Project
ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
Partners:
Proyectos relacionados
La Oroya (2007-2014)
Por Ana María Mondragón Duque, fellow de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA En 2002, AIDA y nuestros colegas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) publicamos el informe La Oroya No Espera. En él presentamos datos contundentes sobre las severas consecuencias en la salud de los habitantes de la ciudad de La Oroya a causa de la contaminación generada por el complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. Hicimos además un llamado a tomar medidas serias y oportunas para solucionar el problema. Ese llamado ha sido reiterado por diversos actores nacionales e internacionales a lo largo de estos años. De hecho, La Oroya se ha convertido en un caso emblemático a nivel mundial de los impactos de la degradación ambiental en los derechos humanos, y la ciudad es tristemente célebre desde que fue catalogada como una de las diez más contaminadas del mundo en 2006. Por ello, mi interés de profundizar en el caso empezó mucho antes de trabajar con AIDA. Tenía una línea de tiempo en mi cabeza: "En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 'medidas cautelares en favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya en Perú [por las] afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua, [y la ausencia] de atención médica adecuada'. Ese mismo año, se presentó una petición inicial contra el Estado peruano por las violaciones de derechos humanos derivadas de la situación de contaminación. En 2009, la CIDH emitió el informe de admisibilidad en el caso. A la fecha, no se ha emitido el informe de fondo". Esa línea de tiempo (2007 - 2014), vacía y abstracta, se llenó de contenido cuando empecé a trabajar con AIDA, y mucho más hace dos semanas, cuando visité por primera vez La Oroya. Las palabras que he leído durante años se convirtieron en rostros y colores desde el inicio del viaje. Al ingresar a La Oroya, la primera imagen es la de las montañas blancas monumentales que rodean la ciudad y conforman un paisaje único. En ese momento comenzaron mis preguntas y reflexiones. "¿Por qué las montañas son blancas?". "Porque están contaminadas por el plomo", me respondió el chofer del carro en el que viajaba. Fue triste, aunque dilucidador, pensar que, de la misma manera que las actividades del complejo metalúrgico modificaron radicalmente el paisaje de la ciudad y la naturaleza, también irrumpieron profundamente en la vida individual y social de sus pobladores. Sobre esos impactos informamos constante e incansablemente a la CIDH. Sin embargo, hay una parte de la historia que pude ver claramente al conocer a parte de las víctimas del caso y que es difícil poner en palabras de un escrito legal: El duro impacto que la espera por la justicia ha tenido en estas personas. Durante más de dos horas —junto con María José, mi colega de AIDA, y Christian, colega de APRODEH—, escuché atentamente narraciones sobre cómo las víctimas han visto pasar los años entre padecimientos de salud, enfermedades de sus hijos pequeños, y viendo partir a muchas compañeras y compañeros. Pero sobre todo escuché palabras que expresaban frustración, soledad y olvido al esperar una decisión de la Comisión Interamericana que todavía no llega. Lo que hace siete años, con el otorgamiento de las medidas cautelares y la presentación del caso ante la CIDH, fue motivo de alegría y fuente de esperanza, hoy se ha convertido en un motivo más de dolor y duelo al temer que esa espera quizás no está próxima a terminar. Después de este viaje confirmé que parte de nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente es seguir llenándonos de herramientas para comprender y acompañar a las víctimas, y para explicarles las oportunidades, pero también las limitaciones del derecho para satisfacer sus demandas de justicia. También debemos seguir explorando vías para usar estratégicamente los sistemas nacionales e internacionales en su favor, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Sin embargo, también es fundamental que los órganos del SIDH tomen medidas urgentes para fortalecerse institucionalmente y dirijan todos sus esfuerzos y recursos a optimizar sus procesos internos. Solo de esta manera podrán contribuir a llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro continente. Lamentablemente, el caso de La Oroya es solo uno de muchos en los que el proceso ante el SIDH está tendiendo a ser una forma de revictimización. Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas seguimos creyendo en las potencialidades del SIDH y estamos dispuestas a continuar aportando a su defensa y fortalecimiento. No obstante, hoy nos preguntamos seriamente cuál es el compromiso de la Comisión y la Corte Interamericana para dar pasos en la defensa de nuestros derechos de manera efectiva y eficiente. Seguimos esperando esta respuesta. Solo me queda reiterar lo que ya decíamos hace 12 años y que hoy conserva plena vigencia: La Oroya No Espera.
