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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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¿Quién podrá defendernos si se debilita el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Por Astrid Puentes, co directora de AIDA, @astridpuentes Escribo este blog desde Cochabamba, a donde vine para asistir a la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es la primera vez que vengo, tanto a Bolivia como a una Asamblea General. Consideramos que había que participar para, entre otros, aportar nuestro esfuerzo hacia verdaderamente “fortalecer el Sistema Interamericano” y prevenir que algunas propuestas de Estados puedan resultar en menor independencia y efectividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro objetivo es reiterar la autonomía y rol de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por ende, la posibilidad para proteger los derechos humanos en la región. O sea, proteger sus derechos, los míos y los nuestros. El resumen de una historia compleja: el proceso de “fortalecimiento” lo iniciaron algunos Estados en el 2011, después de sólo dos años en que se habían modificado los Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas reacciones de los Estados vinieron después de llamados de atención de la Comisión por situaciones de derechos humanos en sus países. El año pasado se creó un Grupo de Trabajo para evaluar cómo se podría “fortalecer” al Sistema Interamericano. Este Grupo produjo su informe, que la Comisión ya respondió, respecto al cual también nos pronunciamos las ONG. Hace unos días el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, publicó un informe al respecto, que personalmente considero inadecuado, dado que varias de sus recomendaciones implicarían debilitar, en lugar de fortalecer, el Sistema. Por ejemplo, dice el Secretario que “Existe pues un vacío en el Estatuto de la Comisión sobre la figura de las medidas cautelares que puede ser llenado por… la Asamblea General de la OEA”. Vale la pena mencionar que es la Comisión quien determina su propio Reglamento, justamente como una de las herramientas que aseguran su independencia. El informe de Insulza dejó por fuera elementos respecto a los cuales se le había pedido pronunciarse, como opciones para mejorar el financiamiento al Sistema Interamericano. Por ende, de acogerse sus recomendaciones, el resultado sería contrario al objetivo que tanto el Secretario Insulza como los Estados, han establecido como meta última. Afortunadamente en las declaraciones durante la Asamblea General, el Secretario desestimó algunas de las recomendaciones lo que podría implicar que ya van perdiendo fuerza. Tres de los puntos importantes del proceso de “fortalecimiento” que se discutirán durante los próximos días en la Asamblea en Cochabamba y que seguramente continuarán después, incluyen: Financiamiento para la operación del Sistema Interamericano: un elemento sin duda esencial pues no puede pedirse a la Comisión ser eficiente con sus funciones con un presupuesto irrisorio; “Unificar de manera constructiva” lo que los Estados y la CIDH entienden por las medidas cautelares: un tema presentando por algunos Estados y recogido por el Secretario Insulza. Esto último francamente sorprende justo por venir del propio informe del Secretario por dos razones: a) acatar lo que el Sistema dicte es parte del acuerdo mismo de los Estados al crearlo, y b) porque la Corte Interamericana ha sido muy clara al concluir que las medidas son obligatorias. De los Estados puede preverse, ¿a quién le gusta un jalón de orejas, aunque sea suave, que además sean públicas en los medios? Lo que no implica que no estén razonadas. Si la Comisión debería tener un rol más de promoción que de protección. Es decir si debería asesorar más a los Estados respecto a los derechos humanos, o dedicarse a atender las quejas que por violaciones a los derechos humanos llegan. Los jalones de orejas Para entender el proceso es importante tener en cuenta las motivaciones que han surgido de los Estados para promover estos cambios. Así, casualmente Estados como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela quieren “fortalecer” el Sistema, contra los cuales la CIDH ha dictado importantes decisiones recientemente: 1.-A Brasil le solicitó suspender la construcción de la represa Belo Monte por violar derechos indígenas y destruir el ambiente, 2.-El Informe de Democracia y Derechos Humanos en Venezuela evidenció serias violaciones, 3.-Las graves violaciones a derechos humanos en Colombia han sido varias veces incluidas en el capítulo IV del informe anual, 4.-A Ecuador le han llamado múltiples ocasiones la atención de la Relatoría de Libertad de Expresión, entre otros. Juez y parte Si en lugar de Estados habláramos de un director cuya organización está a punto de contratar a un familiar suyo, sin duda debería declararse impedido para involucrarse en el proceso por el conflicto de intereses. O si, en la final del Mundial de Futbol el árbitro fuera de la misma nacionalidad de uno de los equipos, claramente habría protestas del otro equipo. Dado que estos impedimentos no existen en la OEA, pues obviamente son los mismos Estados contra los cuales llegan quejas a la Comisión quienes en la Asamblea podrían modificar sus funciones, es justo por ello que se requiere la voluntad para no intervenir aún cuando no compartan sus decisiones. Es vital que los Estados reconozcan en el discurso y en la realidad, la independencia del Sistema Interamericano. Que reiteren su compromiso con los acuerdos suscritos hace más de 60 años y respalden a los órganos que crearon, justamente para garantizar justicia en caso que a nivel interno hubiera fallas para el respecto de los derechos humanos. (Ver texto en inglés).
