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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
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"Queremos que el Fondo Verde Climático se apegue a las reglas que ha adoptado para su funcionamiento"
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El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) recomendó una investigación a fondo sobre el incumplimiento de la legislación ambiental mexicana en la entrega de permisos a tres proyectos turísticos planeados en una zona vital para ecosistemas vulnerables, especies en peligro y comunidades locales. Distrito Federal, México. El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) —organización intergubernamental que promueve la colaboración entre los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Canadá y Estados Unidos)— determinó que los argumentos que sostienen que México no aplicó efectivamente su legislación ambiental al otorgar permisos a tres mega resorts en el Golfo de California, tienen base suficiente para que se realice una investigación a fondo. Lo hizo como respuesta a la petición ciudadana presentada al respecto por la Asociaciación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y su socio Earthjustice en representación de 11 organizaciones locales e internacionales[1]. El Golfo de California es una zona vasta —abarca los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California y Baja California Sur—, frágil e importante para entornos sensibles (corales y bosques de manglar), especies en peligro (ballenas, mantarrayas, tiburones y tortugas, entre otras), aves migratorias, y comunidades que dependen económicamente de la pesca de atún, sardina, camarón y calamar. Esa actividad es fuente de empleo para cerca de 50 mil personas. Sin embargo, el Gobierno mexicano autorizó en esa área cuatro mega resorts —Cabo Cortés, Paraíso del Mar, Entre Mares y Playa Espíritu— pese a que éstos violaban la normativa ambiental vigente en el país sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. De ese modo, se puso en riesgo el entorno natural del Golfo de California, y a las especies y comunidades que dependen del mismo. El Secretariado de la CCA basó su recomendación para la elaboración de un expediente de hechos (investigación a detalle) en la falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana en la evaluación y autorización de tres de los cuatro proyectos. La decisión no incluye a Cabo Cortés, cuyo permiso ambiental fue rechazado recientemente. "Proyectos de la magnitud de Playa Espíritu, localizado en Marismas Nacionales [uno de los humedales más grandes de México], impactan en las pequeñas empresas locales y también en el sector pesquero, el cual se ve perjudicado cuando el ecosistema de manglar es dañado pues el mismo es un sitio de anidación de larvas y peces", dijo Carlos Simental, de la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), una de las organizaciones peticionarias. El Golfo de California y su rica biodiversidad ya presentan problemas graves. Entre muchos ejemplos y según estudios recientes, los pelicanos marrones de la zona ya no se reproducen como antes, posiblemente debido a causas climáticas y a la falta de comida por la sobrepesca. El desarrollo turístico mal planificado y fuera de las normas en este lugar agrava la situación. "Buscamos que el Gobierno mexicano reciba una retroalimentación sobre las decisiones que toma en materia de evaluación de impacto ambiental en el sector turístico", señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA. "Con la elaboración de este expediente de hechos, se busca mejorar la evaluación de impacto ambiental, al menos en la consideración de impactos acumulativos y residuales, la presentación de la totalidad de las obras de los proyectos, el uso de la mejor información disponible, y la incorporación eficiente de medidas de protección de especies en categoría de riesgo y de manglares, tal y como lo requiere la legislación ambiental mexicana y tratados internacionales ratificados por México." La investigación de lo ocurrido en el Golfo de California puede derivar en resultados positivos como reformas legales, la creación de grupos de discusión de evaluación de impacto ambiental, la mejora de esa herramienta y la presentación de proyectos de turismo sostenible que involucren a las comunidades desde su planeación. El Consejo de la CCA —integrado por los funcionarios de medio ambiente de más alto rango de Canadá, Estados Unidos y México— decidirá en dos meses si acepta o no la recomendación de desarrollar el expediente de hechos. "La recomendación del Secretariado subraya la preocupación grave de que México no aplica efectivamente su legislación ambiental en el Golfo de California," dijo Martin Wagner, Director del Programa Internacional de Earthjustice. "Ese tesoro ambiental alberga una biodiversidad marina increíble, es fuente crítica de proteína para los mexicanos y debe ser protegido en el largo plazo. Ningún megaproyecto turístico, la mayoría de los cuales provienen de inversión extranjera, debe estar exento de cumplir con la protección ambiental mexicana." [1] Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP), Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente, Natural Resources Defense Council (NRDC), COSTASALVAjE, SUMAR, Sociedad Historia Natural Niparajá, Los Cabos CoastKeeper, Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (ALCOSTA), Greenpeace México y AIDA.
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Brasil protege las obras de Belo Monte, pero no los derechos humanos de los afectados
El tiempo no se detiene y, lamentablemente, tampoco la construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Las obras avanzan a un grado que impresiona, 65% al momento, y con ellas el deterioro del ecosistema y de la vida de las personas que habitan la zona. La gigantesca edificación principal de la represa se abre paso entre la vegetación del lugar. Verla desde el aire no provoca más que impotencia. Y en tierra, es frustrante evidenciar que la situación de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas y residentes de la ciudad de Altamira empeora. María José Veramendi Villa y Alexandre Andrade Sampaio, abogados de AIDA, visitaron la zona y estuvieron en la comunidad indígena Arara, asentada en la Volta Grande del río Xingú. Una vez que Belo Monte aprisione el río, su caudal se reducirá drásticamente y la pesca, medio de sustento de las personas del lugar, ya no será posible. Además, los Arara perderán la vía que los lleva a sus sitios sagrados. Esperan la llegada de vehículos, la construcción de una carretera y también de un pozo adecuado, pues la calidad del agua que beben no es la mejor. En Altamira, la situación de deterioro es similar. AIDA también estuvo allí. A raíz de la construcción de la represa, la población de esa ciudad creció masivamente. Ello ocasionó la saturación de los servicios de salud y saneamiento básico, así como un incremento en los casos de violencia sexual y trata de personas. Al pagar más por unas tierras que por otras, Norte Energía, el consorcio de empresas estatales y privadas a cargo de la construcción de la represa, ha provocado pisiones entre la población afectada. Son muchas las personas que se vieron obligadas a vender sus hogares a un precio mínimo ante la amenaza del desalojo. Y las casas destinadas a la reubicación de familias desplazadas no cumplen las condiciones de una vivienda adecuada. La reubicación implica además un cambio en el modo de vida: de la pesca a la agricultura o a cargar bolsas de cemento. "Todo esto genera la descomposición del tejido social. Trabajamos diariamente, junto con nuestros colegas de Brasil, para hacer visible en el país y a nivel internacional que lo que está sucediendo en torno a Belo Monte son violaciones de derechos humanos. Estamos trabajando constantemente para que el Gobierno de Brasil cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explica Veramendi. El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas para proteger la vida, la salud, y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; la salud de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto; y la demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Nuestro trabajo, así como el de defensores del ambiente y los derechos humanos a quienes apoyamos en Brasil, no es fácil. La zona de construcción de la represa y Altamira están resguardadas por fuerzas de seguridad del Estado. "Nos sentimos rodeados, intimidados y hostigados; no hay garantías para nuestro trabajo", señala Sampaio. Con tu ayuda seguiremos luchando para que el caso Belo Monte avance en la CIDH y para que el Gobierno de Brasil cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en lugar de hacer campaña electoral con la inmensidad de la represa y a costa de los daños presentes y futuros al ambiente y a las personas.
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