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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Grandes represas: Elefantes blancos, caros y hasta premiados. ¿Aprenderemos la lección?
Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes Cualquier tonto inteligente puede hacer cosas más grandes, más complejas y más violentas. Se necesita un toque de genialidad —y mucho coraje— para moverse en la dirección opuesta. (Albert Einstein) La semana pasada y en el marco de la Semana Mundial del Agua, Estocolmo entregó como cada año el Premio del Agua. En esta ocasión, el galardonado fue el profesor John Briscoe “por su sin igual contribución al manejo global y local del agua”. Briscoe es uno de los mayores promotores de las grandes represas en el mundo. Ha sido asesor de diferentes gobiernos, director de la oficina en Brasil del Banco Mundial y Gerente de Agua de esa institución. Al ser entrevistado sobre el premio, el ahora profesor de Harvard declaró estar sorprendido y dijo que se trata de “un reconocimiento a un grupo de personas que trabaja en manejo del agua” combinando investigación y aplicación de políticas públicas. Confieso que, al igual que Briscoe, yo también recibí con sorpresa la noticia. Me sorprendió profundamente porque Estocolmo es una ciudad que se precia de ser sustentable. Es la capital de Suecia, un país que lleva más de 40 años sin construir una gran represa, cuyos cuatro ríos principales están protegidos, y que prohíbe mayores desarrollos. Me sorprendió además que se premie al Sr. Briscoe pese a toda la evidencia científica y empírica que demuestra que las grandes represas no son un buen negocio, que causan graves daños ambientales y a las comunidades, cuyos costos superan los beneficios que brindan, y que contribuyen seriamente al cambio climático. Aclaro que se no trata de algo personal contra el Sr. Briscoe. Es mas bien un asunto de coherencia. Me desconcierta que un galardón creado para honrar las contribuciones a la conservación y protección de los recursos de agua fresca y al mejoramiento del bienestar de las personas y ecosistemas, haya laureado precisamente la promoción de las grandes represas. Me sorprende que tecnología y soluciones de energía del siglo pasado, cuya ineficiencia e inviabilidad económica se ha demostrado sistemáticamente, aún sea motivo de premios. Me preocupa además que como sociedad no hayamos aprendido la lección y estemos encaminados a seguir promoviendo masivamente este tipo de infraestructura. En AIDA llevamos más de 10 años trabajando en casos de impactos por grandes represas. Asesoramos a comunidades afectadas y ayudamos a gobiernos e instituciones internacionales a identificar mejores soluciones. En 2009, publicamos el informe Grandes Represas en América: ¿peor el remedio que la enfermedad?, el cual demuestra, a partir de cinco estudios de caso en diferentes países, que en América Latina estos proyectos ignoran las normas nacionales e internacionales, destruyen el ambiente y violan derechos humanos. Además, junto con colegas de Brasil, representamos a comunidades afectadas por la represa Belo Monte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso triste, emblemático y una prueba sólida de lo que no debe hacerse para producir energía. Es la punta del iceberg de lo que ocurre en América Latina, donde cientos de represas —casi 100 solo en la Amazonía— están planeadas para los próximos años. El Premio del Agua 2014 también me recordó el estudio de la Universidad de Oxford ¿Deberíamos seguir construyendo más grandes represas?, publicado en marzo. En él se analizan a profundidad 245 grandes represas construidas entre 1934 y 2007 en 65 países de los cinco continentes. Los investigadores concluyen que “incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad humana y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para brindar un retorno [de inversión] positivo”. Este estudio demostró que el 96% de las grandes represas cuesta más de lo inicialmente presupuestado y que ocho de cada 10 de ellas superan el tiempo previsto de construcción. Los sobrecostos y las demoras se aplican sin importar el lugar del mundo donde se implementen, la entidad que las financia o cuándo se construyeron. Es decir que, en 70 años de desarrollo de las represas analizadas, no hemos aprendido de los errores del pasado. Pero nunca es tarde y ahora es el momento perfecto. Así lo ha demostrado otro gran gurú de la construcción de represas: el Sr. Thayer Scudder, con casi 60 años de carrera profesional. 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Leer másAfectados por contaminación ambiental en La Oroya esperan hace siete años que el Estado garantice sus derechos
En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de esas personas. Éstas aún no han sido implementadas plenamente y la salud de los afectados continúa en deterioro. La CIDH aún no toma una decisión final sobre el caso. La Oroya, Perú. Han transcurrido siete años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de las personas afectadas por la contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya. Las y los afectados, incluidos niños y niñas, aún no reciben toda la atención médica requerida y su salud continúa en deterioro. El 31 de agosto de 2007, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de 65 moradores de La Oroya cuya salud resultó afectada por altos índices de contaminación por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre, proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. En razón de ello y dada la grave y urgente situación, la Comisión solicitó al Estado peruano realizar las acciones necesarias para que las personas afectadas reciban un diagnóstico y tratamiento médico especializado