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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Carta de la sociedad civil sobre el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México
En una carta dirigida a la Secretaría de Gobernación de México, el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se desmarca, luego de dos años, del proceso de elaboración del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Por medio de la presente, como Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos agradecemos el espacio de diálogo durante los últimos dos años en que hemos participado en la elaboración del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, incluyendo la reunión del martes pasado. En seguimiento a nuestras conversaciones, después de un profundo análisis del proceso y del último texto recibido; y a pesar de que consideramos que hemos aportado nuestro mayor esfuerzo para que el Programa esté a la altura de los compromisos y necesidades de nuestro país en la materia, hemos decidido desmarcamos de la elaboración del Programa. Como es de su conocimiento, durante este tiempo hemos realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos para alcanzar el mejor resultado. Por ejemplo, hemos movilizado recursos propios para generar un Diagnóstico de Línea Base independiente; ayudado a documentar la situación a nivel nacional para fortalecer la visita a México del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU el año pasado; participado en todas las reuniones del Grupo Nacional de Trabajo y en otras de subgrupos; participado en los seminarios y reuniones regionales de socialización y brindado comentarios por escrito y verbalmente para el mejoramiento de los textos y el proceso. Por ello, consideramos que a lo largo de estos dos años, hemos participado activa y responsablemente para que la Dirección a su digno cargo cuente con información de calidad que retoma experiencias internacionales para abordar cabalmente los tres Pilares de los Principios Rectores en el marco del Programa Nacional. Reconocemos que nuestro trabajo logró que se mejoraran algunos aspectos del borrador inicial difundido en el mes de marzo de este año. Sin embargo, la última versión del Programa no cumple con los estándares internacionales en la materia al no atender adecuadamente algunos temas clave que mencionamos más abajo. Reconocemos también que el proceso de socialización realizado tuvo en cuenta algunos de nuestros comentarios, como la integración de diferentes actores sociales, la ampliación de los tiempos para recibir comentarios, así como la apertura de un proceso en línea. Al mismo tiempo, consideramos que varios aspectos señalados en numerosas ocasiones no se resolvieron, entre ellos, la necesidad de tener una clara hoja de ruta y que la discusión sobre el contenido del Programa se mantuviera activa en el marco del Grupo Nacional de Trabajo para realizar un proceso transparente y multipartícipe. Respecto al contenido del Programa, las prioridades que hemos definido desde el inicio del proceso y que consideramos que no están atendidas en el documento son: Mejoramiento del acceso a la justicia y a la remediación para las comunidades afectadas por la actividad empresarial. El Pilar 3 de los Principios Rectores claramente establece como fundamental la necesidad de incluir estas herramientas en cualquier Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Específicamente, en materia de acceso a la justicia, el Programa no retoma la recomendación y conclusión del seminario de discusión del Programa, de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013 mediante la cual se puede señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. Resaltar y reconocer la debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y en su caso remediar daños de forma contundente en el Programa. El texto por ahora tampoco incorpora la necesidad de publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni el considerar procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor, incluyendo beneficiarios reales. No se establecen acciones para asegurar la transparencia en el sector privado ni se reconoce la obligación expresa de las empresas de respetar los derechos humanos. Inclusión en el programa de mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y reconocimiento de la figura de los informantes (whistleblowers). No se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores tal y como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. El derecho a la seguridad de estos actores y en particular en el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, es fundamental para que las empresas respeten los derechos humanos. Reconocimiento de la consulta previa, y procesos de consentimiento libre, previo e informado como derecho, y su resultado como vinculante. El borrador del Programa hasta ahora restringe su aplicación a los pueblos y comunidades indígenas excluyendo a comunidades campesinas y equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas tal y como recomienda Naciones Unidas. Explícito reconocimiento de la responsabilidad de garantizar los derechos humanos por parte del Estado cuando funge como actor económico. El texto del Programa alcanzado no cuenta con lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, ni en los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo para el sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores. Por lo anteriormente expresado las organizaciones que integramos el Grupo Focal nos abstenemos de avalar el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos que ha sido desarrollado y cuyo borrador nos fue compartido en días pasados. Dado que la elaboración y publicación de dicho Programa llegará a su fin, mantendremos nuestro compromiso como sociedad civil de vigilar la implementación y evaluación de los temas de Empresas y Derechos Humanos, incluyendo el Programa Nacional, con el objetivo de mejorar las políticas públicas y la rendición de cuentas empresarial en el país. Atentamente, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Grupo Focal es acompañado por Brigadas de Paz Internacional (PBI) y por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA).
