceso podría fracasar. La semana pasada, la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de Segob entregó un borrador del PNDH a diversas organizaciones de la sociedad civil y resultó sorprendente que el documento estuviera incompleto, por la ausencia en él de elementos básicos en materia de empresas y derechos humanos, y que las autoridades apenas otorgaran un plazo de 24 horas para la revisión y retroalimentación del mismo. El Grupo Focal, conjuntamente con diversas organizaciones, comunidades, colectivos y movimientos llevamos meses de trabajo desplazándonos a lo largo del país y acudiendo a decenas de reuniones, foros temáticos y realizado tareas técnicas. Y es muy preocupante que los resultados e insumos de ese trabajo parecieran haber sido ignorados. La crisis de derechos humanos, heredada de varias administraciones anteriores, y la grave crisis climática, deben ser enfrentadas con medidas y acciones efectivas que incluyan las voces y visiones de las personas afectadas por el Estado y la actividad empresarial, así como las de expertas/os en la materia. Por eso, desde el Grupo Focal, exigimos se tomen las siguientes medidas: Que la Secretaría de Gobernación reciba cuanto antes a las organizaciones de la sociedad civil y comunidades interesadas en este tema. Que el actual proceso de construcción del PNDH sea reconfigurado con la seriedad necesaria para ser incluyente y participativo. Que los insumos proporcionados por comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y academia se vean reflejados en el programa final; Que el borrador completo del documento sea entregado con suficiente antelación para la revisión y participación efectiva de comunidades, organizaciones de la sociedad civil y demás partes interesadas. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajuste las líneas presupuestales del PNDH a esta reconfiguración. * Las organizaciones del Grupo Focal que suscriben este posicionamiento son: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Oxfam México, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). El Grupo Focal está observado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
Leer más
Lecciones para avanzar hacia un mundo sin combustibles fósiles
Por Javier Dávalos y Florencia Ortúzar El reciente conflicto social en Ecuador, desatado por la suspensión abrupta de los subsidios al diésel y la gasolina, evidenció una necesidad cada vez más urgente ante la crisis climática mundial: la transición energética, pero una que tenga en cuenta a las personas. Las medidas orientadas a poner fin al apoyo que gobiernos otorgan a la producción y uso de los combustibles fósiles deben ser progresivas y consensuadas con la población. La extracción de carbón, petróleo y gas produce emisiones significativas de dióxido de carbono y metano, causantes del calentamiento del planeta. Además, la quema de estos combustibles para producir energía contribuye enormemente a la contaminación del aire, que mata a millones de personas cada año. No obstante, a nivel mundial, los gobiernos gastan entre 160 y 400 mil millones de dólares cada año en subsidiar a la industria de los fósiles, según información de ONU Medio Ambiente. Por el contrario, el apoyo financiero total a la energía renovable llega sólo a 121 mil millones. Si realmente queremos combatir la crisis climática y la contaminación del aire, esta situación debe cambiar. Entendiendo los subsidios Los incentivos públicos a productores y consumidores de carbón, petróleo y gas natural incluyen pagos a consumidores o empresas y deducciones impositivas. De ese modo, aunque los precios de los combustibles aumenten constantemente, los subsidios los mantienen bajos de manera artificial. En consecuencia, los costos del transporte y del comercio son contenidos y permanecen competitivos internacionalmente. Estos subsidios implican un gran peso para las economías nacionales, que se quedan sin recursos que bien podrían destinarse a sectores como salud y educación. El apoyo a la industria de los combustibles fósiles profundiza nuestra dependencia de ellos y nos ata a un sistema económico del que tenemos que salir si queremos resolver la crisis social y ambiental en la que estamos metidos. Es importante entender que esa dependencia es mucho más aguda para las personas y familias más vulnerables, para las que cada moneda cuenta e influye en su calidad de vida. Una transición energética justa Lo ocurrido en Ecuador nos dejó una lección valiosa: un resultado deseable no justifica necesariamente la forma de llevarlo a cabo. En ese país, los subsidios al diésel y la gasolina fueron eliminados por decreto, de manera unilateral y sin un diálogo nacional previo, afectando a los sectores más pobres de la población. Ello provocó un conflicto social intenso y violento que obligó al gobierno a retroceder en su medida, la cual nunca tuvo como meta el combate a la crisis climática (y menos una transición energética justa). Acciones de este tipo, que impliquen cambios importantes en las necesidades básicas de la población —como el combustible necesario para su transporte y todos los bienes de consumo—, deben estar acompañadas de medidas de protección para los sectores vulnerables que resultarán afectados. Ya no es tiempo de subsidiar los combustibles fósiles. Pero su eliminación no resultará de seguir una receta. Debe estar enmarcada en planes serios que busquen un verdadero tránsito hacia un modo de vida bajo en carbono. Debe ir acompañada de otras acciones como el fomento a las economías locales, la protección de ecosistemas que regulan naturalmente el clima, la mejora efectiva de los sistemas de trasporte público y la inversión en fuentes de energía renovable. Solo así caminaremos en la dirección correcta, la de la justicia climática. Un nuevo pacto social para afrontar la desigualdad De otro lado, las protestas ciudadanas en Chile únicamente confirman que los segmentos más olvidados de la población no van a seguir soportando el peso de la inequidad y que llegó la hora de cambiar el rumbo. La crisis chilena no tiene que ver directamente con el subsidio a los combustibles fósiles, pero sí con un problema de fondo en América Latina: la abismal desigualdad social que por demasiado tiempo se ha ido intensificando en la región. En Chile, el profundo descontento social —contenido por demasiado tiempo— estalló cuando, sin pensar en las consecuencias sociales, se elevó el precio del transporte público. Cuando se elevan los precios de bienes básicos, los más débiles siempre serán los más afectados. Por ello, esos cambios deben incorporar acciones que cierren las brechas sociales en lugar de agravarlas. Al igual que Ecuador, el caso de Chile nos está demostrando que más allá de medidas paliativas que afectan los bolsillos de los más pobres, es hora de apuntar más lejos, en busca de un nuevo pacto social. La crisis ambiental y social que estamos viviendo puede ser tomada como una oportunidad única para dar un giro y construir una sociedad más justa y feliz, terminando con las inequidades más graves que aquejan a nuestras sociedades.
