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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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¿Quién nos acompaña en la defensa del ambiente?: Buscando nuevos aliados
Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka “La unión hace la fuerza”. Así versa el dicho popular. Quizás a ello se deba la fascinación del hombre por las historias de grupos como los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. También en grupo y a diario, hombres y mujeres trabajan arduamente en distintos niveles para que gocemos de nuestro derecho a un ambiente sano. Esta lucha, como muchas otras para reivindicar nuestros derechos, suele ser de largo plazo y riesgosa. Por ello no podemos emprenderla solos. ¿Cómo hacer que otras personas se unan a nuestra causa? ¿A quiénes queremos que nuestro mensaje llegue? ¿Quiénes pueden ser nuestros aliados? Niños, niñas y adolescentes ¿Cómo ayuda un niño o niña a defender el ambiente? Es poco probable que done 50,000 dólares a una campaña o lidere una marcha para concientizar a la sociedad sobre los impactos del cambio climático. Sin embargo, si queremos tener ciudadanos informados y conscientes del futuro de nuestro planeta debemos apostar por educar, sensibilizar e involucrar a la niñez en los procesos de toma de decisiones y de consulta. En mayo pasado, el equipo de profesionales de AIDA se reunió en Colombia. Lo hizo en un eco hotel ubicado en la ciudad de Tabio, Cundinamarca. Un tarde en la que se celebraba una boda en el hotel, vi cuando una niña, invitada a la celebración, agarró a uno de los gatos del hotel y lo apretó tan fuerte que el felino maulló de dolor. Entonces otra niña le reclamó: “¿Es que no sabes que existe algo llamado derechos de los animales?”. Mi reacción y la de mis compañeros ante tal grado de sensibilidad fue de asombro. Incuso dijimos “¡deberíamos contratarla en AIDA!”. El anterior es un claro ejemplo de lo valioso de llevar nuestro mensaje a los niños y niñas. Es cierto que muchas de las acciones en defensa del ambiente buscan garantizar el derecho a la salud o el derecho a la alimentación. Ello impacta significativamente en el nivel de bienestar de la niñez. Pero ese segmento social también debe ser visto como aliado, como actor clave en la promoción de nuestra causa. En ese sentido, un caso emblemático es el de Severn Cullis-Suzuki, quien a sus 12 años provocó silencio total con el discurso que dio en la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Ella exhortó apasionadamente a los asistentes y al mundo a detener los daños causados al ambiente (bosques arrasados, especies extintas, ríos contaminados, etc.) si no era posible repararlos. El mensaje de Cullis-Suzuki ha inspirado a muchas personas a unirse a la defensa ambiental. Ella es hoy una de las activistas ambientales más conocidas, alguien que lucha por el futuro de sus hijos. Artistas y personajes públicos Los medios de comunicación informan con frecuencia de las diferentes campañas que PETA o Greenpeace realizan en favor de los animales. Entre sus activistas, esas organizaciones tienen a personas famosas, artistas de cine, músicos, etc. En México existen dos casos que ilustran la participación de ese tipo de actores emergentes en las luchas sociales y ambientales. Uno de ellos es el caso de Cabo Pulmo, uno de los arrecifes de coral más importantes del mundo, ubicado en Baja California Sur, México. Ese ecosistema se ve amenazado desde 2011 por diferentes megaproyectos turísticos. En los esfuerzos por preservar Cabo Pulmo no solo ha estado involucrada AIDA, sino también actores del ámbito nacional y local, incluidos personajes del ambiente artístico mexicano. Todos nos unimos en la campaña llamada "Salvemos Cabo Pulmo". El otro ejemplo emblemático es la defensa de Wirikuta, lugar ubicado al norte de México que desde cientos de años es parte vital de la vida, cultura y tradición del pueblo Wixárika (huichol). La campaña en defensa del sitio sagrado, amenazado por concesiones mineras, incluyó un festival musical y artístico que llamó la atención de la sociedad mexicana y la unió en un solo grito: ¡Salvemos Wirikuta! La importancia de involucrar a estos personajes públicos en la lucha ambiental es su capacidad de llegar a todas los sectores sociales y de replicar con eficacia los mensajes. Tenerlos como aliados implica llegar hasta donde nosotros no podemos. Mientras más claro e inspirador sea nuestro mensaje, llegaremos a un mayor audiencia y nuestros aliados serán cada vez más. Y tú, ¿te unís a nuestra lucha? ¡Te estamos esperando!