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Nuevo Programa de Empresas y Derechos Humanos no cubriría estándares internacionales: OSC
El Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México se deslinda del proceso de creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Durante dos años las organizaciones de la sociedad civil han generado diagnósticos y recomendaciones que no han sido retomadas por la Secretaría de Gobernación. La decisión de las OSC no detiene el desarrollo del Programa, por lo que el Grupo Focal se mantendrá vigilante del proceso de implementación, y comprometido con la mejora de las políticas públicas y la rendición de cuentas empresarial en el país. Ciudad de México. Las organizaciones que conforman el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se deslindan después de dos años de proceso para crear un Programa Nacional de Empresas y Derechos (PNEDH), debido a que la propuesta presentada por el gobierno mexicano no cubre los estándares internacionales. En estos dos años el Grupo Focal ha realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos al proceso. Con recursos propios, esta alianza de OCSs generó un Diagnóstico de Línea Base independiente para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en México. Este documento, así como otros aportes realizados en diversos foros y por escrito, no han sido considerados por el gobierno pese a múltiples reuniones. La sociedad civil alertó en marzo pasado mediante un comunicado público de las principales omisiones en el primer borrador del Programa. En el borrador final, recibido en días recientes, siguen sin atenderse las principales peticiones de sociedad civil, y preocupa que el borrador actual no abarca los mínimos necesarios para contar con un programa que mejore la situación del país en materia de empresas y derechos humanos. Las prioridades de sociedad civil que el gobierno mexicano no está atendiendo son: El documento no contempla un apartado ni acciones efectivas sobre el acceso al remedio y a la justicia, pese a que Naciones Unidas establece claramente que éste es un punto fundamental en un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos basado en los Principios Rectores. Específicamente, en materia de acceso a la justicia, se ignoró la recomendación de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013, la cual permite señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. La debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y (en su caso) remediar los daños no figura de manera contundente en el borrador. Tampoco se incorpora el reconocimiento expreso de la obligación de las empresas a respetar derechos humanos, ni la publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni se consideran procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor. La transparencia se maneja de forma discrecional y dejando importantes vacíos. En el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, el Programa no contempla mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ni reconoce la figura de los informantes (whistleblowers) como recomienda la sociedad civil. Tampoco se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores, como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. La consulta previa, libre e informada, para obtener o negar el consentimiento, no se reconoce como derecho y su aplicación se restringe a los pueblos y comunidades indígenas, lo que excluye a comunidades campesinas y otras equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas como recomienda Naciones Unidas. La responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos cuando funge como actor económico no está explicitada. Faltan lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, y para los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo al sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores. El Grupo Focal se conformó en 2015 en el marco del inicio de la elaboración del PNEDH. El objetivo era participar para que esta política pública garantice el respeto a los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Las organizaciones que forman el Grupo Focal —Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), acompañadas por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI)— seguirán trabajando para mejorar los marcos jurídicos y otros mecanismos para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos. Lee la carta en la que las OSC se desmarcan del proceso de creación del PNEDH. Contactos de prensa: Astrid Puentes Riaños, Codirectora de AIDA, 044 55 2301 6639, [email protected] Rosario Taracena, Responsable de Comunicación Externa de PODER, 044 55 2765 9451, [email protected]
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Los asesinatos aumentan: ¿Cómo podemos defender a las y los defensores?
De los 87 defensores de derechos humanos asesinados en América Latina en 2016, 60 estaban defendiendo derechos ligados a la degradación ambiental. De ello da cuenta un informe reciente de Global Witness. En 2016, al menos 200 defensores ambientales fueron asesinados en todo el mundo, volviéndolo el año más peligroso para los ambientalistas hasta ahora. De esas muertes, el 60 por ciento ocurrió en América Latina. Lo más grave es que estas estadísticas probablemente no representan del todo el problema porque muchos asesinatos de defensores y activistas alrededor del mundo, no son reportados. Los defensores ambientales son también frecuentemente objeto de acoso, intimidación, amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestro y demandas judiciales que buscan silenciarlos. El asesinato de activistas por pronunciarse contra proyectos de desarrollo ambientalmente dañinos o por defender derechos a la tierra, se incrementaron respecto de los 185 registrados