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Hacia el fin de los subsidios a la sobrepesca

La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.

Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.

Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.

Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros. 

Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.

Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.

Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.

El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.

Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.

Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.

 

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La Organización de Estados Americanos cuestiona el proyecto de la represa Belo Monte

La CIDH, órgano de derechos humanos de la OEA solicita investigaciones oficiales mientras que las comunidades realizan manifestaciones importantes. Altamira, Brazil. La Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó oficialmente al gobierno de Brasil, clarificar la información sobre el proceso de licenciamiento de la represa Belo Monte, que continúa sin haber asegurado una apropiada consulta con los grupos locales indígenas. Esta solicitud se realizó en medio de una intensa controversia local e internacional alrededor de los planes para construir el complejo de la represa en el Río Xingú en la Amazonia brasileña. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, solicitó la investigación en respuesta de una queja presentada por varias organizaciones incluyendo: el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Sociedad de Pará en Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) apoyadas por otras 40 instituciones de defensa de los derechos indígenas y comunidades tradicionales de la cuenca del Río Xingú. La queja demanda que el gobierno brasileño suspenda inmediatamente el proceso de licenciamiento para la represa de Belo Monte, que pare la construcción del proyecto y que garantice los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas. La CIDH dio al gobierno diez días para aclarar las medidas adoptadas que garanticen las consultas previas, libres e informadas con las comunidades locales y la legalidad de la "licencia parcial", entre otros temas. La solicitud es el primer paso de un largo procedimiento en el cual las comunidades locales están alegando violaciones a los derechos humanos derivadas de la represa propuesta. "Cuando el gobierno de Brasil firma un tratado, está obligado a cumplir con sus resoluciones" dijo Roberta Amanajás, abogada de la Sociedad de Pará para la Defensa de Derechos Humanos (SDDH). "Como firmante de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, Brasil debe reconocer su legitimidad para examinar casos como el de Belo Monte". "Con grandes proyectos de desarrollo como el complejo de la represa Belo Monte, todos los gobiernos deben ser responsables de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades locales" dijo Jacob Kopas, abogado de AIDA. "La Comisión Interamericana ha ya reconocido esto en otros casos y ha pedido la suspensión de un proyecto de una gran represa en Panamá y de una gran mina de oro en Guatemala". Mientras tanto, cientos de pescadores realizaron una protesta el viernes en la ciudad de Altamira, para manifestar su oposición a un proyecto que podría destruir sus medios de subsistencia al aniquilar especies de peces migratorias de la región. El evento, bendecido por Dom Erwin Kräutler, obispo de Xingú y oponente histórico a la planta hidroeléctrica, se caracterizó por docenas de barcos de pesca que se establecieron en el río Xingú para simbolizar la importancia de defender el río y la preservación de su modo de vida. "Los pescadores de Xingú están comprometidos con la organización en defensa del río" dijo Kräutler. "Del río es que ellos obtienen el sustento para ellos mismos y sus familias, mientras que su arduo trabajo provee a todas las ciudades a lo largo de Xingú, fue muy reconfortante verlos en grandes números dispuestos a pescar la semana pasada. Su regreso el día de hoy ha mostrado que el río está vivo y que ellos quieren verlo permanecer vivo para siempre". Hoy, docenas de barcos pesqueros alrededor de las comunidades circundantes afectadas por la represa se han unido a los manifestantes en demostración de su solidaridad. Ellos darán lo bienvenida a los pescadores en su regreso y compartirán la pesca con motivo del Día Internacional de la Acción por los Ríos.

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Suspendida audiencia pública del proyecto minero Angostura: AIDA publica su intervención en la que insta al Gobierno colombiano a proteger los páramos

Bogotá, Colombia. La audiencia pública programada para el viernes 4 de marzo en la ciudad de Bucaramanga (Departamento de Santander, Colombia) por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de gran minería de oro a cielo abierto "Angostura" fue suspendida debido a situaciones que impidieron el normal desarrollo de la misma. Por esta razón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA hará llegar al gobierno colombiano su escrito de intervención sobre las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de proteger los páramos, que no pudo presentar en la suspendida audiencia. En los próximos días, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano deberá pronunciarse sobre la cancelación total de la audiencia o sobre la posibilidad de reanudarla. Estaremos atentos a dicha notificación y nos aseguraremos de que los argumentos aportados por AIDA sean conocidos abiertamente y considerados dentro del proceso de solicitud de la Licencia Ambiental al proyecto Angostura.

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El Estado colombiano debe rechazar proyecto de gran minería de oro "Angostura" en zona de páramo

Desconocería obligaciones constitucionales internacionales. Bucaramanga, Colombia. Hoy, La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) instará al gobierno colombiano a detener un proyecto de gran minería de oro y otros metales que sería un precedente perjudicial para los ecosistemas frágiles en América Latina. El proyecto de minería a cielo abierto Angostura, planeado en el páramo de Santurbán, se encuentra en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano. Hoy se celebra una audiencia pública en la que el Ministerio recibirá argumentos de diferentes sectores. AIDA argumentará que las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de proteger el ambiente, especialmente áreas de gran importancia ecológica como los páramos, impiden la autorización. "Los páramos son ecosistemas altamente frágiles y la minería a cielo abierto causaría daños graves e irreversibles," dijo Natalia Jiménez, abogada de AIDA. "De acuerdo con la Constitución Política y los Principios de Río, la Convención de Biodiversidad y la de Cambio Climático, todos ratificados por Colombia, el Estado está obligado a conservar los páramos y procurar su intangibilidad." De ser aprobado el proyecto Angostura afectaría de forma definitiva por lo menos 575 ha del páramo de Santurbán (más del 50%), pudiendo afectar un área mayor. En Colombia, como en el resto de la región Andina en los páramos se origina la mayor parte del agua dulce que consumen los habitantes. Tienen una alta capacidad de purificar el ambiente, de estabilizar los suelos y el clima, de prevenir los deslaves y los derrumbes y de contener un alto nivel de animales y plantas. En efecto, son el hábitat de especies únicas en el mundo como el oso de anteojos y el cóndor de los Andes. La Procuraduría General de Colombia, miembros del Parlamento Andino y ex ministros de ambiente, así como organizaciones y expertos ambientales se oponen a la licencia. El proyecto carece de un adecuado Estudio de Impacto Ambiental integral, pues los impactos de la mina y los de la infraestructura complementaria, se analizan en dos procesos de forma fragmentada. Por ello, AIDA también solicita que el Ministerio los unifique y analice el impacto global del proyecto. Así lo ordenan los estándares internacionales y la Corte Suprema de Canadá, país de origen de la empresa Greystar Resources Ltds. que promueve el proyecto.

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