Project
Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
Partners:
Proyectos relacionados
La protección del Humedal Bahía de Panamá ahora tiene fuerza de ley
El Congreso panameño elevó a rango de ley la resolución que declara área protegida al humedal. La decisión fortalece la protección de un ecosistema clave para la conservación de la biodiversidad del país y la mitigación del cambio climático. Ciudad de Panamá, Panamá. Los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá decidieron elevar a rango de ley la declaratoria de área protegida del Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá, la cual fue establecida inicialmente mediante Resolución Administrativa. De ese modo, se fortaleció la protección de un ecosistema vital para la biodiversidad del país y la lucha contra el cambio climático. El Humedal Bahía de Panamá es uno de los sitios de anidación y descanso más importantes del mundo para aves migratorias y hogar de especies amenazadas. Sus manglares ayudan a combatir el cambio climático al capturar el carbono de la atmósfera, y a mitigar sus efectos, al servir de amortiguamiento costero frente a huracanes y tormentas. En 2003 fue declarado sitio de importancia mundial bajo la Convención Ramsar, tratado internacional para la conservación de humedales. A pesar de su importancia, la Bahía de Panamá está en riesgo por la expansión urbanística de la ciudad de Panamá, la cual conlleva la canalización de ríos, el drenaje y relleno de humedales. En años anteriores hubo intentos de reducir el área protegida para dar paso a desarrollos inmobiliarios. Con esta nueva ley, se prohíben actividades que atenten contra la integridad ecológica del sitio y se reafirman además los límites del área, mismos que sólo podrán ser modificados mediante otra ley. Durante el proceso de aprobación de la norma, el equipo legal y científico del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), con apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), contribuyó al fortalecimiento del proyecto de ley para asegurar que éste garantice un manejo racional de los recursos del humedal. "Esta ley implica un gran avance para la protección del Humedal Bahía de Panamá y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. La ley enfatiza los conceptos de uso racional, enfoque ecosistémico y características ecológicas del humedal contenidos en la Convención Ramsar", dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. El siguiente paso es la adecuada implementación de la norma. "Debemos establecer un plan de manejo adecuado para asegurar la protección del ecosistema", agregó Rodríguez. Un 90% de los ingresos generados por la pesca en Panamá provienen de especies que se refugian en la Bahía en alguna época del desarrollo de su vida. "La ley es un claro indicio de la importancia que este espacio tiene para el ambiente y las poblaciones de sus alrededores. Proteger las 85,652 hectáreas que componen el territorio marino-costero de los humedales de la Bahía de Panamá es misión de todos", dijo Brooke Alfaro, Presidente de la Junta Directiva de CIAM. CIAM y AIDA confían en que la pronta sanción de la ley por parte del Presidente de la República contribuirá a la conservación de los humedales de la Bahía de Panamá para las presentes y futuras generaciones.
Leer másLas regulaciones de Obama para la emisión de gas metano deben reflejarse en América Latina
En la reciente serie de acciones ejecutivas para combatir el cambio climático, el Presidente Obama anunció ayer sus planes para regular más estrictamente a las industrias estadounidenses de gas y petróleo con la meta de reducir las emisiones de metano hasta en 45 por ciento durante la próxima década. Si bien esta acción es un paso decisivo en la dirección correcta, defensores del ambiente han respondido que los estándares establecidos para nuevas tecnologías no son suficientes para contrarrestar una de las principales fuentes de emisiones de la industria: los derrames y descargas de equipos obsoletos. "Esperamos ver la implementación de éstas y otras acciones más ambiciosas en la región. América Latina debe comenzar incluso por medir de forma confiable las emisiones de metano de todos los sectores clave, incluyendo el petrolero y el gasífero," dijo Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Esto es particularmente importante siendo que los sectores de gas y petróleo, incluyendo el de fracking, van teniendo cada vez más presencia como fuerzas impulsoras del desarrollo en la región," concluyó. Pese a que la industria en América Latina está rezagada en comparación con Estados Unidos, han habido algunos avances en la región gracias al establecimiento de la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC por sus siglas en inglés) para reducir contaminantes de vida corta. Como miembro fundador, México está trabajando con Pemex, la paraestatal petrolera, en implementar mejoras tecnológicas para optimizar el monitoreo y control de las emisiones. Dado que los contaminantes de vida corta son un elemento clave para la mitigación del cambio climático, AIDA está trabajando para llamar la atención sobre los mismos, y motivar a los gobiernos en la región a enfrentarlos de manera efectiva.