Leer másLa controversia por la represa Belo Monte hará parte de la revisión de las Naciones Unidas sobre el desempeño de Brasil en derechos humanos
La represa está bajo revisión por violaciones ambientales y en derechos humanos. Ginebra, Suiza. Este 25 de mayo, las Naciones Unidas examinará el desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos durante la Evaluación Periódica Universal (EPU) en Ginebra, Suiza. Los múltiples reclamos de violaciones de derechos humanos por causa de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingu, en el Amazonas, serán parte esencial en la Evaluación. Grupos brasileños e internacionales enviaron extensa documentación a las Naciones Unidas señalando las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas y rurales ocasionadas por la represa, que será la segunda más grande de Brasil y la tercera más grande del mundo. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará la información de estos y otros informes como parte de la Evaluación del desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos. Un punto clave en la controversia sobre la represa será la falta de cumplimiento de la Resolución de abril de 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. La Comisión solicitó al gobierno brasileño suspender el proyecto y tomar medidas para proteger a las comunidades indígenas, incluyendo las comunidades no-contactadas en aislamiento voluntario. Hasta ahora, el gobierno brasileño se ha negado a implementar la resolución de la CIDH o incluso a dialogar con las comunidades afectadas. Dos informes de la sociedad civil enviados por una coalición de grupos brasileños e internacionales en noviembre pasado resaltaron estos y otros problemas con el polémico proyecto hidroeléctrico. El informe concluye que el gobierno no consultó con las comunidades afectadas y no obtuvo su consentimiento libre, previo e informado, como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos. También documenta violaciones a los derechos a la vida y a la salud de los pueblos indígenas y el posible desplazamiento forzado de cerca de 40.000 personas. Los dos informes hacen parte de un creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con los planes del gobierno brasileño para promover la construcción de grandes represas en la región amazónica. Denuncias que han sido atendidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. "Esperamos que como resultado del EPU, el gobierno brasileño revise en profundidad el daño que sus políticas energéticas e hidroeléctricas están causando a los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales", señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que participó en los informes. "Brasil tiene una gran oportunidad para cambiar su modelo de desarrollo hacia uno que sea realmente sostenible y respetuoso de los derechos humanos." Andressa Caldas, directora de la organización brasileña de derechos humanos Justicia Global, dijo que Belo Monte se ha convertido en sinónimo de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de la irresponsabilidad ambiental. "El gobierno brasileño tendrá que responder ante estas acusaciones", dijo Caldas. "Este gobierno ya está aumentado su delegación para el EPU con expertos enfocados en la defensa de la represa Belo Monte. Pero no hay manera de justificar un proyecto tan absurdo. " ¿Qué es el EPU? La Evaluación Periódica Universal es un procedimiento en el cual todas las naciones de la ONU son evaluadas cada cuatro años por el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por representantes de diferentes países. Durante el proceso, cada país tiene la oportunidad de demostrar las medidas que ha adoptado para mejorar la situación de derechos humanos y su cumplimiento de obligaciones bajo el derecho internacional.
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