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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Medio ambiente y redes sociales
Por Alejandro Cárdenas López, asesor en comunicaciones de AIDA, @cardenaslopeza En abril del 2011, los ‘community managers’ de Greenpeace España, Nadia González (@nadianit), Alejandro Fernández (@alexqk) y Mariu Redondo (@janisisalive), enviaron un mensaje en su blog donde presumían 100 mil seguidores en Twitter. “Las redes sociales nos están demostrando la importancia que tiene un clic para conseguir que las cosas cambien (...) están siendo una fuente inagotable de recursos para defender nuestro planeta”, publicaron en el canal de esa organización. Hoy un año y medio después han triplicado ese logro y la cuenta @greenpeace_esp cuenta con más de 364 mil seguidores, y creciendo. Así como ellos, las organizaciones civiles y grupos que no consiguen acceso constante a los medios masivos han logrado potencializar su trabajo en estos canales de comunicación digital. Incluso en España, en el Instituto Superior de Medio Ambiente se imparte un curso llamado Medio Ambiente y Redes Sociales aplicación de la Web 2.0 al sector. En ese curso se difunde la sensibilización y pulgación ambiental en internet y se define el concepto de “green social media”. También la Fundación Conama de España publicó hace unos años un manual especial para quienes llevan las redes sociales en organizaciones ambientales llamado ¿Cómo usar las redes sociales para actuar en medio ambiente? En el documento explica cómo se están realizando diferentes actividades en estas plataformas, principalmente de tres tipos: para informar, para actuar-movilizar-protestar y para enseñar-concientizar. Prueba de ello es el enorme poder para amplificar denuncias ambientales: La queja de un único usuario en un breve mensaje puede convertirse en una campaña masiva que obligue a dar explicaciones a una compañía o a una administración, publican. El caso de Belo Monte es un ejemplo dado que persas organizaciones civiles de América Latina y de Brasil han logrado desde Twitter, Facebook y blogs generar no sólo educación y conciencia sino movilización. Es muy valioso lo que han hecho en sus portales Amazon Watch, International Rivers y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), entre otras. Poder y difusión en medios Pero en el documento de Conama dicen algo lamentable: La información ambiental no es muy valorada en lo que entendemos como medios de masas, por eso encuentra un espacio más amplio en la red para su difusión y su valoración. Estas nuevas comunidades en línea confirman lo que dice el sociólogo español Manuel Castells: La comunicación y la información han sido a lo largo de la historia fuentes fundamentales de poder y contra poder, de la dominación y del campo social. En un texto publicado en la revista Nexos de México este mes, llamado “El poder en la era de las redes sociales”, el autor de “La era de la información” menciona que en julio del 2009 por primera vez en el mundo el número de usuarios de las redes sociales como Facebook, Twitter y MySpace, superó al de los propietarios de correo electrónico. El académico explica que a las empresas de redes sociales no les interesa el control del contenido porque ellos lo que venden es tráfico y si crean condiciones de censura, éste disminuye. En segundo lugar porque las barreras de entrada al internet son muy bajas, dado que hay millones de jóvenes que con un poco de capital y conocimiento tecnológico pueden crear otras redes. Algunas de las redes verdes recomendadas por Conama son: Socialyell: Denuncia de empresas en Estados Unidos: http://socialyell.com/ Compartir: coche en España: http://www.compartir.org y http://soypuntorojo.com/ Basurama: Reutilizar objetos que van a la basura: http://www.basurama.org/ Jumo: Uno de los fundadores de Facebook va a poner en marcha Jumo, una red social para “gente que quiere cambiar el mundo”: http://www.jumo.com/ Algunas cuentas de Twitter de organizaciones civiles internacionales y locales: Greenpeace México: @greenpeacemx 64,154 seguidores Amnistía Internacional México: @AIMexico 15,951 WWF México: @wwf_Mexico 16,261 seguidores. Centro Mexicano de Derecho Ambiental: @cemda 1,256 seguidores. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): @Aidaespanol 1,269 seguidores.
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