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Foto: Alberto Peña KayCuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, bosques y humedales situados a gran altitud, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. En Colombia, cerca de dos millones de personas dependen del páramo de Santurbán para su provisión de agua.
Los páramos en buen estado capturan además grandes cantidades de carbono, mitigando el cambio climático, y son refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico ojo de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo de Santurbán contiene oro y otros minerales. Una empresa canadiense, Eco Oro Minerals, quiere construir la mina de oro Angostura, la cual liberaría grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que viene del páramo.
El trabajo legal de AIDA ayudó a convencer al Gobierno colombiano de:
- Negar una licencia ambiental a la mina Angostura en mayo de 2011.
- Proteger, en 2013, 76 por ciento del páramo de Santurbán de actividades industriales, un porcentaje mayor al propuesto inicialmente.
De otro lado, AIDA, junto con sus socios, abogó para que el Banco Mundial retire su inversión de la mina Angostura, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2016.
Apoyamos también el litigio que condujo a que el más alto tribunal de Colombia reafirmara en febrero de 2016 que la minería en páramos está prohibida.
Sin embargo, 24 por ciento de Santurbán aún está desprotegido porque no fue designado oficialmente como páramo en la delimitación hecha por el gobierno, la cual fue además invalidada por la justicia en noviembre de 2017 porque no se consultó a las comunidades afectadas.
El gobierno debe ahora realizar un nuevo proceso de delimitación en diálogo con la población de la zona. Y las amenazas para Santurbán continúan ya que Eco Oro todavía quiere construir su mina y existe otro proyecto minero que se busca implementar en sus cercanías.
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Comisión Interamericana Admite Caso de Violación a Derechos Humanos de La Oroya
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 18 de Agosto de 2009 CIDH acepta denuncia contra el Estado Peruano por violaciones a los derechos humanos de pobladores de La Oroya ► Según la Comisión Interamericana se evidenciaría una posible violación a los derechos de la vida e integridad, y a la información y acceso a la justicia, del Estado peruano por contaminación del complejo metalúrgico. ► Posible ampliación del PAMA anunciada por el Presidente García deberá contar con medidas eficaces para no agravar la vulneración a los derechos humanos. WASHINGTON D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia por las violaciones de derechos humanos en La Oroya contra el Estado peruano, presentada por AIDA, Earthjustice y CEDHA, apoyada en Perú por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Según el Informe, “La Comisión considera las supuestas muertes y/o afectaciones a la salud de las presuntas víctimas como consecuencia de acciones y omisiones estatales frente a la contaminación ambiental derivada del complejo metalúrgico que funciona en La Oroya, de ser probadas podrían caracterizar violación de los derechos consagrados en los artículos 4 [vida] y 5 [integridad personal] de la Convención Americana”. La Comisión también estudiará si las acciones del Estado respecto al acceso a la información de la situación del ambiente y de la salud humana, y las presiones a las personas que pretenden difundir esta información, violan el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión. Adicionalmente, “el retardo injustificado” para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional de 2006, que ordenó acciones de protección a la salud pública en la ciudad, puede constituir también violaciones al acceso a la justicia y a la garantía judicial. "Esta denuncia responde a la falta de medidas del Estado peruano que, por lo menos desde hace diez años, conoce los impactos de la contaminación en las personas y el ambiente, a pesar de lo cual no ha implementado acciones efectivas”, señala Astrid Puentes, Co-Directora de AIDA. “Si bien ha habido algunas acciones en La Oroya, éstas no han sido efectivas para mejorar la salud y el ambiente; como han declarado el Tribunal Constitucional Peruano e incluso el mismo Ministerio de Salud, y también menciona la Comisión”. La admisión de la demanda por la CIDH se produce en circunstancias especiales, puesto que el Gobierno Peruano y la empresa Doe Run Perú, dueña del Complejo Metalúrgico, están negociando en éstos días una posible nueva ampliación al Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), cuya ejecución efectiva es indispensable para mejorar la calidad ambiental en la zona y que ya ha sido ampliado excepcionalmente antes. Por ello, la Comisión estará vigilante al proceso y los resultados serán relevantes para el caso admitido. “El PAMA vigente no contempla prórrogas y ante incumplimiento, establece la obligación de imponer multas y la ejecución de garantías financieras, que de no implementarse, demoraría aún más las acciones necesarias para controlar la contaminación, y la consecuente vulneración de los derechos humanos de los pobladores de La Oroya”, afirma José Luis Capella, Director del Programa de Defensa del Interés Ciudadano de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). “Por ello la decisión respecto al PAMA deberá considerar estas garantías exigidas e implementar finalmente, las medidas efectivas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones para mejorar la salud y el ambiente en la ciudad, pues éstas medidas no se han cumplido” finalizó. Vale la pena recordar que, vinculado a esta petición, la CIDH viene también haciéndole seguimiento a unas medidas cautelares urgentes solicitadas hace dos años por la Comisión al Estado peruano, para brindar diagnóstico y tratamiento médico especializado a favor de un grupo de pobladores de La Oroya afectados por la contaminación derivada de la actividad del complejo metalúrgico que opera en esta ciudad del Perú. “La admisión de este caso es vital para la protección de los derechos de las personas en La Oroya y del hemisferio, pues evidencia que la grave contaminación en la ciudad tiene un impacto no sólo en el ambiente, sino en la salud de las personas, y que afecta sus derechos humanos” dijo Martin Wagner Director del Programa Internacional de Earthjustice. “Es una excelente noticia que nos da esperanza para que las cosas en La Oroya se mejoren por fin” dijo una de las demandantes del caso, cuyos nombres son confidenciales, para protegerlos."