Leer másProhíben el fracking en Nueva York y en Colombia lo promueven
Por Héctor Herrera Santoyo, coordinador de la Red por la Justicia Ambiental @RJAColombia y asesor legal de @Aidaespanol La fracturación hidráulica o fracking es una forma no convencional de extraer petróleo y gas. Esta técnica consiste en realizar perforaciones primero verticales y luego horizontales e inyectar a muy alta presión una combinación de agua, arena y químicos tóxicos. De ese modo se fracturan capas del subsuelo conocidas como lutitas y es posible extraer el petróleo y gas allí contenidos. El fracking genera impactos en el ambiente y en la salud: contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas, generación de sismos, contaminación del aire y liberación de gases que contribuyen al cambio climático, entre otros. Así lo han evidenciado estudios del Ministerio de Ambiente alemán, la Oficina de Control del Gobierno de Estados Unidos, el Consejo Canadiense de las Academias de la Ciencia, y de individuos como Anthony Ingraffea, profesor de la Universidad de Cornell. El 17 de diciembre de 2014, el Gobernador de Nueva York anunció la prohibición del fracking en ese Estado por "riesgos significativos a la salud". Ese argumento resultó de un estudio realizado durante dos años por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado. El mismo analiza los impactos del fracking en la salud humana, la calidad del aire y el agua, y en las comunidades. La decisión fue celebrada por defensores del ambiente y criticada por algunos inversionistas que dicen que ella le niega a Nueva York la posibilidad de obtener los rendimientos económicos del negocio extractivo. El debate sobre permitir o no el fracking se ha dado también en otras latitudes. En Francia, el fracking fue prohibido en 2011 mediante ley nacional. Una empresa petrolera demandó la ley ante la Corte Constitucional, instancia que ratificó la prohibición en 2013. Bulgaria prohibió el fracking en 2012 y Alemania mantiene vigente la moratoria a esa técnica. Prohibiciones o moratorias se han dado además en municipios de Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Suiza, Italia, Irlanda, Holanda y Australia. Pese a este escenario internacional, el Gobierno de Colombia ha promovido el fracking. En 2008, la Agencia Nacional de Hidrocarburos contrató un estudio para identificar de forma preliminar las potencialidades en hidrocarburos no convencionales del país. En 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizó un proyecto de fracturación hidráulica en Boyacá. Ese año, la Contraloría General de la República expidió al respecto una Función de Advertencia en la que recomienda que "se tenga en cuenta el Principio de Precaución, ante el riesgo latente para el patrimonio ambiental por la posible contaminación de aguas subterráneas, la afectación de fuentes hídricas, el riesgo para centros urbanos en el área de influencia, la salubridad pública y el riesgo geológico, por la forma de explotación mediante fracturamiento hidráulico". En enero de 2015, en Actuación Especial de Seguimiento a la Función de Advertencia, la Contraloría consideró que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias. A finales de 2012, el Gobierno colombiano inició el proceso de creación de un marco regulatorio para el ingreso del fracking a Colombia. Contrató expertos internacionales para identificar los impactos de la técnica y regularla. Varios de estos expertos están vinculados al sector petrolero. Así lo evidenció una investigación realizada por La Silla Vacía. El Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos expidieron ya los instrumentos jurídicos que servirán de marco para la entrada del fracking al país. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, dijo públicamente que sin fracking "tendríamos una debacle fiscal" dentro de seis o siete años. Y el Ministro de Minas, Tomas González, advirtió que el fracking es necesario para financiar parte del proceso de paz en el país. Ante la entrada del fracking a Colombia, las voces de alerta se han escuchado desde varios sectores. En agosto de 2014, AIDA instó públicamente al Gobierno a evitar las consecuencias graves e irreversibles del fracking y aplicar el principio de precaución. Posteriormente, en septiembre, el Foro Nacional Ambiental y otras organizaciones solicitaron moratoria condicionada al fracking en Colombia. Además, el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, se mostró preocupado por los efectos que el fracking pueda tener en el agua. Declaró: "A mí, como Ministro del Agua, me da mucho miedo el fracking (...) cuando uno ve lo que está pasando en Santa Marta se da cuenta de que uno puede invertir mucho en tubos, pero si no tiene el recurso hídrico no va a tener sino que transportar aire por esos tubos". Por todo lo mencionado, la pregunta que salta a la vista es ¿por qué el fracking, que ha sido prohibido o restringido en varios países y municipios, está siendo promovido por el Gobierno colombiano? La respuesta más evidente es que ello aumentará la extracción de hidrocarburos y, como consecuencia, los ingresos del gobierno y la industria privada. Pero lo que el gobierno y la industria no ven es que ninguna cantidad de ingresos es lo suficientemente grande como para compendar los impactos ambientales y sociales del fracking, o de los nuevos conflictos que puedan surgir debido a sus efectos en los recursos hídricos. Ya hemos visto a nivel nacional (Guajira y Arauca) e internacional (Los Ángeles y Sao Paulo) que sin agua potable cualquier economía e incluso la vida misma son inviables.
Leer más