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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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La llama que encendió a Nicaragua
El pasado 3 de abril, la Reserva Biológica Indio Maíz comenzó a arder en llamas. La respuesta tardía e inadecuada del gobierno ante el incendio marcó el inicio de una lucha que hoy continúa en Nicaragua, una lucha por la democracia y por nuestros derechos. Por redes sociales y bajo la etiqueta #SOSIndioMaíz, centenares de jóvenes universitarios se autoconvocaron a una protesta pacífica para exigir que el gobierno de Daniel Ortega, en el poder hace 11 años, actúe rápido frente al incendio. Los jóvenes se movilizaron pacíficamente el 12 y 13 de abril, protesta reprimida por la policía y por grupos parapoliciales. La reserva natural, ubicada al sureste del país, en la frontera con Costa Rica, es considerada la segunda más importante de Nicaragua y una de las principales de Centroamérica. Según expertos, el sitio es vital para mantener unidos a los bosques tropicales al formar, junto con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado y el Parque Nacional Tortuguero en Costa Rica, un solo bloque por donde transitan miles de animales. Indio Maíz también protege el agua de varias cuencas importantes para Nicaragua. Pese a su importancia, el gobierno reaccionó tres días después de iniciado el incendio. Además, llenó de militares la zona e impidió el ingreso a ella de medios de comunicación independientes. Amenazó con cancelar la personería jurídica de la ONG ambientalista Fundación del Río por informar a la población de la respuesta tardía; y rechazó el apoyo de bomberos de Costa Rica para sofocar el fuego. El triste resultado fue la destrucción de más de 5,000 hectáreas de bosque en la zona núcleo de la reserva, un siniestro catalogado como “el problema ambiental más serio en la historia de Nicaragua” por Jaime Incer Barquero, científico de gran renombre en el país. El despertar de un país Muchos de los jóvenes que exigieron la protección de Indio Maíz salieron nuevamente a las calles el 18 de abril para mostrar su descontento con las reformas a la Ley del Seguro Social, anunciadas dos días antes. A ellos se unieron personas de otros segmentos de la población. La represión se repitió y el mensaje del gobierno también: en el país estaba prohibido manifestarse. El 19 de abril, la manifestación se volvió masiva. Miles de personas se sumaron a lo largo del país. La respuesta del gobierno se intensificó también, desatando una ola de violencia de estado y represión que, al 21 de mayo, ha dejado 76 personas muertas y 868 heridas, la mayoría en el contexto de las protestas. Cinco de ellas permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas. Entre ellas están estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. Las cifras corresponden al informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin duda, como menciona el periodista Carlos Fernando Chamorro, se trata del “peor baño de sangre en la historia de Nicaragua en tiempos de paz”. La defensa ambiental en Nicaragua En la última década, las luchas ambientales como la librada por Indio Maíz han cobrado fuerza en el país. Otra de las más emblemáticas es, quizás, la del Movimiento Campesino Anticanal, liderado por Francisca Ramírez, que exige se anule la ley que autoriza la construcción del Gran Canal Interoceánico. De concretarse, el proyecto despojaría de sus tierras a miles de nicaragüenses y pondría en grave peligro la biodiversidad del país. En cinco años de lucha, el movimiento ha sido víctima de represión, amenazas y persecución por parte del gobierno. También está el Movimiento Nacional Ambientalista frente a la Minería Industrial. Este año, en una audiencia pública ante la CIDH, sus miembros denunciaron la violación de derechos humanos y la criminalización de personas defensoras en el contexto de industrias extractivas en Nicaragua. Estas luchas se han enfrentado a un Estado con problemas de corrupción, instituciones debilitadas, aliado con intereses económicos privados y con poca voluntad para proteger los recursos naturales. A ello se suma la criminalización de la protesta ciudadana y la persecución de las personas que defienden los derechos humanos y el ambiente. Pero Nicaragua ya no es la misma. Las llamas en Indio Maíz avivaron la conciencia de su población y su deseo de manifestarse libremente, un derecho garantizado por nuestra Constitución Política, pero negado durante los 11 años de gobierno del presidente actual. Las protestas pacíficas de abril y mayo son resultado de una década de atropellos y de la negación sistemática de nuestros derechos. Nicaragua lucha hoy por la democratización del país, la cual espero llegue de la mano del respeto de nuestro derecho a un ambiente sano.
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