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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Celebrará Audiencia de Grandes Represas

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Celebrará Audiencia de Grandes Represas Washington, D.C. - El 2 de noviembre de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrará en Washington, D.C. una audiencia pública para abordar el impacto que las grandes represas en América Latina tienen en los derechos humanos y en el ambiente. En la audiencia, solicitada por más de cuarenta organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales y de comunidades afectadas, se presentarán las conclusiones del informe “Grandes Represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad?” preparado por AIDA en coordinación con varias organizaciones. Así se informará a la Comisión de la situación, para que la investigue y recomiende la observancia de los estándares internacionales, y así evitar mayores daños ambientales y a los derechos humanos. La información será presentada por Gabriel Espinoza, representante de las comunidades afectadas por la represa El Zapotillo, en México, Rafael González y Astrid Puentes, de AIDA, y Shannon Lawrence de International Rivers. ”Más de un millón de personas ya han sido afectadas por grandes represas en América Latina, muchas de ellas indígenas y campesinas” dijo Rafael González, vicepresidente de la Junta de AIDA. “Hay más de trescientas grandes represas propuestas en la región que podrían afectar negativamente las formas de vida de cientos de miles de personas y destruir ecosistemas estratégicos, pues no cumplen con los estándares internacionales, como las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas y las normas de derechos humanos”. Dentro de los graves impactos se incluyen: destrucción de ecosistemas; contaminación de agua dulce; impactos en cambio climático por emisiones de GEI; disminución de la biodiversidad, incluyendo especies de peces migratorios; y el aumento de riesgos sísmicos. Estos daños se derivan, entre otros, de la falta de estudios de impacto ambiental integrales; la ignorancia de los estándares internacionales aplicables; y la falta de análisis comprehensivo de alternativas. Adicionalmente, de manera sistemática las comunidades afectadas, en su mayoría pueblos indígenas, tribales y campesinos, denuncian la falta de consentimiento previo, libre e informado, ser objeto de presiones y hostigamientos cuando se oponen a los proyectos, y no contar con información clara e integral de éstos, ni de medidas de prevención o compensación por los daños. “La convocatoria de la audiencia es una demostración muy positiva de la CIDH de reconocer que el desarrollo de grandes represas podría estar afectando los derechos humanos”, afirmó Astrid Puentes, co-Directora de AIDA. “Esperamos que la Comisión dé seguimiento e investigue la situación y formule recomendaciones a los Estados, para que se adecuen a los estándares internacionales, atiendan las obligaciones de derechos humanos y eviten graves impactos ambientales”. “Aceptamos que las necesidades de energía y agua y se deben solucionar como un derecho fundamental de las personas” dijo Pbto. Gabriel Espinoza, vocero de las comunidades afectadas de El Zapotillo, que se pretende construir en la región de Los Altos de Jalisco, México, “Pero no aceptamos la forma en que las autoridades lo quieren hacer porque atentan contra nuestra libertad, contra la vida, la historia, la cultura, la economía, el arraigo”, añadió. “Generalmente hay mejores alternativas, más baratas y menos destructivas que la construcción de grandes represas, tanto para atender la demanda de agua como de energía, y para reducir los impactos de inundaciones” dijo Monti Aguirre de International Rivers. “Cuando se discuten proyectos de grandes represas, soluciones como el abastecimiento de agua descentralizado y en pequeña escala, nuevas opciones renovables, y opciones de eficiencia y conservación a gran escala muchas veces son ignoradas o no tenidos en cuenta. Como lo recomendó la Comisión Mundial de Represas, debería priorizarse el uso de procesos integrales y participativos para evaluar de antemano las necesidades de agua y energía, seguidos por procesos participativos similares para evaluar la gama de opciones para atender esas necesidades”. La audiencia está abierta al público y tendrá lugar el 2 de noviembre entre 5:30p.m. y 6:15 p.m., Salón Rubén Darío, 8o Piso del Edificio de la Secretaría General de la OEA, 1889 F Street NW, Washington, D.C. Lineamientos para cubrimiento de prensa en: http://www.cidh.org/Prensa/pautascoberturaaudienciasSPAN.htm .    Para mayor información acerca de la situación de las grandes represas en América Latina visite: International Rivers, Redlar.

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Grandes represas en América: ¿Peor el remedio que la enfermedad?