un año antes y se expandieron a más países, señala el informe. En 2016, Global Witness documentó asesinatos en 24 países, cuando el año anterior lo hizo en 16 naciones. “La batalla por proteger el planeta se está intensificando rápidamente y el costo puede ser contado en vidas humanas”, dijo Ben Leather, director de campañas de Global Witness. “Más personas, y en más países, no tienen más opción que adoptar una postura contra el robo de sus tierras o la destrucción de su ambiente. Son, con demasiada frecuencia, silenciados brutalmente por élites políticas y empresariales, mientras que los inversionistas que los financian no hacen nada”. Las raíces del problema ¿Por qué tantos activistas viven bajo amenaza, solo por pronunciarse y generar conciencia acerca de proyectos ambientalmente destructivos? Los gobiernos argumentan que la minería, la explotación de gas y petróleo, la tala y las represas impulsarán la economía de sus países. Pero las corporaciones suelen contratar servicios externos, creando pocas o ninguna fuente laboral en el ámbito local. Y, en muchos casos, los proyectos de desarrollo contaminan el ambiente, desplazan a comunidades enteras y vulneran derechos humanos. Algunos proyectos, como las grandes represas hidroeléctricas, también dañan la biodiversidad y contribuyen al cambio climático. Además, los gobiernos dependen a menudo de corporaciones transnacionales o de inversión extranjera para financiar estos proyectos. Como resultado, las ganancias de la minería, del petróleo y el gas, o de las grandes represas benefician con frecuencia a empresas internacionales o al empresario más rico de algún país, pero no necesariamente benefician a las comunidades locales. Esta situación genera tasas extremas de desigualdad económica. Honduras, por ejemplo, es uno de los países con mayor desigualdad de América Latina y ha tenido el mayor índice per cápita de asesinatos de defensores ambientales en la última década. El 20 por ciento de las personas más ricas de Honduras se lleva el 60 por ciento de los ingresos del país, dejando a casi dos tercios de la población hondureña en la pobreza o extrema pobreza, según la Organización de Estados Americanos. Cuando los activistas —muchos de ellos indígenas— se pronuncian contra estas injusticias económicas y ambientales, son frecuentemente denunciados como enemigos del progreso. Juntos, gobiernos y corporaciones, tratan de silenciar a los defensores que se expresan abiertamente. Cuando la censura no basta, acuden a policías, militares y mercenarios para silenciar la oposición con una escalada de amenazas y violencia. Cómo defender a las y los defensores Cada año, el problema se agrava y nos recuerda nuestro deber de defender a las y los defensores ambientales y de derechos humanos, así como la necesidad de establecer políticas adecuadas para su protección. Hay varias formas en las que gobiernos y ciudadanía de todo el mundo pueden hacerlo: Derecho internacional. Los gobiernos del mundo son parte de tratados y convenciones internacionales que les obligan a respetar ciertos estándares de derechos humanos. Cuando esos lineamientos básicos no son respetados, le corresponde a la comunidad internacional intervenir y proteger a las y los activistas amenazados exigiendo a los gobiernos para que hagan cumplir la ley. AIDA trabaja de ese modo para hacer responsables a los gobiernos y promover la adopción inmediata de medidas que garanticen la vida e integridad de las y los activistas en riesgo. “Los estados deben garantizar un entorno favorable en el que las personas puedan realizar su trabajo para proteger la naturaleza en condiciones seguras”, dijo Astrid Puentes Riaño, abogada y codirectora de AIDA. “Además, los Estados deben investigar los casos de violencia. Los asesinatos de quienes valientemente defienden el ambiente no deben quedar impunes”. Legislación nacional. Cuando la presión internacional no funciona, las leyes nacionales pueden ayudar a que los Estados protejan a los activistas que se manifiestan. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha propuesto una norma por la que se suspendería la ayuda militar y policial que ese país brinda a Honduras hasta que el Gobierno hondureño investigue las violaciones de derechos humanos en su territorio. El proyecto de ley ayudaría a proteger a las y los activistas en esa nación y servir de ejemplo a otros países. Medidas de emergencia. Las medidas de visado de emergencia o las protecciones diplomáticas para prevenir daños, pueden ser útiles para reubicar a las y los activistas de un país a otro o para resguardarlos de alguna otra manera. Campañas mundiales de solidaridad. Las campañas solidarias a cargo de coaliciones de organizaciones de derechos humanos y apoyadas por los medios, tienen un gran potencial. Si estas acciones encendieran las alarmas de manera simultánea, consistente y confiable, gobiernos y corporaciones pensarían dos veces antes de intentar silenciar a la o el activista en cuestión. Lo anterior, desde luego, te compete. La indiferencia es también un gran factor de riesgo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente. Nada sustituye la movilización de una comunidad de apoyo: en las calles, en las redes sociales, en tu vida diaria. Ponerse de pie, alzar la voz y generar conciencia es el primer paso hacia la construcción de un futuro más justo La acción y la solidaridad son esenciales, y hacen una gran diferencia. Las anteriores son sólo algunas de las soluciones a este problema creciente, y su éxito depende de nosotros. Mostrar que no tenemos miedo de luchar por la justicia ambiental y por un futuro en el que se respeten los derechos humanos de todos, no sólo es una buena idea, es necesario para nuestra supervivencia.
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