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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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CONTACTOS: Astrid Puentes, AIDA (510) 550-6753 [email protected] Gastón Chillier, WOLA (202) 797-2171 [email protected] CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS CONDICIONA FUMIGACIONES EN PARQUES NATURALES DE COLOMBIA OAKLAND, CA, DICIEMBRE 10— En una decisión sin precedentes, el Congreso de los Estados Unidos aceptó que los fondos del Plan Colombia sean usados para la fumigación de cultivos de coca y amapola ubicados en parques y reservas naturales en Colombia. Esta posibilidad quedó condicionada al cumplimiento de las normas de ese país y a que se agoten las alternativas a la fumigación para reducir éstos cultivos en dichas áreas. La decisión se tomó como parte de la Ley de Apropiaciones para Ayuda Internacional, cuyo contenido fue acordado y será votado en enero del 2004. Esta ley incluye la Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia, programas ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos como parte de la Guerra contra las Drogas, en conjunto con los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. De acuerdo con los autores de la norma, si bien es cierto que los cultivadores de coca se están desplazando a los parques nacionales, la fumigación aérea de estas zonas debería ser la última opción a aplicar. En su lugar, el Congreso de los EE.UU. apoya otras alternativas como la erradicación manual, el entrenamiento y apoyo a las autoridades para que protejan estas zonas y la relocalización de familias que se hayan desplazado allí. “La política de fumigaciones para erradicar cultivos de coca y amapola afecta gravemente el ambiente y la salud humana; sin embargo, las condiciones del Congreso de los EE.UU. son un paso para la protección de la biodiversidad en Colombia” asegura Astrid Puentes, Directora Legal de AIDA. “Por lo tanto, debemos verificar que las autoridades encargadas de las fumigaciones cumplan con las normas vigentes, en lugar de continuar modificándolas” agregó. Al igual que en años anteriores, para el 2004 el Congreso estadounidense condicionó las fumigaciones en Colombia a que el Departamento de Estado certifique la inexistencia de riesgos innecesarios o impactos para el ambiente o la salud humana, la compensación por los daños negativos y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental colombiano, entre otros. Pero por primera vez, el Congreso de los Estados Unidos hizo referencia a la fumigación de los parques y reservas naturales, zonas que están bajo la presión de ser ampliamente fumigadas. En Colombia el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT, desde comienzos del 2001 excluyó de las fumigaciones los parques y reservas naturales. De acuerdo con el MAVDT, los cultivos de coca y amapola en las áreas naturales protegidas deberán erradicarse manual o mecánicamente. Incluso el Ministerio definió amplias franjas de seguridad alrededor de las áreas naturales protegidas, para evitar daños ambientales por efecto deriva o la fumigación accidental de éstas áreas. Dichas condiciones implementan protecciones especiales que las normas ambientales y la Constitución brindan a las áreas naturales protegidas. En conclusión, la fumigación de los parques y reservas nacionales en Colombia es claramente ilegal. En contravía con estas normas y especialmente con lo establecido por el MAVDT, el Consejo Nacional de Estupefacientes en junio del 2003, intentó legitimar la fumigación de parques y reservas naturales. Esta decisión se encuentra demandada ante las cortes colombianas, por considerarla violatoria de normas de superior jerarquía e incluso de la Constitución. De acuerdo con la científica Anna Cederstav, Directora de Programas de AIDA, “una política que no brinda alternativas viables para los cultivadores perpetúa la destrucción ambiental que se volvió un círculo vicioso, al principio se deforesta para sembrar plantas de coca y luego se fumiga para destruirlos. Los gobiernos de EE.UU. y de Colombia deberían hacer un verdadero esfuerzo y darle la oportunidad a la erradicación manual y a los proyectos de desarrollo alternativo para que funcionen, en lugar de depender de campañas masivas de fumigación aérea y militares para destruir estos cultivos.” Agrega que “las fumigaciones deberían ser el último recurso, pero desafortunadamente hasta ahora, son el único que se ha ejecutado sistemáticamente”. Más allá del problema legal, preocupa que los parques naturales de uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, estén siendo masivamente fumigados. Colombia cuenta con una importante porción de la cuenca Amazónica y los Andes Tropicales, además del ecosistema estratégico del Chocó en el Pacífico. Estos importantes ecosistemas están siendo destruidos no sólo por los cultivos de coca y amapola, sino ahora también por las políticas gubernamentales para erradicarlos.