cuando se demostrara que su integridad personal o su vida están en peligro de daño irreparable. Aunque hubo avances en la atención médica a los beneficiarios de las medidas, éstos aún no han recibido la atención integral y especializada requerida. Existe además un grave riesgo de retroceso. A la fecha, la Estrategia Sanitaria de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas, la cual opera en el Centro de Salud de La Oroya, no tiene el presupuesto asegurado a partir de septiembre y para el resto del año. La Estrategia es fundamental para el cumplimiento de las medidas cautelares pues de ella depende el diagnóstico y el tratamiento médico especializado para los beneficiarios. Sin presupuesto, la continuidad del personal médico que atiende no sólo a los beneficiarios, sino a toda la población de La Oroya, es inviable. "Las medidas cautelares siguen vigentes y, tras siete años, no han sido cumplidas a cabalidad. Sin embargo, el Estado insiste en solicitar su levantamiento pese a que la salud de la población está en deterioro y riesgo constante", dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Por otro lado, la CIDH continúa estudiando la demanda presentada en 2006 por violaciones de derechos humanos del mismo grupo de personas afectadas. El caso se fundamenta en la omisión del Estado peruano de controlar adecuadamente las actividades del complejo metalúrgico y de proteger la salud y demás derechos de las personas afectadas. Lamentablemente, la situación de éstas empeora y cinco años después de haber admitido la demanda, la CIDH aún no ha tomado una decisión final. "El paso del tiempo nos afecta cada vez más. Nuestras dolencias están empeorando. Durante este tiempo, hemos perdido a muchos compañeros y hemos visto a nuestros hijos enfermarse”, afirmó uno de los afectados cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad. Actualmente el complejo metalúrgico está en etapa de "liquidación en marcha". Ello quiere decir que sus operaciones no se detendrán mientras se realiza su venta. Sin embargo, en mayo, el complejo tuvo que suspender sus operaciones porque sus proveedores dejaron de abastecerle de concentrados debido a los problemas económicos de la empresa. "Aunque las operaciones estén detenidas, las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las personas ya se han consumado. Por tanto, el Estado peruano debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantizar que la empresa y sus nuevos dueños cumplan con sus obligaciones ambientales", señaló Jorge Abrego, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
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Creando lazos de cooperación para enfrentar el cambio climático
Hablar de los cambios extremos en el clima nos concierne a todos y todas y, por tanto, la lucha para hacerles frente debe ser conjunta. En AIDA partimos de esa premisa para contribuir a la obtención de respuestas efectivas al cambio climático en favor de las comunidades más vulnerables al mismo. Las decisiones al respecto son negociadas a nivel internacional. En ese sentido, la generación de espacios previos de colaboración y consenso es vital. Uno de ellos fue el taller de fortalecimiento de capacidades organizado el 8 y 9 de agosto en Lima, Perú, por AIDA y por las principales redes y organizaciones de América Latina que inciden en las negociaciones sobre cambio climático. El evento congregó a representantes del gobierno y de la ciudadanía de 11 países de la región, entre ellos a negociadores de los gobiernos de Brasil, Chile, México y Perú. Ambos sectores compartieron sus preocupaciones sobre lo que es importante resolver en aspectos como pérdidas y daños, adaptación y mitigación, financiamiento, preparación para la obtención de recursos, y el impacto del cambio climático en los derechos humanos, entre otros. "Los participantes conocieron lo que se está promoviendo en las negociaciones para asegurar que las prioridades de todos sean tomadas en cuenta y crear un lazo de colaboración entre negociadores y sociedad civil. Tratamos de abarcar la persidad de temas y de información de forma práctica para que todos estemos en la misma página", explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA. Asimismo, el taller creó el terreno para que gobiernos y ciudadanos continúen trabajando unidos con miras a su participación en la 20ª versión de la Conferencia de las Partes (COP), la principal sesión de negociación climática y la cual se realizará en diciembre en Lima. "El hecho de que la pelota se juegue en casa es una oportunidad para mostrar lo que se está haciendo en América Latina y para que trabajemos juntos en la elaboración del nuevo acuerdo climático, el cual será firmado en París en 2015, pero cuyo borrador saldrá de Lima", destaca Rodríguez. ¡En nuestra página de internet encontrarás videos, presentaciones y toda la información relativa al taller! También en agosto, Lima es sede de la "Semana del financiamiento climático", evento organizado por el Gobierno de Perú. En el mismo se abordan tres temas claves para la planificación y desarrollo de acciones de adaptación y mitigación del cambio climático: financiamiento proveniente del sector privado, transparencia en el uso del dinero, y preparación necesaria para acceder al mismo. Junto con organizaciones aliadas, AIDA brindó apoyo técnico al Gobierno peruano y, en el marco del evento, organizó una cena con actores involucrados en el financiamiento climático (gobiernos, inversionistas, instituciones financieras y sociedad civil) a fin de que los mismos encuentren puntos en común para colaborar y asegurar el flujo de recursos y su uso efectivo para combatir el cambio climático.
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