Leer más
Declaración de Bogotá por la protección de las personas defensoras del ambiente
Como personas galardonadas con el Premio Ambiental Goldman y otros de 14 países, que estamos contribuyendo a la protección del ambiente y la lucha por la vida, hoy, reunidos en Bogotá con colegas de regiones y países de nuestro continente, manifestamos nuestra solidaridad con las personas y comunidades defensoras en Colombia y en toda América Latina y el Caribe, quienes hoy enfrentan el mayor nivel de riesgo por su labor de protección de la vida en el planeta. Por ello, hacemos un llamado a que los gobiernos, empresas, instituciones financieras, inversionistas y entidades activa y efectivamente protejan y respeten la vida y los derechos de las personas defensoras, las de sus familias y comunidades. Somos conscientes de las graves violaciones de derechos humanos, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en especial de las personas y comunidades locales e indígenas, afrodescendientes y campesinos, que enfrentamos en América Latina y en el mundo. Exigimos que pare la persecución y criminalización judicial a los y las hermanas que defienden la vida y la justicia y para quienes les han arrebatado su vida en esta lucha. Vemos con esperanza cómo nuestro trabajo inspira a muchos jóvenes y a todas las personas, cuya labor inspira también a muchas personas en el mundo. Estamos convencidos que juntos podemos abordar la crisis climática, a través del trabajo colaborativo, centrado en el diálogo de saberes y en el respeto por los derechos y diversas visiones del mundo. Convocamos a la humanidad a solidarizarse y a actuar de acuerdo con la inspiración del trabajo de las personas defensoras y a usar medios pacíficos, el arte y el amor maternal para seguir alcanzando la transformación que el planeta y la humanidad requieren para proteger a las personas y la vida. Instamos a Colombia a continuar impulsando el sueño de lograr la paz, entre los y las colombianas y la naturaleza. Pasar la página de la violencia es el camino a heredar a las próximas generaciones: una Colombia, una Latinoamérica, un Caribe y un mundo mejor. Firman Sofía Gatica (Argentina) Premio Ambiental Goldman, 2012 Juan Pablo Orrego (Chile) Premio Ambiental Goldman, 1997 Berito Kuwaruwa (Colombia) Premios Goldman, 1998 Francia Márquez (Colombia) Premio Ambiental Goldman, 2018 Nohra Padilla (Colombia) Premio Ambiental Goldman, 2013 Humbero Ríos Labrada (Cuba) Premio Ambiental Goldman, 2010 Francisco Pineda (El Salvador) Premio Ambiental Goldman, 2011 Bertha Zuñiga Cáceres (Honduras) hija de Bertha Cáceres, Premio Ambiental Goldman, 2015 Jorge Varela (Honduras) Premio Ambiental Goldman, 1999 Jesús León Santos (México) Premio Ambiental Goldman, 2008 Elías Díaz Peña (Paraguay) Premio Ambiental Goldman, 2000 Oscar Rivas (Paraguay) Premio Ambiental Goldman, 2000 María Elena Foronda Farro (Perú) Premios Goldman, 2003 Evaristo Nugkuag (Perú) Premio Ambiental Goldman, 1991 Ruth Buendía (Perú), Premio Ambiental Goldman, 2014 Jean La Rose La Rose (Guyana) Premio Ambiental Goldman, 2012 Stiefen Petrust (Surinam) Eliana Torrico Tejada (Bolivia) Danielle Duarte Gomes (Brasil) Antonia Melo Da Silva (Brasil) Liliana Ávila (Colombia) Juana Hofman (Colombia) Javier Ibarraga Ospina (Colombia) Alix Mancilla (Colombia) Blanca Inés Pérez (Colombia) Rosa Peña (Colombia) Astrid Puentes Riaño (Colombia, México) Andrea Cerami (México) Jorge García Lucas (Guatemala) Severina Morales Pérez (Guatemala) Joaquín Raymundo González (Guatemala) Jovita Tzul (Guatemala) Julián López (México) Marcelina López (México) Leydy Aracely Pech Martín (México) Elena Villafuerte (México) Liliana Caruhuaz (Perú) Eddy Peña (Perú) Katherine Sánchez (Perú)
Leer más