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Leer másOrganizaciones presentan ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil escrito que demuestra la ilegalidad de la autorización que el Congreso dio a la represa Belo Monte
La autorización vulnera normas nacionales e internacionales porque las comunidades afectadas por el proyecto no fueron consultadas. La construcción de la represa avanza causando daños a personas, comunidades y al ecosistema en la Amazonía brasileña. Brasilia, Brasil. La construcción de la represa Belo Monte continúa mientras la biodiversidad y las comunidades de la zona ya sufren serios daños. Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un escrito legal (amicus curiae, en portugués) que demuestra que el decreto por el cual el Congreso autorizó la controversial represa es ilegal porque el proyecto no fue consultado con las comunidades afectadas. El escrito contiene argumentos de derecho nacional e internacional sobre la protección del ambiente y los derechos humanos que respaldan la acción legal iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF) para que el STF emita un fallo que anule el decreto del Congreso. Fue elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), el Instituto Socioambiental (ISA), la Associação Indígena Yudjá Mïratu da Volta Grande do Xingu (AYMÏX) y el Conselho Indigenista Missionário (CIMI). “El proyecto Belo Monte se aprobó sin que el Estado consultara ni obtuviera el consentimiento de las comunidades indígenas y poblaciones tradicionales afectadas. Esto, junto con la degradación ambiental que comenzó con el inicio de las obras, ha puesto a las personas y comunidades de la zona en una situación de extrema vulnerabilidad”, explicó María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. La autorización del proyecto por el Congreso violó la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al no haber garantizado el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas. Si bien se realizaron reuniones públicas sobre el proyecto, éstas no constituyen consultas previas porque se realizaron cuando el proyecto ya había sido aprobado. Esas reuniones se efectuaron sin que la información presentada fuera traducida a las lenguas de las poblaciones indígenas. No todos los afectados tuvieron acceso a las reuniones y quienes sí estuvieron en ellas recibieron información incompleta sobre el proyecto y la misma no les fue entregada con anticipación. Además de lo relativo al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, el escrito fortalece los argumentos del MPF en cuanto al derecho de acceso a la justicia. Ese derecho de las comunidades afectadas por la represa Belo Monte también fue violado. Ello ocurrió con la aplicación de la llamada “Suspensión de Seguridad”, una figura jurídica que permitió que decisiones judiciales contrarias al proyecto y favorables a la población afectada, emitidas por tribunales inferiores, fueran suspendidas bajo argumentos de protección de la seguridad y la economía públicas. “En caso de obtener una decisión favorable del STF, la obligación del Estado brasileño será doble: primero tendrá que suspender la autorización que dio para la construcción de la represa y después deberá reparar los daños que ha y está causando a las comunidades indígenas y demás poblaciones impactadas por Belo Monte”, comentó César Rodríguez Garavito, director internacional de Dejusticia. “Las poblaciones tradicionales afectadas por la represa se encuentran en una situación inaceptable en época de democracia. Existe una decisión judicial que reconoce que el derecho a la consulta previa fue violado, pero al mismo tempo hay otra decisión preliminar y provisional que garantiza que las obras continúen”, señaló Leonardo Amorim, abogado de la organización brasileña Instituto Socioambiental. “En vista de lo anterior, esa población sufre el empeoramiento de su situación de salud y la invasión de sus tierras. Esperamos que el Supremo Tribunal revierta esa situación”. Este martes, el Movimiento Xingú Vivo (MXVPS), con apoyo de diversas organizaciones, presentó un pedido de audiencia (en portugués) a la Presidencia del STF a fin de solicitar que se adopte una decisión inmediata de la presente acción legal así como de las demás acciones que cuestionan otros grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía.
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