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La Oroya triunfó en Corte Constitucional, pero el fallo no fue acatado
En 2006, el Tribunal Constitucional peruano reconoció que los altos niveles de contaminación en La Oroya estaban causando serios problemas de salud a la población. El Tribunal ordenó al Ministro de Salud cumplir con la ley y tomar acciones urgentes para prevenir impactos adicionales irreversibles al ambiente y al derecho humano a la salud. Esta decisión se basó en numerosos estudios científicos del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, y Doe Run Perú, empresa que opera la metalúrgica. En su fallo, el Tribunal aceptó todos los argumentos presentados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), quien representó a las personas de La Oroya en este caso que AIDA apoyó. El Tribunal dio 30 días al Estado peruano para: Brindar atención médica de emergencia a las personas contaminadas con plomo, dando prioridad a las mujeres embarazadas y a los niños; Implementar un plan de acción para mejorar la calidad del aire en La Oroya; Declarar Estado de Emergencia cuando los niveles de contaminación sean excesivos; Establecer programas de monitoreo epidemiológico y ambiental. Esta sentencia constituye un precedente legal clave por tres razones fundamentales: reconoce que los niveles de contaminación extremadamente altos, como los de La Oroya, pueden causar serios e irreversibles daños a la salud de las personas, violando los derechos humanos; reitera la obligación del Estado de proteger a las personas, ordenándole acciones específicas para reducir las amenazas a la salud; al ordenar al Estado que coordine con la compañía contaminadora, confirma que las corporaciones son responsables de desarrollar sus negocios respetando los derechos humanos a la salud, la vida y a un ambiente sano. En respuesta a la sentencia, el Estado peruano realizó algunos cambios, pero de ninguna forma cumplió completamente con la orden. Por lo tanto, en 2006, AIDA, junto con abogados peruanos, Earthjustice y CEDHA, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por medio del mismo, buscamos que se aplique la orden del Tribunal y se implementen medidas adicionales que verdaderamente protegerán la salud en La Oroya.
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El caso de La Oroya llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En un esfuerzo por obligar al Estado peruano a resolver la crisis de salud existente en La Oroya, AIDA acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005 para solicitarle se tomen medidas cautelares urgentes para proteger los derechos humanos de la población afectada. En colaboración con Earthjustice, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y nuestros colegas peruanos, llevamos este caso en representación de más de 60 adultos, así como de niños y niñas que viven en La Oroya y sufren problemas de salud, posiblemente causados por la contaminación de la metalúrgica. El Estado incumplió las acciones ordenadas por el Tribunal Constitucional peruano en La Oroya para proteger la salud humana y el ambiente. Por eso, en 2006 presentamos una demanda de caso a la CIDH, solicitándole evaluar completamente la situación de derechos humanos y obligar al Estado peruano a prevenir que la metalúrgica de Doe Run Perú contamine la ciudad. La Comisión respondió favorablemente a nuestros esfuerzos. En 2007, ordenó implementar medidas cautelares para prevenir el daño a la salud, integridad y las vidas de las personas de La Oroya. Específicamente, como primer paso, la Comisión ordenó al Estado peruano diagnosticar y proveer tratamiento médico especializado al grupo de personas que representamos. Debido a que el Estado fue lento en su respuesta, la Comisión se reunió con las partes en 2008 y 2009, y reiteró al Estado peruano la necesidad de implementar las medidas apropiadas, mismas que están siendo implementadas parcialmente. En agosto de 2009, la Comisión aceptó la petición de AIDA de evaluar el caso en contra del Estado peruano, con base en el hecho de que las enfermedades y muertes presuntamente causadas por la severa contaminación pueden constituir violaciones a los derechos humanos a la vida e integridad personal. Además, el Estado puede haber violado el derecho a la información al manipular y no publicar datos esenciales. La Comisión concluyó también que el Estado peruano demoró injustificadamente el cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de 2006 y que por lo tanto podría estar violando los derechos de las personas al acceso a la justicia y a soluciones nacionales efectivas. En marzo de 2010, la CIDH realizó una audiencia para el caso de La Oroya. En ella, AIDA y nuestros colegas presentamos evidencia del incumplimiento de las medidas cautelares y de la debilidad de las acciones para atender la gravedad de la situación en La Oroya. El Estado peruano informó acerca de los escasos avances en la implementación de acciones y solicitó levantar las medidas cautelares argumentando que ya habían logrado garantizar la salud de los habitantes de La Oroya. Lo anterior ignora las conclusiones de los expertos independientes que siguen el caso, por lo cual AIDA insiste en el cumplimiento de dichas medidas. Mientras se produce la decisión de la CIDH en este caso, en AIDA continuaremos presionando al Ministerio de Salud peruano para que cumpla con sus obligaciones, e insistiremos para que la CIDH mantenga su atención en el Estado peruano hasta que se hayan protegido efectivamente los derechos humanos en La Oroya. Un cambio positivo en La Oroya beneficiará al grupo que representamos, a la población e incluso a la región, pues se creará un precedente legal hemisférico que se podría aplicar a otros casos en los cuales los gobiernos permiten que la contaminación tóxica afecte la salud de las personas. Audiencia CIDH - Caso La Oroya
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