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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Barrick Gold y la mina Pascua-Lama: Cuando el daño ambiental llega al límite
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Los glaciares, añaden los indígenas, están cubiertos por un oscuro sedimento que proviene de las toneladas de polvo que las explosiones para descarpar la montaña generan. Esto ocasiona su derretimiento acelerado ya que los rayos solares son absorbidos y no reflejados. Los estallidos producen además calor y vibraciones que contribuyen a la fragmentación de los glaciares. Barrick Gold culpa al cambio climático, pero quienes habitan la zona descartan tal argumento porque ven que los glaciares ubicados a 10 kilómetros de distancia no presentan un estado de desintegración tan avanzado. El 10 de abril, la Corte de Apelaciones de Copiapó, tras acoger la orden de no innovar (resolución por la cual la Corte suspende los efectos de otra resolución, en este caso la RCA otorgada a Barrick) interpuesta en representación de las comunidades,ordenó la paralización temporal de las obras de Pascua-Lama. El debut del órgano regulador Luego de una investigación realizada en mayo, la recién inaugurada Superintendencia de Medio Ambiente de Chile aplicó a Barrick una multa equivalente a más de USD 16 millones por infracciones a su RCA, otorgada en 2006. Dispuso también la paralización de las obras en tanto la empresa no implemente un sistema de manejo de aguas. Es la primera multa que aplica la Superintendencia desde que sus facultades de fiscalización y sanción entraran en vigencia en diciembre de 2012. A pesar de ser la mayor multa impuesta en el país por temas ambientales, sólo equivale al 0,1% del costo total del proyecto minero. La resolución sancionatoria señala que existe “daño ambiental irreparable”. 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Dicho esto, la Superintendencia optó iniciar el procedimiento sancionatorio. Conclusión Si bien ya ha confirmado el daño ambiental irreparable, la Superintendencia aún tiene una carta por jugar en el caso: la ley le faculta a retirar los permisos ambientales consagrados en las Resoluciones de Calificación Ambiental cuando las infracciones a la legislación ambiental sean consideradas “gravísimas”. Las violaciones cometidas por Barrick Gold no ameritan un calificativo menor. La minera incumplió todas sus promesas y lo confesó. Esto denota una falta de cuidado y responsabilidad que no merece un castigo menos severo que el cierre del proyecto. La empresa tuvo la oportunidad de implementar un negocio millonario, incluso arriesgando los glaciares y fuentes de agua que representan la vida misma para quienes viven en las secas tierras del norte de Chile y Argentina. Barrick no cumplió las condiciones impuestas. 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Declaración Colectiva al Gobierno de Colombia en relación con la caída de la Ley 1382 de 2010 que reformó el Código de Minas
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¿Y el presente para cuándo?
Por María José Veramendi Villa, asesora legal de AIDA, @MaJoVeramendi Hoy, mientras leía el diario El Comercio (Perú), me topé con la sección Un día como hoy de... En ella se reproducía una nota titulada “Serias quejas de indígenas”, publicada por ese mismo medio el 20 de mayo de 1913 y que decía lo siguiente: “Ayer estuvieron en nuestras oficinas los campesinos indígenas María de Paz Chunini, Eduardo, Marcos y Lorenzo Tucra, quienes han venido desde Chucuito, Puno, para quejarse de abusos y atropellos. La señora Chunini mostró los documentos que la acreditan como dueña de persas estancias, de las cuales ha sido despojada (…) sin que las autoridades la protejan. (…) Urge una investigación completa y eficaz. Si los hechos relatados son ciertos, la sanción se impone. Hay que libertar a los campesinos indígenas”. Aunque esta nota fue publicada hace 100 años, su actualidad es tal que perfectamente habría podido aparecer hoy en algún periódico. La problemática del despojo de tierras indígenas aún está vigente en Perú y en algunos otros países del continente americano. Lo más grave es que, en muchos casos, es el Estado quien entrega en concesión territorios indígenas para la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y/o exploración y explotación de recursos naturales sin cumplir con su obligación —en virtud del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y los estándares internacionales sobre protección de los derechos de los pueblos indígenas— de consultarlos previamente y obtener su consentimiento, libre e informado cuando se trate de proyectos que puedan afectar su capacidad para usar y gozar efectivamente de sus tierras, territorios y recursos naturales. Y para muestra un botón… Hace aproximadamente dos semanas el Viceministro de Interculturalidad de Perú, a cargo de implementar la consulta previa en el país, renunció debido a, según reportó la prensa local, discrepancias sobre “cuáles son los pueblos indígenas con derecho a ser consultados”. Lamentablemente, para algunos sectores del Gobierno, al parecer hay pueblos indígenas de diferentes categorías y unos tienen más derechos que otros. A propósito de estos temas, el 19 de mayo, en su columuna de opinión del diario El País (España), el actual Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, presentó datos interesantes sobre América Latina: “crecimiento económico acumulado de 80% y disminución de la pobreza de 30 % en los últimos diez años”. García Sayán realizó además un balance importante de los avances en materia de lucha contra la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por regímenes autoritarios o dictatoriales del pasado. Concluyó que “la justicia, la verdad y la reparación, pues, no sólo son compatibles con la estabilidad y el crecimiento económico, sino que son esenciales en la construcción de un tejido social sano y de Estados que asumen seriamente sus obligaciones. Tiempos en los que el mañana suena prometedor pues el pasado no permanecerá oscuro ni en la sombra”. La conclusión a la que llega García Sayán, la nota publicada en 1913 por El Comercio y la problemática de la consulta previa en Perú me llevaron a preguntarme ¿y el presente para cuándo? Varios países del continente presumen su crecimiento económico y se muestran muy dispuestos a combatir las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado a fin de presentarse como países que los promueven y los respetan. Pero ¿qué pasa con las violaciones de derechos humanos que se cometen hoy en día? Algunos de estos países no parecen tan afectados cuando son sometidos al escrutinio internacional por su “pasado oscuro” en materia de derechos humanos, pero sí reclaman y protestan cuando los órganos de protección de derechos humanos examinan su situación actual en ese ámbito y emiten, en algunos casos, medidas de protección a favor de personas y colectividades, por ejemplo pueblos indígenas, ante la amenaza de vulneración de sus derechos. Eso no es todo. El reclamo a los órganos de protección de derechos humanos es aún mayor cuando los países ven afectados sus intereses económicos. Sólo por poner un ejemplo, ¿qué pasa con Brasil? 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Con base en estas breves reflexiones, a la conclusión de García Sayán yo le agregaría que las obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación no sólo aplican para el pasado sino también para el presente y en la medida en que ese presente se siga descuidando, el mañana ya no suena tan prometedor.
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