Project
Shutterstock.
Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
Proyectos relacionados
AIDA Presenta Informe sobre Represas Ante el Bid
COMUNICADO DE PRENSA Para Publicación Inmediata 19 de Marzo de 2010 Contactos: Astrid Puentes Riaño - AIDA, +(52-1-55) 23016639, [email protected] Informe: Grandes Represas en América ¿Peor el remedio que la enfermedad? AIDA PRESENTA DOCUMENTO ANTE EL BID El objetivo del documento es el de promover un mejor entendimiento de la situación, evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar. Cancún, México. – La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, presentará el informe: “Grandes Represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad?” ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La presentación se hará en el marco de la Reunión Anual de Gobernadores del BID que se celebra en Cancún, hasta el 23 de marzo. En esta reunión, entre otros, el BID decidirá acerca de la recapitalización del Banco para promover mayores inversiones en el hemisferio. “Esperamos que las futuras inversiones financiadas por el BID y otras Instituciones Financieras Internacionales tengan en cuenta este informe, así como los estándares internacionales para estos proyectos, incluyendo las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas” declaró Astrid Puentes, co-directora de AIDA. “Esto podría Así podrían evitar graves impactos ambientales y a los derechos humanos, y promover verdaderos proyectos de energía limpia”. El objetivo del Informe es evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar y motivar la implementación de proyectos de energía adecuados. Para ello, se analizan cinco estudios de caso de distintas regiones de América Latina: La Parota (México), Chan 75 (Centroamérica), Baba (región Andina), Río Madeira (Brasil) y Yacyretá (Cono Sur). El informe preparado por AIDA en coordinación con International Rivers y con la cooperación de múltiples organizaciones no gubernamentales y de comunidades afectadas por las grandes represas en el hemisferio, se presentó también en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. La CIDH celebró esta audiencia dada la importancia del tema para la adecuada protección de los derechos humanos en la región. Entre los impactos más graves generados por las grandes represas, abordados en el Informe, se incluyen: el empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas tanto río arriba como río abajo por la modificación artificial de las cuencas hidrográficas; la degradación de ecosistemas acuáticos; los impactos a la biodiversidad; los impactos en el cambio climático por el aumento en la emisión de gases efecto invernadero dada la descomposición de materia orgánica inundada; el posible aumento de actividad sísmica; la destrucción de ecosistemas estratégicos; el desplazamiento forzado de comunidades típicamente en situación de vulnerabilidad, como las indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como las mujeres y los niños y las niñas; la pérdida de fuentes de alimentación y de sustento; la falta de participación pública y acceso a la información; la falta de consulta y la obtención del consentimiento libre, previo e informado de comunidades afectadas; y criminalización de la protesta social hacia personas o comunidades que defienden sus derechos. “Buscamos evitar estas consecuencias negativas y promover alternativas efectivas a las necesidades energéticas, para lograr un verdadero desarrollo sostenible”, puntualizó Jacob Kopas, abogado de AIDA y coautor del Informe. Versión completa del informe y Resumen Ejecutivo: http://www.aida-americas.org/node/1536 Para mayor información acerca de la situación de las grandes represas en América Latina visite: www.aida-americas.org, www.internationalrivers.org, www.redlar.org/
Leer másNova versão em português! Guia de Defesa Ambiental diante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos de AIDA
O continente americano foi a primeira região do mundo a reconhecer o direito humano a um meio ambiente sadio. Várias constituições da região também reconhecem esse direito. Tal reconhecimento trouxe muitas esperanças, dada a evidente relação do ambiente com a proteção dos direitos humanos e a possibilidade de garantia que esta consagração implica para milhões de pessoas de melhorar as condições ambientais, e por consequência, sua qualidade de vida. Não obstante, quase duas décadas depois, a situação na região é bem distante de ser a ideal. Os exemplos são, desafortunadamente, muito diversos e extensos. Diminuir a diferença entre o reconhecimento das normas e a realidade é vital. Por tal razão, a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA) decidiu publicar esse guia. Para promover o conhecimento do sistema regional de proteção dos direitos humanos, abordando elementos jurídicos e estratégicos que possam ser implementados em situações de violações dos direitos humanos derivados da degradação ambiental. Esperamos que esta publicação seja consultada e utilizada pelas comunidades, organizações, advogados e autoridades, que de diferentes perspectivas abordem estes casos, contribuindo com a implementação de suas iniciativas. Nesse sentido, as discussões e comentários que surjam no decorrer da leitura são bem-vindas e ajudarão a consolidar o esforço para lograr uma proteção universal e efetiva dos direitos humanos.