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FOR IMMEDIATE RELEASE: 26 de junio de 2003 Contacts: Anna Cederstav, PhD, Científica de Earthjustice y de AIDA, (Oakland, CA) tel. 510-550-6700 Yamile Salinas, Defensoría del Pueblo en Colombia, (Bogotá, Colombia) tel. 571-314-7300 Ext. 2324 TRIBUNAL COLOMBIANO SUSPENDE FUMIGACIONES DE COCA Y AMAPOLA, FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE E.U.A., POR IMPACTOS EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE OAKLAND, CA/BOGOTA, COLOMBIA – En reciente decisión, el Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca, Colombia, declaró que las fumigaciones con Glifosato para la erradicación de cultivos de coca y amapola violan los derechos colectivos al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la seguridad y salubridad públicas. La sentencia, promulgada al término de una acción popular interpuesta por un grupo de ciudadanos, exige la suspensión provisional de las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato, hasta que el gobierno cumpla con el Plan de Manejo Ambiental y realice los estudios requeridos para la protección de la salud humana y del medio ambiente. Esta jurisprudencia del Tribunal se suma a las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que habían exigido la abstención de las fumigaciones en territorios indígenas y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental impuesto por el Ministerio del Medio Ambiente. De acuerdo con Yamile Salinas de la Defensoría del Pueblo, “la decisión es trascendental pues reconoce los potenciales riesgos que el herbicida y la forma en que éste se viene aplicando implican para la salud humana y el medio ambiente en Colombia”. “La aplicación del principio de precaución es de singular importancia pues reconoce la existencia de riesgos graves e irreparables para el medio ambiente y la salud humana, razón suficiente para suspender las fumigaciones”, agregó Yamile Salinas. “El Congreso de Estados Unidos exigió al Departamento de Estado la evaluación de los impactos ambientales y en la salud humana del Plan Colombia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos debe tener en cuenta esta decisión del Tribunal colombiano”, afirmó Anna Cederstav, científica de Earthjustice y AIDA. “Considerando la evidencia presentada y la tajante decisión del Tribunal al respecto, el Departamento de Estado no puede certificar ante el Congreso de Estados Unidos que la mezcla del herbicida, de la forma en que esta siendo usada, no representa riesgos irrazonables o efectos adversos a los seres humanos o al medio ambiente; ni que el herbicida se usa según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental para dicho programa”, agregó. “Estados Unidos sería muy irresponsable de continuar el programa de erradicación en contravención con la decisión del Tribunal colombiano de suspender las fumigaciones hasta que se adelanten medidas apropiadas de protección a la salud y al medio ambiente.” “La sentencia del Tribunal acoge formalmente las múltiples solicitudes que para la protección de la salud y el medio ambiente hemos realizado la Defensoría y la Contraloría colombianas, junto con varias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales desde hace años”, agregó Yamile Salinas. “Esta decisión es un éxito para la protección la salud humana y del medio ambiente en Colombia”.
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La Oroya No Espera
Este libro es producto de un cuidadoso análisis de los reportes de emisiones atmosféricas de la empresa Doe Run Perú, correspondientes a los años 1996 al 2001 y obtenidos del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Esta publicación pretende así compensar en algo la ausencia de información analítica referida a los niveles de contaminación que genera en La Oroya una empresa minera de gran envergadura como lo es Doe Run Perú.El lector tendrá oportunidad de conocer de forma directa y fácil las graves afecciones a la salud de la población local, especialmente de los sectores más vulnerables como son los niños. Pero los autores van más allá y sugieren la adopción de medidas correctivas y preventivas que involucran en su ejecución tanto al Estado como a la empresa. El libro contiene además un análisis jurídico de la legislación sobre protección ambiental de la actividad minero-metalúrgica en el Perú y una reflexión sobre su eficacia.Lee y descarga el libro
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