Las grandes represas provocan constantes y graves perjuicios ambientales y sociales que, en muchos casos, son irreversibles. Su construcción es además frecuentemente asociada con violaciones a los derechos humanos y a las leyes ambientales. Cuando los ciudadanos protestan contra la destrucción que causan las represas, no es nada raro que se enfrenten a la represión y la brutalidad. El informe de AIDA titulado Grandes Represas en América: ¿Peor el remedio que la enfermedad? explora estos graves impactos y explica las normas internacionales que deben aplicarse para proteger el ambiente y los derechos humanos. El reporte expone los peligros de utilizar las grandes represas hidroeléctricas para satisfacer la creciente demanda de energía en América Latina. Con el objetivo de promover una mayor protección de los derechos humanos, AIDA dio testimonio de las conclusiones encontradas en su informe sobre represas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo hizo en una audiencia general celebrada el 2 de noviembre de 2009. Adicionalmente, AIDA ha compartido los hallazgos incluidos en el documento entre expertos internacionales, legisladores, organizaciones no gubernamentales, instituciones financieras internacionales y comunidades locales en todo el continente americano. Asimismo, el equipo de AIDA impartió talleres sobre estrategias jurídicas en "Ríos para la vida 3", un encuentro internacional de comunidades afectadas por represas realizado en Temacapulín, México, del 1 al 7 de octubre de 2010.  En septiembre de ese mismo año y en el marco de "La Semana Mundial del Agua", AIDA representó a América Latina en un panel de expertos en el tema del agua que tuvo lugar en Estocolmo. También hemos presentado nuestros argumentos respecto a los riegsos de las represas ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En Grandes Represas en América, AIDA analiza cinco grandes represas hidroeléctricas que violan una gama de leyes ambientales y de derechos humanos: Yacyretá, en Argentina y Paraguay; Río Madeira, en Bolivia y Brasil; Baba, en Ecuador; Chan-75, en Panamá; y La Parota, en México. A través de estos casos específicos, el informe ilustra cómo los gobiernos generalmente no prestan atención a las obligaciones y las normas, entre ellas la necesidad de conducir las correspondientes evaluaciones ambientales y de impacto social. Muestra cómo las familias locales sufren cuando son expulsadas o desalojadas a la fuerza a causa de la construcción de una represa y pierden sus valiosas tierras agrícolas, fuentes de agua o sus áreas de pesca tradicional. En el reporte se documenta que quienes resultan más perjudicados por las grandes represas son aquellos que pertenecen a los grupos más vulnerables de la población como indígenas, afrodescendientes y campesinos pobres. Grandes Represas en América también se encarga de disipar el mito de las represas como fuente de "energía verde". En realidad, las grandes represas representan típicamente un perjuicio para el ambiente porque inundan ecosistemas valiosos, alteran dramáticamente el flujo natural del agua, desestabilizan el hábitat de la vida silvestre, y obstruyen las trayectorias de persas especies, por mencionar sólo algunos de sus impactos. Estos mega proyectos han sido alabados erróneamente como la panacea ante la crisis de cambio climático. A pesar de que las represas no dependen de combustibles fósiles para generar electricidad, no dejan de contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero. Las represas hidroeléctricas crean enormes estancamientos de agua de río que inundan los valles y conducen a la descomposición de materia orgánica en inmensas cantidades. A medida que los árboles y otras biomasas se descomponen, liberan dióxido de carbono y metano, los mismos gases de efecto invernadero creados por tecnologías "sucias" como las plantas eléctricas que funcionan con carbón. Asimismo, las turbinas expulsan el metano atrapado en el agua profunda y emiten dióxido de carbono a medida que liberan la presión del embalse. En las regiones tropicales, las represas pueden emitir hasta once veces más la cantidad de gases de efecto invernadero que lo que emitiría una planta convencional de tamaño semejante. Dado el impacto negativo de las grandes represas, el informe de AIDA recomienda que los tomadores de decisiones consideren seriamente otras soluciones que protejan los derechos humanos y nuestros ecosistemas naturales, y que ahorren energía y reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. Las alternativas podrían estar en mejorar la eficiencia energética, reducir la demanda, hacer un mejor uso de las fuentes de energía sostenible, invertir en tecnologías e infraestructuras que sean eficientes en función del gasto energético, y en eliminar las barreras que obstaculizan el intercambio de tecnología entre las naciones. El informe fue elaborado entre AIDA, algunas de sus organizaciones participantes (CEMDA, CEDHA, ECOLEX, Earthjustice) y otras ONG (International Rivers, Sobrevivencia y la Asociación para la Conservación y el Desarrollo). Esperamos que con nuestro esfuerzo por informar a los gobiernos, dirigentes, comunidades y otros participantes clave en el tema de los impactos de las grandes represas, logremos motivar a las autoridades a investigar el asunto y aplicar nuestras recomendaciones sobre cómo implementar los proyectos de represas en cumplimiento con las leyes internacionales.

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Grandes Represas

Grandes Represas en América: ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?

El informe analiza la problemática de las grandes represas desde la perspectiva del derecho internacional ambiental y de los derechos humanos. Nuestro objetivo es promover un mejor entendimiento de la situación, evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar, y fomentar la mejor evaluación e implementación de estos proyectos.   A través de cinco estudios de casos representando distintas regiones de América Latina, incluyendo México, Centroamérica, la Región Andina, Brasil y el Cono Sur, describimos cómo al autorizar e implementar estos proyectos, los Estados y actores involucrados constantemente están causando impactos graves al ambiente y desconociendo múltiples normas y estándares internacionales.   Entre los impactos más importantes se incluyen, entre otros: la destrucción de ecosistemas estratégicos; el desplazamiento forzado de comunidades, más comúnmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad como las indígenas, campesinas y afrodescendientes; la pérdida de fuentes de alimentación y de sustento; la falta de participación pública y acceso a la información; y la contribución a y la afectación por el cambio climático. Lee y descarga el informe  

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