Leer másManifestantes climáticos le dicen a líderes del mundo "no a la energía sucia en el Fondo Verde Climático"
Nueva York, Estados Unidos. Mientras los líderes mundiales se preparaban ayer para anunciar sus medidas sobre el clima, miles de personas inundaron las calles de la ciudad de Nueva York haciendo un llamado para que las naciones ricas pongan dinero en el Fondo Verde Climático, y demandando que nada del mismo vaya a financiar energía sucia. Los jefes de Estado se reunirán mañana en las Naciones Unidas, por invitación del Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, en un intento de poner en marcha las negociaciones para un nuevo acuerdo climático global. Según Janet Redman, directora de política climática del Institute for Policy Studies: "Llegar a un acuerdo para estabilizar el clima depende de que los países desarrollados hagan honor a sus promesas. El plazo para las contribuciones al Fondo Verde Climático ha vencido. Ahora necesitamos ver compromisos serios de los gobiernos ricos para otorgar financiamiento para un desarrollo bajo en emisiones de carbono y amigable con el clima." Andrea Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), añadió: "Miles de millones de personas aún carecen de acceso a la energía. El Fondo Verde Climático debería apoyar a las comunidades a satisfacer esa necesidad a través de energía verdaderamente limpia, descentralizada y sostenible. A pesar del interés de varios sectores en promover la captura de carbono, el gas natural, y las mega represas como soluciones climáticas, este fondo no debería proporcionar apoyo financiero para ningún proyecto que emita gases de efecto invernadero". Las políticas establecidas al momento por la Junta Directiva del Fondo, dividida por igual entre representantes de los países desarrollados y en desarrollo, no prohíben que el Fondo Verde Climático financie energía sucia, incluidos los combustibles fósiles, las represas destructivas y la energía nuclear. "La energía sucia es más que los combustibles fósiles", señaló Zachary Hurwitz, de International Rivers. "Las represas hidroeléctricas pueden liberar metano, destruir los bosques que absorben carbono, y desplazar a miles de personas. Y no hay nada de limpio en las violaciones de derechos humanos que a menudo resultan de esos proyectos". Lidy Nacpil, director del Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development, con sede en Filipinas, dijo: "En mi país ya estamos enfrentando las consecuencias devastadoras del cambio climático. Los países ricos e industrializados tienen la obligación legal y moral de pagar su deuda climática y apoyar la adaptación a través del Fondo Verde Climático. Pero eso no es suficiente. El Fondo no debe exacerbar el cambio climático y sus impactos al financiar energía sucia". Más información: Lee el último comentario del Institute for Policy Studies sobre el Fondo Verde Climático (en inglés). Lee la Declaración de Posición Global del Sur sobre el Fondo Verde Climático (en inglés). Lee la carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático.
Leer másManifestantes climáticos le dicen a líderes del mundo "no a la energía sucia en el Fondo Verde Climático"
Nueva York, Estados Unidos. Mientras los líderes mundiales se preparaban ayer para anunciar sus medidas sobre el clima, miles de personas inundaron las calles de la ciudad de Nueva York haciendo un llamado para que las naciones ricas pongan dinero en el Fondo Verde Climático, y demandando que nada del mismo vaya a financiar energía sucia. Los jefes de Estado se reunirán mañana en las Naciones Unidas, por invitación del Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, en un intento de poner en marcha las negociaciones para un nuevo acuerdo climático global. Según Janet Redman, directora de política climática del Institute for Policy Studies: "Llegar a un acuerdo para estabilizar el clima depende de que los países desarrollados hagan honor a sus promesas. El plazo para las contribuciones al Fondo Verde Climático ha vencido. Ahora necesitamos ver compromisos serios de los gobiernos ricos para otorgar financiamiento para un desarrollo bajo en emisiones de carbono y amigable con el clima." Andrea Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), añadió: "Miles de millones de personas aún carecen de acceso a la energía. El Fondo Verde Climático debería apoyar a las comunidades a satisfacer esa necesidad a través de energía verdaderamente limpia, descentralizada y sostenible. A pesar del interés de varios sectores en promover la captura de carbono, el gas natural, y las mega represas como soluciones climáticas, este fondo no debería proporcionar apoyo financiero para ningún proyecto que emita gases de efecto invernadero". Las políticas establecidas al momento por la Junta Directiva del Fondo, dividida por igual entre representantes de los países desarrollados y en desarrollo, no prohíben que el Fondo Verde Climático financie energía sucia, incluidos los combustibles fósiles, las represas destructivas y la energía nuclear. "La energía sucia es más que los combustibles fósiles", señaló Zachary Hurwitz, de International Rivers. "Las represas hidroeléctricas pueden liberar metano, destruir los bosques que absorben carbono, y desplazar a miles de personas. Y no hay nada de limpio en las violaciones de derechos humanos que a menudo resultan de esos proyectos". Lidy Nacpil, director del Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development, con sede en Filipinas, dijo: "En mi país ya estamos enfrentando las consecuencias devastadoras del cambio climático. Los países ricos e industrializados tienen la obligación legal y moral de pagar su deuda climática y apoyar la adaptación a través del Fondo Verde Climático. Pero eso no es suficiente. El Fondo no debe exacerbar el cambio climático y sus impactos al financiar energía sucia". Más información: Lee el último comentario del Institute for Policy Studies sobre el Fondo Verde Climático (en inglés). Lee la Declaración de Posición Global del Sur sobre el Fondo Verde Climático (en inglés). Lee la carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático.
Leer más