Leer másCorte Suprema de Canadá prohíbe fragmentar proyectos mineros y rectifica la obligatoriedad de evaluaciones de impacto ambiental integrales y con participación pública
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 27 de enero de 2010 CONTACTO: Jacob Kopas:[email protected] Teléfonos: (+57) 1-338-1277 / 320-316-0379 Corte Suprema de Canadá prohíbe fragmentar proyectos mineros y rectifica la obligatoriedad de evaluaciones de impacto ambiental integrales y con participación pública Ottawa, Canadá - En un cambio jurisprudencial fundamental, el 21 de enero la Corte Suprema de Canadá determinó que los grandes proyectos mineros están obligados a tener una evaluación de impacto ambiental comprehensiva, sin fragmentar el proyecto, y que garantice la participación pública. La sentencia concluye que las autoridades canadienses, al realizar la evaluación ambiental del proyecto minero Red Chris (un inmenso proyecto minero de oro y cobre a cielo abierto), lo fragmentaron ilegalmente impidiendo así conocer el verdadero impacto ambiental de la obra. “Celebramos enormemente esta decisión de la Corte Suprema de Canadá, que debería ser replicada por los gobiernos y las empresas mineras, especialmente las canadienses, con grandes intereses en la región”, dijo Jacob Kopas, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA, CELA y varias organizaciones presentaron un escrito ante la Corte, apoyando la demanda presentada por Ecojustice y otros grupos ambientalistas, resaltando entre otros, que la autorización de este proyecto también desconoce el derecho internacional ambiental. El proyecto “Red Chris” procesaría 30,000 toneladas métricas de mineral al día y arrojaría los desechos tóxicos en un área remota y prístina de la provincia de Columbia Británica, Canadá, habitada por grandes mamíferos y que es un importante sitio para la reproducción de salmón. Ante los posibles riesgos irreparables que esta mina a cielo abierto implica para esta área y sus pobladores, una evaluación comprehensiva es sin duda, un requisito esencial antes de autorizarlo. El máximo tribunal canadiense concluyó que el gobierno federal violó las normas aplicables al autorizar este proyecto de manera fragmentada, y también al impedir la participación pública activa de las comunidades y los grupos locales en la evaluación de impactos ambientales para grandes proyectos, como la minería. Estos dos elementos son esenciales dado que proyectos como la mina Red Chris no sólo interesan a los inversionistas y al gobierno, sino también a todas las comunidades locales que de múltiples maneras tienen un interés en las áreas a afectarse. “En el hemisferio hemos sido testigos de innumerables proyectos con inmensos impactos ambientales y sociales, que desafortunadamente se presentan y evalúan por partes, las minas a cielo abierto son un ejemplo reiterado, por lo que esta sentencia es vital para la región”, dijo Astrid Puentes, Co-Directora de AIDA. “Además, la decisión de la Corte está de acuerdo con normas ambientales internacionales, contribuye a prevenir daños ambientales irreparables y respeta el derecho humano a la participación pública, constituyéndose en un gran ejemplo a seguir”. Para mayor información ir a: www.aida-americas.org Enlace de información de otras organizaciones: www.ecojustice.ca; www.cela.ca
Leer más